En su sentencia, la sala civil y penal del TSJC condena a Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó a 20 meses de inhabilitación para cargo público electo y a pagar una multa de 30 000 euros por un delito de "desobediencia" al "desoír los requerimientos del Constitucional para que impidieran la tramitación de las llamadas leyes de desconexión".
Por el contrario, la sala absuelve a la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que estaba acusada de "desobediencia" por impulsar la tramitación de dichas leyes, al concluir que "no fue advertida nominalmente por el Constitucional".
Aunque todavía no es firme, la sentencia podría acarrear la pérdida de la condición de diputado para Lluís Guinó, el único de los cinco acusados que actualmente ostenta un cargo público por su escaño en el Parlament, si así lo establece la Junta Electoral.
La sentencia resalta que "la desobediencia" de los integrantes independentistas de la Mesa "puede calificarse, sin discusión, de manifiestamente contumaz, obstinada, recalcitrante y persistente y, por lo mismo, de abiertamente opuesta a las prescripciones del Tribunal Constitucional (TC)".
Para los magistrados, los condenados desobedecieron al TC al admitir a trámite iniciativas parlamentarias con las que "se pretendía a las claras" desarrollar la declaración de ruptura del 9N, "culminando" con las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica aprobadas los días 6 y 7 de septiembre en el Parlament, "mediante la convocatoria de un referéndum ilegal y el advenimiento de un nuevo estado en forma de república".
El tribunal ha impuesto a las cuatro personas condenadas la pena de inhabilitación que solicitaba la Fiscalía, de un año y ocho meses de cárcel y que les impide ejercer cualquier cargo electo en los ámbitos local, provincial, autonómico, estatal o supranacional.
De acuerdo con la sentencia, las personas condenadas deberán hacerse cargo de una décima parte de las costas del proceso, incluidas las de la acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado, pero no así de las del partido ultraderechista Vox, que era acusación popular en la causa.
"Inhabilitados y multados por haber permitido la libertad de expresión y la iniciativa legislativa de los parlamentarios. Esta condena no es propia de una democracia avanzada. ¡Todo el apoyo!", ha escrito en las redes sociales la Assemblea Nacional Catalana (ANC).
Por su parte, el president de Ómnium Cultural y preso político en Lledoners, Jordi Cuixart, ha denunciado: "El ataque al parlamentarismo apuntala el Estado de excepcionalidad permanente. Ante la alergia al debate democrático y de otra sentencia vergonzosa: más determinación, unidad y solidaridad".
En el juicio contra la Mesa, celebrado a finales del pasado mes de julio, faltaba una sexta imputada, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que se rexilió en Suiza poco antes de que el Supremo la procesara por "desobediencia" por impulsar, junto a Boya, las proposiciones de ley que permitieron el referéndum del 1-O.
