Este miércoles el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, lanzaba unas declaraciones en clave de advertencia a los ayuntamientos que se posicionen en contra de los proyectos de renovables y de la proliferación sin control de explotaciones solares y eólicas.
Aunque aseguraba que ningún parque eólico se va levantar "sin el respaldo de la gente del territorio", también lanzaba una amenaza velada de que oponerse a los "derechos" de las empresas eólicas que cumplan la legislación podría acarrear problemas legales a los ayuntamientos.
Concretamente apuntaba que los consistorios que denegasen licencias de obras e instalación podrían incurrir en responsabilidad patrimonial y la empresa podría reclamar compensaciones por los gastos ya desembolsados.
La reacciones no se han hecho esperar, la primera de ellas ha llegado de la mano de la Plataforma A Favor de los Paisajes de Teruel que ya ha pedido la dimisión del vicepresidente dado que considera “inadmisibles” las declaraciones de Aliaga.
Los proyectos actualmente en trámite suponen cuadruplicar la potencia actualmente instalada y están siendo abiertamente contestados por las vecinas, vecinos y asociaciones por sus impactos ambientales y sociales severos e irreversibles, a pesar de que puedan llegar a tener el visto bueno del Departamento de Industria.
“Suena a amenaza”
Lejos de mantener una postura institucional ponderada y equidistante en lo que es ya un importante conflicto social, las declaraciones de Arturo Aliaga generan a esta plataforma “indignación y perplejidad” y advierten: “Suenan a amenaza a los ayuntamientos si osan rechazar algún proyecto eólico o fotovoltaico que cumpla con la legalidad”.
Como explican, y han explicado en numerosas ocasiones, “que una administración autonómica con sus competencias sectoriales apruebe un proyecto no significa en ningún caso que la administración local, con otras competencias bien definidas en urbanismo, lo deba aprobar”.
Esta advertencia supone para Paisajes de Teruel “toda una invasión de competencias a la autonomía local y una presión añadida a los municipios, muchos de los cuales no cuentan ni con personal ni recursos técnicos para tomar una decisión adecuada o de consenso”.
En contra de las ordenanzas municipales
Además, esta plataforma recuerda a Aliaga que también podía haber incidido en lo que sucedería a cualquier administración que aprobara proyectos que van en contra de las ordenanzas municipales, o de los planes de protección, o de las normas que se apliquen en cada caso.
“Lo más habitual es que sean estas las que de forma torticera se interpreten tan laxa y ampliamente, que llevan a que se consideren legítimos proyectos que carecen de legitimidad”, añaden.
Autonomía municipal frente a los proyectos
Los ayuntamientos gozan de autonomía municipal y que dentro del ordenamiento jurídico pueden aprobar normas que defiendan el patrimonio, el paisaje, las actividades tradicionales o cualquier otro criterio que quieran aplicar en su municipio: “Insistimos, sin saltarse las leyes generales”, subrayan desde la plataforma.
Esta plataforma que lleva meses denunciando los problemas que acarreará la invasión de las renovables en los entornos rurales también lamenta que en lugar de dar seguridad jurídica desde la DGA a aquellos ayuntamientos que denieguen licencias de obra, Arturo Aliaga “amenaza veladamente con problemas jurídicos si se niegan a aprobarlas”.
Desde la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel consideran que cualquier DIA (declaración de impacto ambiental) debería cumplir estrictamente la legalidad vigente y debería garantizar el respeto a la biodiversidad y los valores naturales de los territorios, pero en ocasiones se actúa a favor de las empresas y se ocultan, o no se quieren ver, afecciones que son muy evidentes.
Empresas que practican la especulación
Al contrario de lo que hizo este miércoles desde esta plataforma animan al consejero de Industria a apremiar a sus directores generales y a los órganos de gobierno para que los rechacen, pues de lo contrario pueden incurrir en ilegalidades y “también pueden pedirles responsabilidades, y responsabilidades patrimoniales, que es con lo que se amenaza a los ayuntamientos”.
En definitiva y en palabras de la propia plataforma estas declaraciones muestran un apoyo inequívoco a las empresas que practican la especulación con los proyectos de energías renovables, dejando desamparada a la ciudadanía y las alcaldías.
La Federación de Municipios pide un Plan Estratégico
Estas controvertidas declaraciones del vicepresidente del Gobierno de Aragón llegaban un día después de la reunión con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).
Durante la reunión las alcaldesas y alcaldes reclamaron al también consejero de Industria “una planificación estratégica que marque y establezca unas directrices, queremos una regulación que nos dote de seguridad jurídica”. El propio Aliaga llegó a asegurar que “entre todas Administraciones debemos de ser capaces de dotarnos de ordenación que debe ir con los municipios”.
Tras las declaraciones de este miércoles, habrá que esperar para conocer a qué se refiere el consejero con “ordenación” y si esta pasará por criminalizar a los ayuntamientos y el legítimo derecho a la protesta o por crear un Plan específico que regule la implantación de centrales de producción de energías renovables.
