Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español, ha presidido este martes el primer Consejo de Ministros y Ministras de la legislatura, el segundo más numeroso desde la muerte del dictador, con 22 titulares de distintas carteras en la mesa, entre ellos las que ostentan las cuatro vicepresidencias. En total, 18 del PSOE y cinco de Unidas Podemos, de las cuales 11 son mujeres y 12 hombres. Todos los ministros y ministras prometieron este lunes sus cargos y anunciaron las prioridades de su mandato. En el nuevo Consejo no hay nadie procedente de Aragón.
Las reuniones ordinarias del Consejo de Ministros y Ministras pasarán a celebrarse los martes en lugar de los viernes para "marcar agenda". Esta ha sido una de las primeras medidas anunciadas por Sánchez, en una comparecencia ante los medios tras finalizar el Consejo, en la que ha indicado que la intención es "incorporar métodos de funcionamiento más dinámicos y que nos permitan anticiparnos y programar". "Ir por delante de los problemas", será uno de los objetivos del nuevo Gobierno que no tendrá "ni un minuto de descanso", ha asegurado el presidente.
"No tengo ninguna reserva del acuerdo alcanzado con Unidas Podemos. Es más, me siento orgulloso de esta experiencia inédita", ha subrayado Sánchez para apuntar que "todos los ministros lo son ya del Gobierno de España y no de un partido u otro. Tendrán todo nuestro respaldo". Asimismo, ha insistido en que esta legislatura estará marcada por el "diálogo social y territorial".
Las pensiones suben un 0,9%, la estimación media del IPC
A continuación, Sánchez ha anunciado la subida para este año de las pensiones en un 0,9%, la estimación media del IPC, un asunto que se quedó en el aire en el último Consejo de 2019 a la espera de que se formase Gobierno. Esta subida afectará tanto a las pensiones contributivas como no contributivas y de clases pasivas, se se aplicará en la nómina de febrero y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero.
Según Sánchez, con esta medida, avanzada antes de las elecciones del 10 de noviembre, "se cumple el compromiso con los casi 10 millones de pensionistas para que no pierdan poder adquisitivo", ya que percibirán una paga compensatoria "antes de abril de 2021" si la inflación del año supera dicho incremento. Además, corrige "el techo del 0,25 %" que les supuso la perdida de poder adquisitivo.
Sánchez se ha referido así al índice de revalorización (IRP) que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy en 2013 y que introdujo una fórmula para calcular la subida anual de las pensiones que estaba marcada por la situación financiera del sistema, de forma que si la Seguridad Social estaba en déficit solo se garantizaba una subida mínima anual del 0,25%. El presidente ha explicado que este "mecanismo se puso sin consenso, dialogo y al margen del Pacto de Toledo".
Con la subida del 0,9%, el importe de la pensión mínima para las personas jubiladas de 65 años con cónyuge a cargo quedará en 843,3 euros al mes (frente a los 835,6 euros actuales), la de sin cónyuge en 683,49 euros (677,4 euros actualmente) y la de con cónyuge no a cargo en 648,68 euros mensuales (frente a los 642,9 euros actuales). La pensión máxima de jubilación se situará en 2.683,34 euros mensuales. Por su parte, la pensión mínima de viudedad para las y los titulares con cargas familiares se situará en 790,6 euros mensuales, frente a los actuales 783,6 euros al mes.
En el caso de las personas mayores de 65 años o de tener una discapacidad mayor o igual al 65%, la pensión mínima de viudedad será de 683,49 euros. Si la persona titular de la pensión tiene entre 60 y 64 años, la cuantía será de 639,4 euros, mientras que en el caso de las beneficiarias menores de 60 años la prestación será de 517,7 euros mensuales. Para las pensiones de orfandad, el importe mínimo ascenderá a 208,8 euros mensuales por beneficiario (antes 207 euros), mientras que si el beneficiario tiene menos de 18 años y cuenta con una discapacidad superior o igual al 65% la cuantía será de 410,96 euros mensuales.
La subida de las pensiones según el IPC es una de las demandas importantes del colectivo de pensionistas de Aragón, al que pertenecen más de 279.000 personas, pero no la única. Piden que esta subida sea estable y que esté blindada, además exigen la derogación de la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) o abordar la discriminación que sufre la mujer en el ámbito laboral. Por eso, continuarán movilizándose como vienen haciendo habitualmente los lunes desde enero de 2018 y advierten que en el acuerdo para la formación del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos se recogen promesas en torno a las pensiones, el SMI y la derogación de la reforma laboral, pero "otros aspectos se mantienen tal cual o son ambiguos y les falta concreción".
