Este miércoles se ha dado a conocer que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado que el Estado español “violó los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y el Parlamento de Catalunya".
La denuncia arrancó en 2018 cuando el Gobierno español decidió suspender de sus funciones públicas a los encausados en el "procés" antes de que fueran condenados en 2019, tras el referéndum independentista de 2017.
Así, el fallo del comité de la ONU otorga la razón al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull. En su escrito alegaban que la suspensión de sus funciones previa a la existencia de una condena violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Y así lo ha considerado este órgano internacional que reitera que los denunciantes fueron suspendidos tras ser acusados del delito de rebelión (que exige un alzamiento violento). Los partidos políticos y las organizaciones impulsoras del referéndum siempre instaron a la ciudadanía a acudir a las urnas de manera estrictamente pacífica.
Según aclara el comité "la decisión de suspender a oficiales electos debe basarse en leyes claras y previsibles que establezcan motivos razonables y objetivos para la restricción de los derechos políticos, y debe aplicarse sobre la base de un análisis individualizado".
Los dictámenes de este comité, un mecanismo que se define como "cuasi-judicial", deben ser tenidos en cuenta por los firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (entre ellos el Estado español), a cuyo artículo 25 se han acogido los denunciantes.
"El comité no es un tribunal pero lleva a cabo funciones jurídicas, emitiendo decisiones y recomendaciones a los Estados parte que se espera sean puestas en práctica", aclara este órgano.
En 2019, el Tribunal Supremo condenó a 13 años de cárcel a Oriol Junqueras y a penas de entre 9 y 12 años a Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y a cinco exconsellers -Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Joaquim Forn y Josep Rull- por sedición en el juicio contra el procés. Un delito que no implica el uso de violencia.
En 2020 el Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos presentados por nueve de los doce presos y presas políticas para revisar la sentencia del procés catalán. En marzo de este año el TC avaló en diez sentencias las condenas del Supremo sobre el ‘procés’. Aunque tres magistrados emitieron votos particulares por considerar excesivas las penas.
Las y los presos independentistas catalanes salieron de prisión con el tercer grado en enero de 2021, reclamando "amnistía".
ERC y Junts
Mientras, ERC y JXCat han lanzado un comunicado conjunto tras el dictamen en el que aseguran que “el Estado español está obligado a cesar sus políticas represivas y que no puede continuar utilizando el derecho y los procedimientos penales para hacer frente a la reivindicación pacífica del derecho a la autodeterminación y el derecho a la representación parlamentaria”.
Los dos socios de coalición en la Generalitat de Catalunya han añadido que el sistema judicial español continúa fuertemente politizado a pesar de muchos llamamientos internacionales de reforma, y señalan que “el mal uso del Estado de derecho vulnera derechos humanos fundamentales, individuales y colectivos, y subvierte las bases de la democracia”.
Así, varias políticas y políticos catalanes han reclamado la amnistía.
🎥[VÍDEO] Oriol @junqueras sobre la resolució del Comitè de Drets Humans de l'ONU: "Com més sigui la pressió dins de casa nostra i arreu del món🌍 en contra de la repressió que l'estat espanyol exerceix, més fort✊ serà el moviment independentista" pic.twitter.com/UebSMECn5T
— Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) August 31, 2022
La CUP reclama una condena al Estado español
La CUP también se ha pronunciado al respecto reclamando que el Estado español sea condenado: “De nuevo, la ONU pone en evidencia que el Estado español es antidemocrático”.
Por último, asegura en un tweet que “la vulneración de derechos humanos no quede impune, que el Estado sea condenado y sus responsables asuman responsabilidades”.
De nou, l'ONU posa en evidència que l'Estat espanyol és antidemocràtic donant la raó a @junqueras, @joseprull i @jorditurull
Que la vulneració de drets humans no quedi impune, que l'Estat sigui condemnat i els seus responsables assumeixin responsabilitats. https://t.co/d9IYhsskjm
— CUP Països Catalans (@cupnacional) August 31, 2022
Puigdemont: "Otro bofetón al Estado español"
Carles Puigdemont ha celebrado el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU que lo considera “otra bofetada” al Estado español por “la violación de derechos políticos de nuestros representantes. Los responsables de esa violación no pueden dar lecciones de democracia y deberían asumir responsabilidades. Dieron un golpe a la democracia”.
Una altra bufetada des de Nacions Unides a la cara de l'Estat espanyol per la violació de drets polítics dels nostres representants. Els responsables d'aquella violació no poden donar lliçons de democràcia i haurien d'assumir responsabilitats. Van fer un cop a la democràcia. https://t.co/d3fFtvYpvP
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 31, 2022
