Este jueves 19 de noviembre la Red de Agua Pública se concentraba a las 11.30 horas en la plaza San Pedro Nolasco de Zaragoza, sede del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, para valorar la reforma del ICA, el llamado Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) que a partir de ahora la RAPA llamará “T-IMAR”.
Durante el acto informativo RAPA reconocía que “asistimos con estupor y enorme frustración a la escenificación de la propuesta de modificación (que no derogación) del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), de la que el actual Gobierno de Aragón hace alarde ante la sociedad aragonesa”.
El gobierno cuatripartito ha “despreciado” para esta plataforma ciudadana la respuesta masiva de la ciudadanía ante la imposición del ICA en Zaragoza, con más de 50.000 recursos y reclamaciones económico administrativas presentadas y un nivel de impagos que alcanza, de manera sostenida en el tiempo, a casi 100.000 familias (alrededor de la quinta parte de la población aragonesa). “También ha hecho caso omiso de las propuestas concretas que desde las múltiples entidades que conforman la RAPA se le han trasladado, con el afán de colaborar en el desarrollo de un Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) sostenible, tanto medioambiental como económicamente”, denuncian.
La primera conclusión a la que llegan es que el objetivo prioritario del Gobierno de Aragón ha sido “mantener la recaudación lo más próxima posible a los niveles actuales, pero sin resolver ninguno de los problemas estructurales de los que el ICA adolece, tal y como se puso de manifiesto en la Comisión especial de estudio sobre la aplicación del ICA de 2018”.
Antes de entrar a analizar la tarifa del impuesto que se ha difundido en medios de comunicación, han rechazado de plano que se siga manteniendo una única figura tributaria, el impuesto, frente a la alternativa de que exista una tasa y un impuesto.
La RAPA siempre ha defendido tarifas progresivas para repercutir los costes de depuración entre la población que recibe ese servicio, pero nunca lo ha planteado para las tarifas de un impuesto que “lo que debería pretender es repercutir entre toda la población aragonesa parte de los sobrecostes del sistema de depuración de Aragón que no pueden soportarse por los habitantes de las poblaciones cuyos vertidos se depuran en instalaciones autonómicas”.
Otro de los nudos gordianos de la revisión de la financiación del PASD en Aragón es que la gran parte de los sobrecostes de la depuración son consecuencia del modelo de gestión que adoptaron anteriores gobiernos aragoneses y que la Cámara de Cuentas de Aragón ya cuantificó en su informe de auditoría del Instituto Aragonés del Agua (IAA) del ejercicio 2015 en torno al 30%.
Tampoco ha dicho nada el gobierno aragonés respecto al papel que deben asumir los ayuntamientos en la gestión de la depuración en sus municipios. Solo la gestión centralizada de la facturación y cobro del ICA a través de una empresa privada, le está suponiendo al IAA más de 2 millones de euros al año, que podrían ir a cubrir parte de los gastos en los que incurren esos ayuntamientos para gestionar los datos que ha de aportar para que se emitan los recibos del ICA.
Desde RAPA se ha plantado desde el primer momento que la aplicación del principio de “quien contamina, paga”, debe aplicarse sobre los costes estrictamente necesarios para depurar las aguas residuales, mientras que los costes imputables a las decisiones erróneas de anteriores Gobiernos de Aragón, deberían soportarse desde los presupuestos generales de la Comunidad, cuyos ingresos se basan más en criterios de renta que en criterios de servicio prestado.
De ahí la siguiente conclusión de la RAPA: “la ciudadanía aragonesa va a seguir pagando más de la media española por la depuración de sus aguas residuales, a pesar de que faltan por depurarse los vertidos de más de 300 poblaciones”. Si Aragón deja de recaudar 5,7 millones de euros con el nuevo impuesto, eso quiere decir, de acuerdo con los datos manejados por RAPA, que la aportación del Gobierno de Aragón respecto a su responsabilidad histórica se queda en, aproximadamente, un tercio de lo que debería ser, lo que obliga a que sea la población aragonesa la que asuma esos sobrecostes, soportando una presión fiscal muy superior a la media española.
