Desde la SCUT anuncian que “nos atenemos a lo que nuestro equipo jurídico determine teniendo en cuenta las sentencias del TSJA y del TS”, pero asimismo señalan que “a primera vista y desde una óptica no letrada, nos choca lo que parece una enmienda a las sentencias citadas por un equipo jurídico, el municipal, que dio el visto bueno a unos pliegos manifiestamente impugnables, como ya ha quedado probado”.
La coalición de gobierno PP-Cs y Vox liderada por Jorge Azcón “insiste en alegar contra algo ya juzgado y sentenciado. No concibe que nuestra opción nació muerta, no por no cumplir los requisitos, sino por unos pliegos ilegales que impedían nuestra opción, y la de otros. Hubiese dado igual cualquier ‘oferta’ o requisitos porque el principal nos lo impedía: éramos una cooperativa y solo renunciando a ella y convirtiéndonos en una sociedad anónima podíamos seguir”, explica la SCUT.
“Parece un despropósito seguir insistiendo contra la cooperativa y despreciar el activo municipal en la contrata: salvo las naturales obligaciones económicas, el resto, incluido el botijo, es de los zaragozanos y zaragozanas. Siendo así, parece descabellado afirmar que se puede causar un ‘grave trastorno al servicio público’ cuando plantilla, flota e instalaciones pueden continuar como si tal cosa”, aseguran.
En esta línea la SCUT indica que “no podemos dejar de comentar lo que para nosotros es un disparate, tal vez motivado por la inexperiencia, que no por la por ignorancia, sería más grave, al insistir una y otra vez la concejala del PP, portavoz del gobierno municipal, en que todo este lio proviene de un partido político anterior, que no del suyo, como si los Ayuntamientos fueran de los partidos políticos y no de las zaragozanas y zaragozanos. Señora concejala, los pliegos en cuestión se aprobaron con sus votos en pleno municipal y con el visto bueno de estos mismos letrados municipales. A ver si somos serios”, recalcan.
Por último, la SCUT insiste “una vez más en que la propuesta de los trabajadores que formamos parte de la Cooperativa fue siempre la de que este servicio esencial fuese gestionado desde lo público, y como esto no se asumió por los políticos de entonces que pudieron hacerlo, se creó la Cooperativa, como mal menor para los trabajadores, cómo así se demostró al día siguiente de adjudicarse la concesión, al venderse a la multinacional ADO, empresa que no cumplía tampoco los requisitos y de la que no dice nada el letrado municipal, y poco después despedir a 153 trabajadores e inaplicar el convenio, con las ya conocidas repercusiones que eso tuvo para la ciudad”.
