Este jueves, 9 de diciembre, las Cortes de Aragón han aprobado la ley de regulación del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), impuesto que sustituye al de la Contaminación Ambiental (ICA). Tanto uno como otro han estado envueltos en polémicas y son muy criticados por colectivos ciudadanos.
La ponencia del diputado socialista Óscar Galeano ha dado el visto bueno a 28 de las 106 enmiendas parciales presentadas por los grupos. Galeano ha señalado que el cuatripartito “ha recogido el guante de la reforma del ICA”. En esta iniciativa legislativa se han trasladado, ha afirmado el diputado, los principios que se acordaron por la Comisión parlamentaria especial de estudio del ICA “en aras del consenso”.
Según el Gobierno aragonés, esta reforma vela por la utilización racional de todos los recursos naturales, estableciendo así un régimen especial para riegos, con dos cuotas (fija o variable) y anula el régimen específico de Zaragoza ciudad.
Tarifazo millonario en el recibo del agua.
Este nuevo IMAR plantea de salida un nuevo sistema de cálculo que subirá de un 13% a un 20% el recibo, todo tras haber extraído a familias y empresas más de 250 millones de euros en seis años que han resultado insuficientes para tapar el boquete financiero.
La nueva ley, que define los consumos domésticos como los “realizados en viviendas que den lugar a aguas residuales generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas, así como cualquier otro uso de agua propio de la actividad humana que no se produzca en el desarrollo de actividades económica”, contempla de salida que cuando el domicilio carezca de contador se le aplicará un gasto teórico de “315 litros por abonado y día”, sin ninguna referencia al número de personas usuarias de esa vivienda.
Eso ya supone un encarecimiento del recibo para los hogares que carecen de contador, aunque el meollo de la subida no está ahí sino en la nueva regulación de la cuota doméstica, que aunque rebaja a 4,6266 euros mensuales el componente fijo (55,52 anuales, un 9,2% menos) no incluye referencias al número de usuarios y usuarias al establecer los tres tramos de hasta seis metros cúbicos mensuales de consumo, de entre ese volumen y veinte y por encima de ese nivel.
Y eso, sobre un consumo medio de cien litros diarios por cabeza, significa que solo accederían al primero los hogares de dos integrantes que no rebasen ese promedio, que la familia media aragonesa (de más de dos integrantes) debería reducir el suyo por debajo de los 66 para mantenerse en ella y que, al mismo tiempo, los 148.000 hogares unipersonales del país (más de la cuarta parte) dispondrían de un holgado margen de hasta casi 200 por jornada.
Un mero “cambio de nombre”
La Red de Agua Pública (RAPA) manifestaron su “malestar por la absoluta falta de trasparencia del ejecutivo autónomo respecto al nuevo impuesto”. Además, constatan que, de ser cierta la información vertida por el ejecutivo a los medios, el nuevo impuesto IMAR “no supondría más que el cambio de nombre del ICA y el mantenimiento casi intacto de su contenido”.
Según la información del colectivo, la rebaja global del 23% que plantea el Gobierno de Aragón con el IMAR para consumos reducidos se cumple para hogares unipersonales que representan solo el 27% del total de hogares. Para hogares a partir de cuatro personas, la disminución con el nuevo impuesto es irrelevante, o incluso aumenta la presión fiscal respecto al ICA.
