El ‘boom’ de las energías renovables en Aragón ha estallado en los tribunales, que llevan meses investigando un fraude con falsas pólizas de seguros de cifras millonarias que ha puesto patas arriba el negocio de la llamada electricidad verde, especialmente en el viejo reino.
Los primeros indicios del presunto fraude fueron detectados en Aragón y derivaron en una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza, que abrió una investigación prácticamente al mismo tiempo que también lo hacía el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, en este caso tras recibir un atestado del Cuerpo Nacional de Policía. Este, a su vez, había iniciado las pesquisas tras una comunicación del Ministerio de Economía.
Las dimensiones que fueron adquiriendo las investigaciones, con ramificaciones en varios territorios, dieron lugar a un ‘peloteo’ que finalmente llevó la causa hasta la Audiencia Nacional, que ahora trata de esclarecer en qué consistió el presunto fraude y en deslindar quién habría salido beneficiado y perjudicado con él, según confirmaron fuentes del ministerio público y del sector.
La historia arranca en marzo del año pasado, cuando la aseguradora rumana SC ABC Asigurari-Reasegurari SA comunica a Economía la emisión de certificados de seguro falsos en el Estado español. “La entidad no ha emitido pólizas de seguro y certificados relacionados con su actividad aseguradora en el territorio español”, advertía la compañía, la cual, aunque está autorizada para operar en el país en varios campos, entre ellos el de la caución, “no ha habilitado a ninguna agencia de suscripción en España para operar en su nombre”.
El problema estaba en que buena parte de las empresas del sector de las renovables habían ido contratando desde principios de 2018 con alguien que se presentaba como agente de esa compañía las pólizas de caución con las que aseguraban las fianzas de sus proyectos ante, según la envergadura de los parques eólicos o solares, las comunidades autónomas o el Ministerio de Industria.
Pólizas falsas y un Gobierno en interinidad
El Gobierno español da entonces un mes a los promotores de los proyectos avalados con las falsas pólizas de caución para que presenten otras garantías, mientras algunos territorios como el aragonés reducen ese plazo a quince días y advierten a los afectados de que, de no hacerlo, comunicarán las irregularidades a Red Eléctrica.
Eso, en condiciones normales, debería conllevar la pérdida de los permisos de acceso a la red para evacuar la energía, que suponen una de las claves del negocio de la venta de autorizaciones que constituye el ‘core’ de la actividad de parte de los operadores.
Todo eso ocurre con Marta Gastón al frente de la Consejería de Economía, aunque con el Gobierno en funciones porque apenas falta un mes para unas elecciones autonómicas tras las que transcurrirían algo más de otros dos antes de la segunda investidura de Javier Lambán, ahora al frente del cuatripartito y con Arturo Aliaga como vicepresidente y al frente de una cartera de Industria que incluye las competencias en materia de energía.
En ese interín de tres meses iniciado con el aviso de abril, varios operadores solicitan aumentar su capacidad de descarga en la red de distribución en previsión de que alguno de sus competidores no logren nuevas pólizas.
Sin embargo, Red Eléctrica, la empresa pública que gestiona esa malla de tendidos y estaciones eléctricas, no anula ningún permiso de conexión ni autoriza los solicitados a partir de abril. Tanto sus autorizaciones como sus vetos se basan en las comunicaciones que le remiten las comunidades autónomas.
Una investigación que continúa abierta
La investigación judicial deberá esclarecer la existencia de varios posibles delitos entre los que se encuentran la presunta estafa a las compañías por parte de quien les colocó las pólizas de caución sin sustento real, las supuestas falsedades documentales en la elaboración de esos seguros y en su aportación a los proyectos ante los territorios y el ministerio y, también, la eventual intervención de personal de la aseguradora rumana en toda la historia o en alguna parte de la misma.
Las pesquisas deberán despejar una serie de incógnitas entre las que se incluyen las siguientes: ¿Quién se benefició de cada una de las irregularidades? ¿Quién salió perjudicado por alguna de ellas? ¿Qué grado de conocimiento tenía cada uno de los actores? ¿Fueron ingenuas o torticeras sus actuaciones?
Mientras tanto, en el sector de las renovables levanta recelos la situación de una de las empresas que operan en Aragón, la madrileña RIC Energy, especializada en la energía fotovoltaica y que habría llegado a presentar avales de ABC por valor de unos 45 millones de euros y que, si no los sustituyó por los de otra aseguradora fuera de plazo, al menos lo habría hecho con más tardanza que el resto.
Esta empresa, que maneja concesiones para explotar más de 400 megawatios de potencia y disponía de permisos de acceso a la red desde seis zonas de Aragón (Magallón, Peñaflor, Rueda de Jalón, Fuendetodos, María de Huerva y entre Andorra y Alcañiz), acabó vendiendo a finales del año pasado un paquete de 940 megawatios distribuidos en veinte proyectos en Aragón, Andalucía y Aragón al gigante germanocoreano Q-Cells por 90 millones de euros.
