La cooperativa del bus de Zaragoza o SCUT ha anunciado este miércoles que abandona la vía jurídica para reclamar una nueva contrata justa para este servicio esencial de la ciudad. Así lo han decidido en su asamblea anual tras casi ocho años ganando sentencias y con un coste cercano a los 50.000 euros.
“Hemos llegado al convencimiento de que la justicia está hecha para los poderosos, para aquellos que tienen dinero y se pueden permitir alargar los procesos y llevarlos a ninguna parte”, explican. AraInfo se ha puesto en contacto con Julio Murillo, presidente de la cooperativa, quien ha confirmado que la última piedra en el camino ha sido la desestimación del TSJA del recurso de este pasado marzo.
Este conflicto jurídico comenzó en 2013 cuando la Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores (SCUT) recurrió la decisión del Acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de concederle a la empresa TUZSA el servicio del autobús urbano de Zaragoza. Desde entonces pasarían tres años y en 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Aragón concedió la razón a la cooperativa que declaraba la concesión no conforme a derecho y anulaba tres de las clausulas del contrato.
La segunda victoria jurídica llegó cuatro años más tarde y en junio del pasado 2020, el Tribunal Supremo volvía a dar la razón “en parte” a la cooperativa y anulaba dos de las tres cláusulas demandadas.
Sin embargo, como explica esta misma cooperativa, “para ser justa, la justicia ha de ser rápida, gratuita y coherente. Este no ha sido nuestro caso”. En efecto, tras ganar estas dos sentencias, la maquinaria jurídica de la empresa, de la mano del Gobierno de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza urdían un plan de desgaste contra la SCUT.
“Finalmente ha sido la propia justicia la que ha premiado a la empresa que se benefició de unos pliegos tramposos, permitiéndole terminar el contrato, y ni siquiera ha tirado de las orejas a los políticos y juristas que le elaboraron semejante tropelía: un concurso para la gestión del bus, hecho a medida e impidiendo la libre competencia”, explican desde la cooperativa.
El desgaste jurídico de PP, Ciudadanos y Avanza
Tras estas dos decisiones, en septiembre la SCUT solicita la ejecución forzosa tras varios meses en el que el Ayuntamiento de Zaragoza no cumplió con la sentencia. Seis días después, el Gobierno del PP y Ciudadanos presentaba un acuerdo en el que aseguraba que continuaría con la concesión del servicio con la empresa, pese a que consiguió el servicio con un contrato tramposo, hasta 2023.
El salto temporal llega hasta enero de 2021 cuando el mismo tribunal que anuló el contrato en 2016, aseguraba que el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Zaragoza era “conforme a la ejecución de la sentencia”. Una decisión que sería, finalmente, el último recurso que interpondrá la cooperativa para hacer justicia con el contrato que le impidió presentarse al concurso del autobús.
En marzo de este 2021, el TSJA desestima de nuevo el recurso de la SCUT porque a pesar de que el contrato estaba amañanado, la cooperativa no pudo presentar en ese momento su solvencia técnica. Un laberinto jurídico que ha acabado con las esperanzas de la plantilla y con una moraleja: “Si algo queremos los trabajadores, ha de ser a través de la calle y la lucha permanente, no hay otro camino y ésta ha sido la enseñanza que podemos ofrecer cómo trabajadores”.
La SCUT volverá en 2023
No obstante, la cooperativa avisa: “No vamos a consentir que Avanza continúe un minuto más allá de la finalización del contrato en 2023”.
Entonces, el Ayuntamiento volverá a tener una nueva oportunidad para asumir un servicio público esencial que, gestionado por una empresa privada, “es una ruina para sus trabajadores y los ciudadanos a los que dice servir”.
Ahora quedan dos años en los que desde SCUT esperan que se redacten unos pliegos legales que garanticen la libre competencia porque como advierten: “En el próximo contrato volveremos a concurrir”.