Sánchez sobre Catalunya: "Mi determinación es absoluta para dejar atrás la vía judicial y poner en marcha el diálogo"
Preguntado por la reunión pendiente con el president Quim Torra, Sánchez ha subrayado que su intención es "abrir el proceso de diálogo" lo antes posible para "situar la crisis catalana de donde nunca debió salir, de la política". En este sentido, ha destacado que no tiene "ningún problema con reunirme con Torra, porque sigue siendo el president de Catalunya". Así, ha precisado que su "determinación es absoluta" para "dejar atrás la vía judicial" y "poner en marcha cuanto antes el diálogo".
Precisamente este martes, la Mesa del Parlament ha ratificado a Torra, como diputado, por lo que rechaza retirarle el escaño como ha pedido Cs, después de que la Junta Electoral de Barcelona declarara vacante su puesto en la Cámara catalana para cumplir la inhabilitación impuesta por parte de la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo. El órgano director de la Cámara ha tomado esta decisión con los votos en contra de retirarle el escaño de JxCat y ERC, que tienen mayoría absoluta en la Mesa, junto al PSC, mientras que Cs ha sido el único que ha votado a favor -el resto de grupos participan en las reuniones, pero no tienen derecho a voto-.
También este martes, el expresident de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el president de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, condenados por el Tribunal Supremo, han pedido su primer permiso penitenciario. Tras hacerlo, la cárcel de Lledoners, donde cumplen condena, les ha concedido sendos permisos de 48 horas, para salir de prisión; no obstante, eso deberá ahora ser ratificado por el Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales de la Generalitat.
Sánchez ve "impecable" el currículum de Delgado
Durante la ronda de preguntas en su comparecencia, Sánchez también ha tenido que hablar del tema polémico de la semana, el nombramiento de la extitular del Ministerio de Justicia como nueva Fiscal General del Estado. En este sentido, Sánchez ha defendido su decisión afirmando que el currículum de Delgado es "impecable" y ha acusado al PP, que va a recurrir este nombramiento, de buscar "el bloqueo de la Justicia".
"Está absolutamente acreditada", ha incidido el presidente para devolver la pelota a la oposición: "Me gustaría que la oposición criticara esta propuesta por los hechos no por los supuestos. La oposición está en contra de todos y cada uno de los nombramientos que haga el Gobierno, está en bloquear. Me gustaría que reconocieran el resultado electoral e hicieran una oposición con responsabilidad de Estado". Así, ha dicho que el objetivo del Gobierno es renovar el Consejo General del Poder Judicia, y en esto "voy a tender la mano al PP para tener la mayoría parlamentaria que necesitamos", ha zanjado.
Un Gobierno con 22 ministerios y 28 secretarías de Estado

El nuevo Gobierno español contará con 22 ministerios, cinco más que el anterior, y 28 secretarías de Estado, tres más, según publicaba este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), que da cuenta de la reestructuración de los departamentos ministeriales. Todos los ministerios dispondrán de secretarías de Estado, excepto cinco: Agricultura, Pesca y Alimentación, Sanidad, Ciencia e Innovación, Consumo y Universidades.
Según establece, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que llevará Carmen Calvo, se encargará de "la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en los asuntos de relevancia constitucional, la preparación, desarrollo y seguimiento del programa legislativo y la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de memoria histórica y democrática, así como del ejercicio del derecho a la libertad religiosa".
En cuanto al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirigirá Pablo Iglesias, sus funciones serán "la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de bienestar social, de familia, de protección del menor, de cohesión y de atención a las personas dependientes o con discapacidad, de juventud, así como de protección de los animales". Además, a Iglesias le corresponde "la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de impulso para la implementación de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas".
En el mismo, se establecen las funciones de otra de las vicepresidentas, Nadia Calviño, a quien corresponde "la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia económica y de reformas para la mejora de la competitividad, las telecomunicaciones y la sociedad de la información". Asimismo, la titular de Asuntos Económicos y Transformación Digital deberá afrontar la transformación digital y el desarrollo y fomento de la inteligencia artificial.
La cuarta vicepresidenta, Teresa Ribera, se hará cargo de "la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia climática, de energía y medio ambiente para la transición a un modelo productivo y social más ecológico, así como la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno frente al reto demográfico y el despoblamiento territorial". Además, Ribera afrontará "la lucha contra la despoblación, así como la elaboración y el desarrollo de la estrategia nacional frente al reto demográfico".
Por su parte, la ministra de Hacienda y nueva portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que presentará el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) "a la mayor brevedad" posible e impulsará una reforma del modelo de financiación autonómica para "cerrar las brechas territoriales".