Ese paquete incluía tres parques aragoneses cuya potencia instalada ronda los 180 megawatios y que habían sido inicialmente afianzados con avales de caución de ABC ante el Gobierno de Aragón.
Un sector al borde de la saturación en Aragón
La llegada de este asunto a los tribunales pone sobre la mesa las prácticas de un sector en el que lo productivo y lo financiero se entremezclan, en ocasiones hasta la confusión para quien no se maneja en esos ámbitos.
“El negocio está en disponer de capacidad para conectarse a la red de distribución, y eso depende de los avales”, explican fuentes del sector, en el que una de las operativas habituales consiste en colocar parques ‘de papel’, es decir, los permisos para producir energía y evacuarla y las localizaciones para hacerlo con el mayor número posible de bendiciones ambientales. Los clientes suelen ser fondos de inversión que buscan un rendimiento a medio plazo, compañías eléctricas asentadas interesadas en vender kilowatios y, también, firmas de ingeniería y de fabricación de equipos que se suman a los proyectos como una manera de rentabilizar el material que fabrican y los servicios que prestan.
Otra cosa es que esas operativas vayan a acabar teniendo el boyante futuro que algunos le auguran en territorios como Aragón, donde los proyectos de papel están claramente sobredimensionados frente a la capacidad de la red eléctrica que permitiría comercializar esa energía. O al revés y viceversa.
Según los datos de Red Eléctrica, en Aragón se encuentra operativas instalaciones de producción que suman 5.649 megawatios, de ellos 740 para alimentar el tráfico ferroviario (principalmente el del AVE), 4.089 para el servicio convencional y 820 para otros consumos. A ese volumen se le suman otros 620 con todas las autorizaciones y 1.110 sin ellas.
¿Llegarán a la red los kilowatios que puedan llegar a producir esos dos últimos bloques? Los registros de la empresa pública apuntan a que eso no será sencillo, ya que 29 de los 48 nodos o puntos de evacuación existentes quedarían saturados si entrara en servicio la energía autorizada, entre ellos todos los de alta tensión, y a esa situación se sumarían otros tres si lo hiciera la que está en tramitación.
Forestalia amplía el negocio tras ingresar 1.300 millones
En cualquier caso, RIC no es la única empresa que coloca proyectos a otras, ya sea en su totalidad o de forma mayoritaria, en Aragón. De hecho, esa ha sido hasta ahora la línea clave de negocio de la principal firma local que opera en ese sector, el grupo Forestalia de los hermanos Samper, que hace más de un año cerraba un acuerdo con el fondo de inversión luxemburgués Mirova para que participara en la construcción de veinte parques eólicos y le vendía otros nueve por 350 millones al fondo danés CIP a finales del pasado año, poco después de haberle colocado un paquete similar a Repsol y de que la eléctrica francesa Engie se quedara otro de tamaño parecido.
La colocación de otros 300 megawatios al fondo madrileño Bruc Management cerraba en el cambio de año y junto con la venta a Ence de las autorizaciones para una planta de biomasa que se ubicará en Puertollado, el traspaso de la práctica totalidad del grueso de la potencia que Forestalia había acumulado en las subastas.
La empresa, que mantiene participaciones minoritarias en los dos proyectos de Mirova, asociado también con CIP en uno de ellos y con Engie en otro, ha obtenido unos ingresos por valor de más de 1.300 millones de euros en esas operaciones mercantiles, localizadas todas ellas en la "provincia" de Zaragoza.
El pelotazo de Teruel: 800 euros por hectárea y año
El segundo capítulo principal de la historia de Forestalia, tras la colocación de los megawatios obtenidos en las subastas de 2016 y 2017, se centra en Teruel, donde con el apoyo del Gobierno de Aragón proyecta desplegar otros 3.000 megawatios de potencia eólica con una inversión de 2.400 millones de euros en 42 municipios. El tercero lo forma otro paquete de 3.000 distribuido por las "tres provincias" aragonesas del que apenas se conocen detalles por ahora.
Ese segundo capítulo, en el que además de Forestalia participan empresas como Samca, Galaxy, Endesa, Cobra, Energías Renovables de Teruel o Renomar y que fue bendecido desde el Pignatelli como un “anuncio tan decisivo para numerosas comarcas turolenses”, contempla “un nuevo modelo creado en la provincia de Teruel por el que el establecimiento e implantación de parques de energías renovables que promueven empresas privadas se haga en terrenos municipales”.
“Uno de sus fines es actuar de forma solidaria y conjunta para la tramitación de los expedientes de autorización correspondientes y socializar parte de los ingresos, a través de un fondo común, en beneficio de todos los ayuntamientos, independientemente del número de molinos o placas instaladas en sus términos municipales”, señalaba el comunicado oficial, que añadía que “una vez instalada la actividad que genere ingresos a las arcas municipales, por alquiler y los correspondientes impuestos, será posible la generación de empleo, preferentemente femenino, y la actividad económica, a través de fórmulas empresariales-pymes con formula público-privada y gestión profesional”.
