El cuatripartito de Lambán lanza otro tarifazo millonario en el recibo del agua

La reforma del polémico y contestado ICA para pagar las depuradoras plantea de salida un nuevo sistema de cálculo que subirá de un 13% a un 20% el recibo, todo tras haber extraído a familias y empresas más de 250 millones de euros en seis años que han resultado insuficientes para tapar el boquete financiero

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El Impuesto de Contaminación de las Aguas ha generado un rechazo de intensidad desconocida hasta ahora en Aragón. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

El ICA, el polémico y contestado Impuesto de Contaminación de las Aguas, ha comenzado un nuevo proceso de mutación en las Cortes de Aragón, cuyos grupos parlamentarios tienen sobre la mesa desde hace unas semanas el proyecto de ley con el que el Gobierno territorial quiere reformarlo después de que el actual formato haya marcado tres hitos: una intensa extracción de rentas a las familias y las empresas aragonesas que supera los 257 millones de euros, una prodigiosa ola de insumisión que ha hecho que tras los cinco primeros años de aplicación siguiera pendiente de cobro más de la cuarta parte de lo previsto (88,4 millones de euros) y, también, la constatación de la insuficiencia del tributo para paliar el boquete económico y financiero que el Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales provocó en las arcas territoriales.

Quizá sea este último factor el que se encuentra en la base del nuevo sistema de cálculo remitido a las Cortes de Aragón, el cual, de salir adelante en sus términos iniciales, encarecerá el recibo entre un 13% y un 20% para el grueso de los hogares.

Hasta ahora, y cuando menos y salvo sorpresa a lo largo de todo este año, el recibo doméstico del ICA seguirá compuesto por una parte fija de 5,095 euros mensuales (61,14 al año) por contador y otra variable de 61,4 céntimos por cada metro cúbico consumido, lo que equivaldría a algo menos de 22,5 euros por cada integrante del hogar con un gasto medio de cien litros diarios, el que se marcan como objetivo ciudades como Zaragoza y el que la ONU semana como suministro mínimo vital.

La nueva ley, que define los consumos domésticos como los “realizados en viviendas que den lugar a aguas residuales generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas, así como cualquier otro uso de agua propio de la actividad humana que no se produzca en el desarrollo de actividades económica”, contempla de salida que cuando el domicilio carezca de contador se le aplicará un gasto teórico de “315 litros por abonado y día”, sin ninguna referencia al número de personas usuarias de esa vivienda.

Eso ya supone un encarecimiento del recibo para los hogares que carecen de contador, aunque el meollo de la subida no está ahí sino en la nueva regulación de la cuota doméstica, que aunque rebaja a 4,6266 euros mensuales el componente fijo (55,52 anuales, un 9,2% menos) no incluye referencias al número de usuarios y usuarias al establecer los tres tramos de hasta seis metros cúbicos mensuales de consumo, de entre ese volumen y veinte y por encima de ese nivel.

Y eso, sobre un consumo medio de cien litros diarios por cabeza, significa que solo accederían al primero los hogares de dos integrantes que no rebasen ese promedio, que la familia media aragonesa (de más de dos integrantes) debería reducir el suyo por debajo de los 66 para mantenerse en ella y que, al mismo tiempo, los 148.000 hogares unipersonales del país (más de la cuarta parte) dispondrían de un holgado margen de hasta casi 200 por jornada.

El recibo subirá para el grueso de los hogares

El matiz resulta fundamental a la hora de calcular el nuevo precio del agua, ya que el metro cúbico sale por 35,74 céntimos en el tramo uno, por 82,35 (más del doble) en el segundo y por 1,3227 (más cerca del cuádruple que del triple) en el tercero.

Eso, si bien multiplica exponencialmente el recibo para los consumos elevados y puede generar un positivo efecto desincentivador frente al derroche de agua, tiene el perverso efecto de subir el término variable del recibo más de un 34% para el grueso de los hogares, que pasarían a pagar el metro cúbico 21,2 céntimos más caro que ahora en una subida que engulliría con creces cualquier eventual beneficio económico derivado de la rebaja del término fijo.

