El empecinamiento del Gobierno de Aragón para que el Ayuntamiento de Fabara -Baix Aragó - Caspe- pague el polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas -ICA- ha sumado un nuevo episodio tras desestimar el Tribunal Superior de Justicia de Aragón -TSJA- el recurso presentado por el ayuntamiento.
En la sentencia dictada por la Sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal aragonés no sólo se desestima el recurso, sino que además obliga al consistorio fabarol a pagar las costas del proceso.
El TSJA justifica su sentencia en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en sus sentencias respecto a los recursos presentados en su momento por el Ayuntamiento de Zaragoza. Sin embargo, el propio TSJA, aludiendo al TC reconoce que “no existe identidad entre la tasa municipal por servicios de saneamiento y depuración de aguas y el impuesto sobre la contaminación de las aguas, pues entre una y otro existen diferencias en cuanto a su naturaleza tributaria y al hecho imponible que gravan”, igualmente el TSJA entiende ajustada a ley aragonesa la reclamación del Instituto Aragonés del Agua -IAI- al Ayuntamiento de Fabara, de las cantidades “por recibos impagados” de 113.324,66 euros del año 2014 y 113.389,57 del 2015, siendo a partir de 2016 el propio Instituto Aragonés del Agua quien gira directamente los recibos.
Resulta sorprendente de la sentencia del TSJA su argumentación de que “el hecho de que Fabara construyera su depuradora con recursos propios no le exime de este impuesto”, un caso similar a lo ocurrido con Zaragoza. Y sorprende por que al alto tribunal no debería serle ajeno que la intención del Gobierno de Aragón con la implantación del nuevo Impuesto de Contaminación de las Aguas -ICA- tiene su origen precisamente en costear el agujero financiero que creó su Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, aunque la DGA lo vista como “un impuesto de finalidad ecológica que tiene la naturaleza de recurso tributario que se encuentra afectado a la financiación de las actividades de prevención de la contaminación, saneamiento y depuración”, y añada que “es importante remarcar su condición de impuesto, que grava la contaminación del agua que se realiza por su uso, no una tasa destinada a la prestación del servicio de depuración”, porque en el primer caso se trata de un ‘greenwashing’ de libro, y en el segundo se ven las costuras del enrevesado esfuerzo del Gobierno de Aragón para mezclando tasas e impuestos, depuración y saneamiento, conseguir que los tribunales, por ahora, le den la razón jurídica.
Por todo ello, el alcalde de Fabara, Paco Domenech, en declaraciones a AraInfo ha confirmado su intención de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y también ha asegurado que “están dispuestos a llegar hasta donde haga falta”, recordando que “Fabara tiene su propia depuradora que pagamos con fondos municipales, no tienen derecho a cobrarnos nada. Esto es un expolio y terrorismo político”, enfatizaba, para concluir asegurando que “no voy a facilitar los datos de los vecinos para que se les perjudique injustamente”.
Al Gobierno de Aragón no le gusta que uno tenga su propia fe: la premiada depuradora ecológica de Fabara
El Ayuntamiento de Fabara renunció al costoso Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración de la DGA, y diseñó, construyó, y pagó un sistema mucho más económico y con mejores resultados. Tan es así que ha ido obteniendo diferentes reconocimientos, desde el Premio Jaulín en Defensa de la Naturaleza en su XXXVII edición por “por depurar sus aguas residuales con un mínimo impacto ambiental y económico gracias a una depuradora biológica", pasando por el reconocimiento del Estado de Nueva York, que acuñó la denominación ‘modelo Fabara’, y que como señalaba Jesús Fernández, catedrático de la Politécnica de Madrid “la tecnología de Fabara es reconocida por el Estado de Nueva York como el ‘modelo Fabara’, tras más de 10 años de funcionamiento se constata que es uno de los modelos más avanzados en el mundo, pues es capaz de depurar con alto rendimiento a muy bajo coste, al tiempo que digiere los lodos, evitando costes importantes. La eficacia esta contrastada con datos sistemáticos que han sido publicados y validados a nivel internacional en prestigiadas revistas científicas. Es una pena que el Gobierno de Aragón siga ignorando esta experiencia referencial a nivel mundial y que está en Aragón”.
“La depuradora de Fabara funciona sin apoyo ni subvención de nadie, con una tecnología de la Politécnica de Madrid que hoy es adoptada por el Estado de Nueva York, ocupa 0,7 hectáreas y tiene capacidad para tratar el saneamiento de 3.000 habitantes equivalentes, nos costó una inversión de unos 250.000 euros frente a los 2,5 millones de euros presupuestados por la DGA para la depuradora que nos tenía proyectada, y el coste de gestión es de apenas 13.000 euros/año, frente a los 180.000 euros/año que habría supuesto la depuradora proyectada por el Instituto Aragonés del Agua y la DGA. Sobre la base del control sistemático que hace la CHE de nuestros efluentes se nos cobra un canon de vertido simbólico, de 300 euros/año, frente a los 6.000 que nos cobraba antes. Siendo una de las experiencia más avanzada en este sector, Fabara no ha dejado de recibir un sistemático acoso desde la DGA y el Instituto Aragonés del Agua”, destaca, Paco Domenech, alcalde de Fabara por el PSOE.