Si entramos ahora a analizar la tarifa publicada en los medios de comunicación, lo primero que se observa es que la cuota fija (4,6266€/mes) sigue siendo la más alta del Estado español con diferencia, casi un 49% mayor que la media española que se sitúa en 2,3662€/mes, como puede observarse en el gráfico siguiente:
Si lo comparamos con la cuota fija que se paga en Zaragoza por todo el ciclo integral del agua (3,92€/mes por abastecimiento y saneamiento), la cuota fija que se propone para el “IMAR” es un 18% superior. Si la comparamos solo con la cuota fija de saneamiento en Zaragoza (1,62€/mes), la cuota fija del “IMAR” supone prácticamente el triple. Con esta tarifa, cualquier hogar aragonés va a tener que seguir pagando, independientemente de lo que consuma, 55€/año, frente a los 61€/año que paga ahora. “Ese es el alcance de la reducción del 9% de la tarifa que tan triunfalmente se ha proclamado”, han señalado desde RAPA.
La rebaja global del 23% que plantea el Gobierno de Aragón para consumos reducidos se cumple para hogares unipersonales que representan solo el 27% del total de hogares. Para hogares a partir de 4 personas, la disminución con el nuevo impuesto es irrelevante, o incluso aumenta la presión fiscal respecto al ICA, debiendo soportar parte de la reducción de los hogares de menor tamaño. En el gráfico siguiente se visualiza lo que representan el ICA actual y el impuesto propuesto respecto a lo que el Ayuntamiento de Zaragoza factura por el servicio de saneamiento y entre ellos.
Con estos datos, la presión fiscal que deberán soportar los hogares unifamiliares de Zaragoza respecto a lo que pagan por saneamiento al Ayuntamiento de la ciudad, supondrá un 84%. En el mejor de los supuestos (para hogares de 6 miembros), la presión fiscal por efecto del nuevo IMAR se incrementará un 61,3%.
Teniendo en cuenta las necesidades de inversión que tiene Zaragoza para acabar de depurar todas sus aguas residuales y mantener adecuadamente su infraestructura de saneamiento y depuración, este nuevo impuesto va a poner en riesgo la depuración de la mitad de las aguas residuales de Aragón, al limitar la capacidad del Ayuntamiento para revisar sus ingresos tarifarios, mientras más de 300 poblaciones siguen esperando su turno para verse agraciados con una subvención con la que poder hacer frente a sus necesidades de depuración.
Por tanto, desde RAPA han rechazado con rotundidad la “reforma descafeinada del ICA” que propone el cuatripartito en el gobierno y consideran que se ajustaría más a la realidad “si el nombre que se le pretende dar a ese impuesto fuera “TIMAR” o “Tributo Injusto para Mantener o Aumentar la Recaudación”.
“Ni la ciudadanía aragonesa, ni los municipios aragoneses, nos merecemos el trato que el Gobierno de Aragón nos está dando. Es el momento de abandonar falsos triunfalismos, ser sensibles y atender a las demandas sensatas y reflexivas de las entidades aragonesas, y asumir la responsabilidad histórica sobre las malas decisiones de gobiernos anteriores, de la misma manera que se le exige corresponsabilidad a la población para sostener un Plan aragonés de depuración que sigue haciendo aguas por todas partes”, han subrayado durante el acto.
No obstante, desde la Red de Agua Pública del Agua han trasladado a la administración que la plataforma sigue abierta a aportar soluciones y alternativas desde la sociedad civil: “En la esperanza de alcanzar una democracia avanzada y participativa donde nuestros representantes velen, de verdad, por nuestros derechos, por el bien común y por la sostenibilidad medioambiental de la Comunidad Autónoma que dicen defender”.
