Las entidades ecologistas han alegado “en contra del proyecto fotovoltaico de Forestalia en Campo de Romanos -comarca natural entre las Comarcas administrativas de Daroca y Jiloca- que tramita el Departamento de Industria del Gobierno de Aragón -encabezado por Arturo Aliaga- por su grave impacto ambiental e ir contra los principios de sostenibilidad”.
El proyecto comprende ocho plantas solares “que suponen ocupar más de 1100 ha, dos subestaciones de transformación eléctrica y una línea eléctrica de alta tensión de 31 km con 83 torres que atravesaría la Sierra de Paniza, además de decenas de kilómetros de zanjas para los tendidos eléctricos de interconexión, más caminos, desmontes y vallados. La superficie ocupada por estas instalaciones suma 1142 ha, lo que supone un porcentaje del 5% de ocupación de suelo de la comarca y el 6,8% de pérdida de suelo agrícola de la misma, según se reconoce en los propios informes ambientales. Esa ocupación implica la artificialización del suelo con pérdida y fragmentación de hábitats naturales las cuales conllevan pérdida neta de biodiversidad y pérdida de tierras de cultivo y de su producción agrícola”, aseguran.
Las especies esteparias como el sisón y el rocín -o alondra ricotí-, en claro declive tanto en Aragón como en el resto de la Península Ibérica, “se verían seriamente amenazadas, además de otras como el aguilucho cenizo o el alcaraván y los pequeños aláudidos como calandria y terrera común, vinculados a los espacios agrarios”.
Todos ellos, especies protegidas, verían reducido su hábitat y enfrentados al permanente riesgo de colisiones con vallados y tendidos aéreos. Las asociaciones consideran “intolerable que se diseñe una línea eléctrica de 31 km para exportar la energía por el brutal impacto que tendría al atravesar un terreno montañoso como la Sierra de Paniza, además de ser un factor de ineficiencia por las pérdidas que supone el transporte”.
“Las renovables para ser sostenibles no deben destruir suelo natural o agrícola, no deben destruir la biodiversidad y deben servir para autoabastecimiento, evitando las pérdidas por transporte”, además, ANSAR y Amigos de la Tierra han denunciado ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico “la fragmentación del proyecto en ocho plantas diferentes de hasta 49,9 Mw cada una vulnerando la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. Con ello consigue Forestalia que sea el INAGA y el Gobierno de Aragón, administraciones más cercanas e influenciables, quienes evalúen los subproyectos y no el Ministerio”.
El citado conjunto de proyectos, promovido por mercantiles vehículares de Forestalia Renovables SL, consiste en ocho plantas fotovoltaicas con una potencia total de 389,3 MW y afectando a 1142 hectáreas en los citados términos municipales de Nombrevilla, Romanos, Badules, Burbáguena, Langa del Castillo, Torralbilla y Mainar. Verterían a dos subestaciones nuevas e interconectadas SET Camporromanos y SET Cilleruelos, en los términos de Romanos y Torralbilla respectivamente, siendo peticionaria Energías Renovables de Gladiateur 29, S.L. Tendrían una nueva línea de evacuación de 220 KV que tendría una longitud de 31,6 km y afectaría a los términos municipales de Romanos, Torralbilla, Villarroya del Campo, Mainar, Villarreal de Huerva, Encinacorba y Cariñena, siendo peticionario: Energías Renovables de Gladiateur 29, S.L. con la “Finalidad: evacuar la energía producida en los parques fotovoltaicos Sama I, Sama II, Sama III, Pedregoso, Santa Quiteria I, Santa Quiteria II, Granjera y Cilleruelos” (BOA 16 de 26 de enero de 2021). Las asociaciones alegan que, “de acuerdo con sus características, dimensiones y potencia total instalada, la competencia para la tramitación, evaluación ambiental y ulterior aprobación del proyecto de referencia debió de recaer en la Secretaría de Estado de Energía. En efecto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.13 y 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, corresponde a la Administración General del Estado la competencia para autorizar las Instalaciones peninsulares de producción de energía eléctrica, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, de potencia eléctrica instalada superior a 50 MW eléctricos, instalaciones de transporte primario peninsular y acometidas de tensión igual o superior a 380 kV”.
“La indebida fragmentación de un proyecto unitario en hasta ocho proyectos de potencia instalada inferior a 50 MW es evidente desde el momento en que su ubicación es colindante y continua, en una misma unidad geográfica y ecológica como es el Campo de Romanos, comparten titularidad, línea de evacuación y subestaciones eléctricas, así como por su indisimulada denominación (Sama I, Sama II, Sama III…) que pone de manifiesto bien a las claras que se trata de una fragmentación de proyectos”, aseguran, fragmentación que a entender de las asociaciones ecologistas “no obedece a criterios técnicos ni de planificación económica del promotor, sino simplemente a la elusión de la competencia estatal para la tramitación y evaluación del mismo”. Las asociaciones anuncian que van a recurrir “aquellos otros proyectos fotovoltaicos que se presentan fragmentados en Aragón”.