Cabe igualmente destacar que el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas -CEDEX- publicó en 2010 un Manual para guiar el saneamiento en pequeñas poblaciones, y que tal y como explica Enrique Ortega, ingeniero y coordinador del Manual “la mayoría de las Comunidades Autónomas difundieron en los ayuntamientos este Manual. Alguna Confederación Hidrográfica, como las del Duero, también lo empleó y difundió. Desgraciadamente Aragón fue la excepción. El Manual quedó prácticamente vetado al conocimiento público y en particular al conocimiento de los Ayuntamientos. Se habría ahorrado mucho dinero si se hubiera usado como guía este trabajo que fue encomendado y editado por el Ministerio. Ahora parece que en Aragón se empieza a reconocer la validez de estas tecnologías de depuración extensiva, cuyo ejemplo vivo es Fabara, más vale tarde que nunca”.
Sin embargo, el optimismo de Ortega choca contra el ‘ordeno y mando’ de la DGA, que lejos de valorar positivamente el éxito del ‘modelo Fabara’ continúa con su acoso administrativo, hasta el punto que las familias aragonesas ya gastan más en agua del grifo que en la de botella.
La RAPA solicita a las Cortz d’Aragón “un cambio en la ley que apoye a los ayuntamientos responsables con la depuración de sus aguas”
Desde la Red de Agua Pública de Aragón -RAPA- ven “una vez más un ejemplo de la irracionalidad que ha supuesto el Impuesto de Contaminación de las Aguas so pretexto de sufragar el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración en Aragón”.
Recuerdan que “uno de los pilares de dicho plan era la cesión de las competencias en saneamiento y depuración que hacían los ayuntamientos al Instituto Aragonés del Agua. Esto permitió diseñar el Plan agrupando las depuradoras en ‘lotes’ que resultaran económicamente atractivos para las empresas concesionarias que se encargarían de construirlas y gestionarlas”.
“Este método privatizador ha resultado ser un fracaso. La propia Cámara de Cuentas lo puso de manifiesto en el informe de fiscalización al Instituto Aragonés del Agua -ejercicio 2015-. Las depuradoras han resultado ser sobredimensionadas, caras e ineficaces. Las concesionarias han incumplido plazos y en algunos casos se han resuelto los contratos, ¡previo pago de indemnizaciones!, por no empezar siquiera la construcción de las obras adjudicadas”, denuncian desde la RAPA.
A juicio de la RAPA “el Impuesto de Contaminación de las Aguas ha sido la herramienta que ha posibilitado esos desmanes. El ICA es la garantía legal que se da a las concesionarias de que van a cobrarnos, coste más beneficio, la financiación, construcción y gestión de las depuradoras durante los 20 años de su vida útil. De esta forma la empresa privada regula un impuesto público”.
“A pesar de su nombre ‘impuesto’, el ICA funciona como una tasa que se paga por el servicio recibido: la depuración de las aguas residuales. Asumiendo su responsabilidad, el municipio de Fabara no cedió las competencias en depuración. El alcalde se asesoró con técnicos universitarios y emprendieron la tarea de diseñar, construir y gestionar una depuradora de las llamadas extensivas -necesitan más terreno-, ecológica -filtrado de aguas residuales a través de plantas acuáticas en humedal artificial- y más barata de construir y mantener”, resaltan.
Explican también que “no se puede olvidar que el coste de construcción de la EDAR de Fabara fue de 235.000 euros, mientras la de Leciñena -con similar número de habitantes-, que cedió su competencia al IAA costó 2.180.000 millones de euros. El proyecto de Fabara se llevó a cabo sin que el IAA participara en su financiación y, en todos estos años, el ayuntamiento asegura el servicio que pagan los vecinos.”
“¿Qué sentido tiene que Fabara pague el ICA para sufragar los gastos de las depuradoras de otros municipios, muchos de ellos con mayor capacidad económica, y que son más caras y más ineficientes?”, se preguntan desde la RAPA, y aseguran que “Fabara, como Zaragoza, no ha recibido ni un céntimo del IAA. La actual sentencia demuestra la injusticia que supone este impuesto en personas obligadas a pagar ‘sin recibir’. Fabara representa una experiencia positiva, valiente, que podría servir de modelo para otras muchas situaciones similares porque en Aragón quedan muchos pueblos pequeños sin depuración”, y recalcan que “ha habido una sentencia, injusta, que ha condenado a Fabara por incumplir la ley actual”.
Y, por ello, La Red de Agua Pública de Aragón solicita “al parlamento aragonés el cambio de la ley para que apoye la línea marcada por los ayuntamientos que, cumpliendo sus competencias, se responsabilizan de la depuración de sus aguas”.
