El próximo 11 de marzo, Idrissa Gueye, ex-presidente de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en Aragón (AISA), se verá obligado a cumplir una «pena de banquillo» ante la querella por "injurias y calumnias" contra la Policía Local de Zaragoza presentada por el sindicato STAZ y admitida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Zaragoza.
El Grupo Derechos Civiles del 15M Zaragoza afirma estar convencido de que este proceso "acabará dando la razón a Idrissa, a todas nosotras, al derecho de libre expresión que nos asiste, al trabajo de defensa de los derechos fundamentales y a la denuncia de las vulneraciones de tales derechos".
Las "razones legales de esta victoria", que "son muchas e irrebatibles", según Derechos Civiles, fueron discutidas el pasado 30 de octubre en una jornada sobre 'Criminalización y Derechos Fundamentales', organizado en el CSC Luis Buñuel tras ser censurada por la Universidad de Zaragoza y el Colegio de Abogados.
Este acto formaba parte de la campaña 'Zaragoza No Se Calla', iniciada en septiembre de 2018 por AISA, Derechos Civiles y 12-N para denunciar el racismo institucional y en defensa de la libertad de expresión, y a la que ya se han sumado más de medio centenar de organizaciones y colectivos de los movimientos sociales aragoneses.
Una campaña que tiene como objetivos "continuar un trabajo legal, legítimo, justo y necesario", tratando de dar a conocer "una realidad que es objeto de permanente distorsión y manipulación desde los discursos políticos y la propaganda mediática".
Precisamente, con la intención de retomar la campaña "sumando más fuerzas que nunca", este lunes, 20 de enero, han organizado una charla en la que participarán Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid; y Mohamed Gerehou, periodista y militante antirracista. La cita es a las 19.00 horas en el Centro Cívico Delicias.
Como recordaba el colectivo 12-N en el artículo 'Antifascismo moderno, fascismo interno' publicado en AraInfo, en 2018 Idrissa Gueye, siendo entonces presidente de AISA, denunció de manera pública, junto con Derechos Civiles, "la violencia y abuso de poder policial sufrida por el colectivo de manteros senegaleses en Zaragoza al ser perseguidos, calumniados, hostigados, agredidos, deportados y despojados de sus mercancías".
Y advertían, "estos actos no son aislados ya que también venían sucediendo en otras ciudades del Estado, poniendo en evidencia esa violencia institucional que cruza a diario a las personas migrantes".