Los 42 municipios, cuyos términos municipales suman el 18% del territorio de la "provincia", en cuatro asociaciones: Viento Alto, en la que participan once pueblos, Majalinos (12), Mudéjar (9) y Altiplano (9).
Sin embargo, y aunque la empresa mantiene que el territorio recibirá alrededor de mil millones de euros como consecuencia de esos proyectos, el “protocolo de intenciones” presentado por la empresa a los ayuntamientos del tercer grupo (Alfambra, Argente, Visiedo, Lidón, Camañas, Orrios, Perales de Alfambra, Fuentes Calientes, Mezquita de Jarque, Galve y Cuevas de Almuden), y cuya versión inicial rechazaron algunos de ellos, resulta más bien poco espectacular: Forestalia se compromete a pagarles 700 euros al año por cada hectárea de terreno municipal que ocupen sus instalaciones y a entregar cien más a la asociación.
Eso, a cambio de compromisos como “colaborar, facilitar y dictar los actos administrativos que sean necesarios” o como “permitir y facilitar, dentro del marco legal aplicable, la tramitación administrativa que permita a la sociedad obtener la autorización de sus proyectos energéticos, en las mejores condiciones posibles, y entre ellas, cualquier licencia municipal”.
Los acuerdos, previstos para una duración de 25 años o “en su defecto, mientras dure la vida útil de la instalación”, prevén que, “en igualdad de condiciones se contrate a trabajadores residentes en los municipios asociados o en su defecto que estén dispuestos a fijar su residencia en alguno de los mismos” y estiman que los consistorios pueden llegar a ingresar por IBI e IAE “una media de 2.100 euros/megawatio anuales por cada planta fotovoltaica Instalada”.
Industria investigará las denuncias de mortandad de aves
Forestalia está dirigida por los hermanos Samper, empresarios del sector porcino, en el que operaban con el Grupo Jorge, cuya entrada en el campo de las energías renovables contó prácticamente desde el principio con el apoyo del Gobierno de Aragón, que ha declarado de interés autonómico (eso agiliza los trámites y facilita la ejecución) la mayoría de los proyectos ubicados en la comunidad, y que son los que ha ido vendiendo, ya sea por completo o en su mayor parte, a otras empresas.
Esa cercanía al poder hizo que durante las negociaciones previas a la formación del cuatripartito se especulara en medios políticos y periodísticos con la posibilidad de que una sola consejería, a la que se aludía medio en serio medio en broma con el nombre de la empresa, aglutinara las competencias en energía y en medio ambiente.
No llegó a ocurrir, y mientras las primeras iban a Industria las segundas se quedaban en el Departamento de Agricultura, desde el que el Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) debe vigilar el respeto a las exigencias y condicionantes ambientales en el despliegue de esos parques eólicos.
Esa mezcla de competencias bajo un único mando sí se ha dado en la vicepresidencia estatal para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dirige Teresa Ribera, aunque eso no quiere decir que en Aragón no ocurran cosas chocantes al socaire del desarrollo de las energías renovables.
La última llegó hace unas semanas a los APN (Agentes de Protección de la Naturaleza) bajo el formato de una curiosa instrucción sin sello ni membrete en el que se les explicaba que cuando se encontraran con episodios de muerte de animales protegidos y/o catalogados por “causas antrópicas”, entre ellas la “electrocución”, deberían levantar un acta y presentar una “denuncia”, aunque con una excepción: pese a tratarse de algo obviamente relacionado con la conservación de la biodiversidad, el procedimiento cambia cuando esas muertes se producen en “parques eólicos / instalaciones fotovoltaicas”.
En ese caso, el acta debe ir acompañada de un “informe”, y no de una “denuncia”, y remitirlo al Departamento de Industria, al que el comunicado se refiere como “órgano sustantivo” con “competencias en seguimiento ambiental e inspección”.
El informe, en todo caso, debe contener los mismos datos que las denuncias, lo que incluye la ubicación, la identificación del propietario del parque de renovables y el estado del cadáver, y también ir acompañado por fotografías.
La lista de morosos de Hacienda
Forestalia Renovables ha entrado con fuerza en la lista de morosos de Hacienda de este año, en la que figura como deudora de 1.572.454,78 euros a las arcas públicas, aunque la empresa asegura que esa deuda ha sido liquidada.
Sería, en cualquier caso, una cifra inferior a la de la fallida filial inmobiliaria del Real Zaragoza, Zaragoza Real Estate, que puede ya darse por cronificada visto el lento ritmo de pago: sigue adeudando a la Agencia Tributaria 1.810.856,63 euros, solo 52.365,18 menos de los que tenía anotados en 2015, en la primera edición del listado, de donde resulta que todavía serían necesarios algo más de 34 años, si el fisco no le aplica ningún recargo, para que logre saldarla.
Forestalia Renovables asegura que se encuentra al día en los pagos a Hacienda y atribuye su presencia en la lista a la denegación del aplazamiento de un pago mensual del IVA justo en el cambio de año y que fue liquidado la pasada primavera.