Estimación del recibo mensual para hogares de diferente número de miembros sobre un consumo teórico de cien litros diarios por cabeza. Fuente: Elaboración propia sobre el proyecto de ley

En términos prácticos, una familia de tres integrantes con un gasto medio de cien litros diarios pasaría de pagar 10,62 euros mensuales de ICA a 12,03 y una de cuatro con ese mismo nivel de consumo per cápita, de 12,46 a 14,50, con sendos encarecimientos del 13,27% y el 16,3%. La subida superaría el 20% (de 16,14 a 19,44) para los de seis.

Las perspectivas de mejorar los ingresos con ese planteamiento resultan elevadas cuando dos tercios de los hogares aragoneses (366.000) tienen entre dos y cinco integrantes, y afrontarían subidas medias de 1,39 a ,2,67 euros mensuales, y cuando una parte amplia del resto, especialmente entre los 169.000 de dos si no moderan su gasto o se les aplica la ‘tarifa plana’ de 315 litros diarios que les impediría beneficiarse de las rebajas al tramo bajo de consumo, los acompañaría también en ese grupo que sufrirá la subida.

Una rebaja con complicaciones burocráticas

El artículo 32 incluye unos coeficientes que pueden traducirse en importantes rebajas que, aunque descartadas para las personas usuarias cuyas aguas residuales sean tratadas en depuradoras de la DGA, pueden llegar al 60% en municipios como Zaragoza, uno de los que utilizan “redes de saneamiento de titularidad pública” con “instalaciones de tratamiento en funcionamiento cuya gestión no haya sido asumida por la comunidad autónoma de Aragón, cuando las obras de construcción de la depuradora, excluida la aportación de terrenos, hayan sido financiadas, total o parcialmente, por el municipio correspondiente”.

Sin embargo, la rebaja tiene truco, ya que “la aplicación de los coeficientes (…) se acordará por el órgano gestor del impuesto, a solicitud del obligado tributario”, que no es el ayuntamiento sino cada abonado o abonada, el cual deberá acreditar “las circunstancias que den derecho a la misma”. La solicitud, que “se entenderá desestimada si se produce el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa”, tendrá al mismo tiempo “efectos desde su presentación” y “podrá ser revisada por el órgano gestor del impuesto de oficio o a instancia de las personas interesadas”.

Esa nueva tabla de precios incluye la exención del tramo del recibo vinculado al consumo para las familias que encajen en la definición de vulnerable de la Ley de Pobreza Energética y cuyo gasto se quede en el primer bloque y, también, su reducción a la mitad para los del segundo mientras aplica un llamativo coeficiente del 1 que ni sube ni baja la factura para las que superen los veinte metros, en este caso obviando casuísticas como las de los grupos de convivencia de siete o más integrantes, que en Aragón superan holgadamente el millar según el Iaest.

Está por ver si esos presupuestos de salida responden a un cálculo meramente de gestión o a un planteamiento táctico del cuatripartito para tratar de sumar apoyos por la izquierda tentando a IU con aplicar factores de progresividad, el más sencillo de los cuales consistiría en tener en cuenta el número de ocupantes del hogar a la hora de calcular el gravamen por consumo, o por la derecha lanzando a PP, C’s y Vox un ‘caramelo’ similar en forma de trato especial para las familias numerosas.

Esas maniobras parlamentarias resultarán claves para determinar durante la tramitación del proyecto de ley si se trata de un encarecimiento generalizado del recibo disfrazado de reforma legal o de otra cosa.

La tercera mutación del ICA

El proyecto de esta nueva mutación del ICA tras la de 2015, apenas un año después de haberse pasado de canon a impuesto para extender el pago a la totalidad de la ciudadanía con independencia de que ya estuviera costeando una depuradora municipal o no, incluye de salida otros aspectos llamativos como la menor urgencia frente a la Ley sobre simplificación administrativa, que el 12 de enero ya tenía sustanciadas las audiencias legislativas con los agentes sociales y abierto el plazo de enmiendas pese a haber sido calificadas el mismo día (30 de diciembre) por la Mesa de la cámara.

