El ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado este viernes que “no recurrirá la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, relativa al pliego de condiciones administrativas particulares aprobado para la contratación mediante sistema de gestión del servicio público de transporte urbano de viajeros en autobús para la ciudad, que anulaba tres cláusulas”. Desde el Consistorio respetan “la decisión del tribunal y los criterios jurídicos que la sustentan”.
El consejero de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha explicado que según dicta un informe de la Intervención del ayuntamiento, existen escasísimas posibilidades de que prospere“ dicho recurso. “En estos casos, el 97 por ciento de las causas no pasan y solo un tres por ciento se aceptan” por el Tribunal Supremo, ha afirmado Rivarés. También ha añadido que “lo más probable es que la sentencia del TSJA, cuando sea firme, no suponga una anulación del concurso”, y a continuación ha precisado, “eso ya dijo el juez que lo comunicaría a futuro”.
Los partidos de la oposición no han tardado en reaccionar a la decisión tomada por el ayuntamiento de Zaragoza. Desde CHA su portavoz, Carmelo Asensio, ha solicitado conocer si la decisión del equipo de gobierno tiene algún respaldo jurídico. Asensio ha señalado que una decisión política “de semejante envergadura con las posibles consecuencias que pueda tener”, tiene que contar con “un respaldo jurídico”. El portavoz de CHA, también ha solicitado la comparecencia del alcalde, Pedro Santisteve, en el próximo Pleno Ordinario de este mes de septiembre, en caso de que los consejeros de Servicios Públicos y Urbanismo, “no aporten claridad” en sus respectivas comisiones plenarias.
Jorge Azcón, portavoz del grupo municipal del PP en el ayuntamiento, ha ido más lejos a la hora de pedir explicaciones que el portavoz de CHA. Azcón, ha advertido que buscará el consenso de las demás fuerzas políticas para pedir responsabilidades. “Nos reservamos la iniciativa política porque hemos llamado a los otros grupos de la oposición para discutir la acción política para exigir responsabilidades”, ha subrayado. En el mismo sentido han ido dirigidas las declaraciones realizadas por la portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, quien ha indicado que en el caso de que la decisión tomada por el ayuntamiento de Zaragoza tenga consecuencias económicas, pedirán responsabilidades a Zaragoza en Común.
Por su parte, quien sí recurrirá dicha sentencia será AUZSA. De este modo, la empresa ha decidido interponer un recurso de casación contra la decisión tomada por el TSJA. Juan Abel Arias, director de la actual concesionaria, ha asegurado que el objetivo de la compañía “no es obtener una indemnización millonaria, sino seguir prestando el mejor servicio a todos los ciudadanos de Zaragoza, por lo que en un ejercicio de responsabilidad hemos decidico recurrir la sentencia del TSJA”.
La decisión de AUZSA de recurrir al Tribunal Supremo implica que la sentencia del TSJA no sea firme, lo que significa que el tiempo de espera para que se dicte una resolución será dentro de entre uno y dos años.