El texto remitido por el cuatripartito PSOE-UP-Cha-Par que preside Javier Lambán pospone la entrada en vigor al 1 de enero de 2022 tras haber consignado para este 2021 una recaudación de 69,1 millones de euros que devuelve las previsiones a las de los años de mayor presión fiscal en esta materia.

De haberse ido cumpliendo las previsiones del Gobierno de Aragón, las familias y empresas aragonesas habrían pagado 447,5 millones de euros en los casi siete años de aplicación de la versión inicial del impuesto, desde mediados de 2015 hasta esa segunda mutación inicialmente fechada para el próximo cambio de año, en una decisión que dota de un rasgo peculiar al ICA: comenzó a cobrarse sobre periodos anteriores al de su aprobación formal en 2014 para posponer las rebajas del último retoque, al menos sobre la previsión inicial.

Fuente: Intervención General del Gobierno de Aragón

Sin embargo, los informes sobre la ejecución presupuestaria que elabora la Intervención General del territorio apuntan a unos ingresos netamente inferiores a los previstos inicialmente por los últimos gobiernos.

Así, la previsión de 378,48 millones de euros para el periodo 2015-2020 se ha visto rebajada hasta 376,96 en los llamados “derechos reconocidos”, que es el equivalente a los recibos girados, mientras la recaudación real se quedaba en 257,3 con un descuadre de 119,66 que equivale al 31,74% del total.

No obstante, esos datos únicamente llegan hasta noviembre de 2020, por lo que para hacerse una idea de la gestión real del impuesto resulta más adecuado centrarse en los registros de 2015 a 2019, todos referentes a ejercicios cerrados.

En ese lustro, la DGA facturó a familias y empresas 315,64 millones de euros en recibos del ICA de los que llegó a ingresar 227,23, con un desajuste del 28,01% procedente, básicamente, de los recursos y el rechazo a pagar el tributo que se derivaron de la prodigiosa ola de oposición y de insumisión fiscal que provocó su cobro, con la RAPA (Red de Apoyo al Agua Pública) aragonesa como catalizadora.

¿Cuánto pesa el ICA en la bolsa de impuestos de Aragón?

El ICA está teniendo un elevado peso dentro de los ingresos tributarios del Gobierno de Aragón si se dejan al margen las tres vías principales como son el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales, que suman más de 3.200 de los en torno a 3.900 millones de euros anuales consignados en esas partidas y superan el 80% de su cuantía.

Solamente otros cuatro impuestos, también cedidos todos ellos por el Estado, superan en aportación al de las depuradoras, que entre enero y noviembre había generado ingresos por valor de 30 millones de euros sobre una previsión de 61,3.

Se trata de los de Sucesiones y Donaciones (80,7 de una facturación de 88,7), Transmisiones Patrimoniales (97 sobre 100), Actos Jurídicos Documentados (50,6 de 51,3) y Patrimonio (48,6 de 48,7), si bien los dos últimos se verán rebasados al cierre formal del ejercicio con la recaudación de los últimos recibos girados a las familias y las empresas.

Esas cifras sitúan también al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas como el tributo propio que más recursos económicos le genera al Gobierno de Aragón, por encima de otro vinculado al uso del agua como el que grava los aprovechamientos hidroeléctricos (11,6 millones) y también de los vinculados al transporte de electricidad por las líneas de alta tensión (2), los depósitos bancarios (11,8) o los juegos de azar (15,7); aparte, obviamente, de los que salen ‘a devolver’ como consecuencia de resoluciones judiciales, caso de los que se aplicaban a los aparcamientos de las grandes superficies (-5) o las emisiones contaminantes de la industria (-1,6).

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