CeAQUA: "El proyecto de Ley de Memoria sigue asentándose en los pilares del régimen de impunidad con los crímenes del franquismo"

Entidades memorialistas, como CeAQUA, ARMHA, Sanfermines 78 o Martxoak 3, muestran preocupación ante la nueva Ley de Memoria pendiente de su aprobación final en el Congreso español. Aunque reconocen avances, critican que "el reconocimiento a la verdad es parcial y sigue protegiendo a los victimarios. Se siguen cerrando las puertas de los tribunales del Estado a las víctimas del franquismo. Y la reparación, lejos de ser integral, se queda en el terreno 'moral' y no jurídico, que es como señala el derecho internacional".

Homenaje de ARMHA, el pasado mes de abril, a las víctimas del franquismo en la tapia del cementerio de Torrero. Foto: Iker G. Izagirre (AraInfo)

Cumplidos dos años desde que la nueva Ley de Memoria Democrática del Estado español iniciará su trámite, la pasada semana, EH Bildu consiguió cerrar un acuerdo con el Gobierno de coalición -PSOE y Unidas Podemos-, que permitirá sacarla adelante con mayoría simple tras meses aparcada en un cajón. "Un paso más en la reparación de una realidad silenciada y la construcción de una memoria inclusiva", recalcó la diputada vasca Mertxe Aizpurua en una rueda de prensa en la que desgranó el pacto.

Entre otras medidas, EH Bildu ha conseguido la cesión al Ayuntamiento de Donostia del Palacio de la Cumbre, de triste recuerdo por el caso Lasa y Zabala, donde fueron torturados antes de ser asesinados y enterrados en cal viva por agentes de la Guardia Civil, integrados en el GAL, en el año 1983. Este espacio y el Fuerte de Ezkaba en Iruñea, escenario el 22 de mayo de 1938 de la mayor fuga carcelaria de Europa, en la que participaron 795 presos antifascistas y republicanos -207 fueron fusilados, 585 detenidos y tres consiguieron llegar a suelo francés-, se convertirán en lugares de memoria. El acuerdo incluye también "declarar ilegales los tribunales franquistas y anular todas sus condenas", además de "ampliar el límite temporal de la ley hasta 1983 (y no hasta 1978)", apuntó Aizpurua. Es decir, un primer paso para el reconocimiento de las víctimas de torturas y de la guerra sucia del Estado español durante los cinco años posteriores a la aprobación de la Constitución.

La nueva norma, que sustituirá a la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en 2007, se encuentra ahora en la última fase de tramitación parlamentaria, tras superar la fase de ponencia, donde se han introducido las diferentes enmiendas pactadas entre EH Bildu, PNV, PDeCAT, Más País y Coalición Canaria con los partidos del Gobierno. ERC -que la considera insuficiente- y Junts se han abstenido, y las derechas -PP, Vox y Ciudadanos- mantienen su rechazo. Este lunes, la propuesta vio luz verde en la Comisión Constitucional. Si no hay sorpresas, la próxima semana, el 14 de julio, el pleno del Congreso debería dejarla aprobada sin mayores problemas para remitirla al Senado.

Preocupación entre las entidades memorialistas, que piden "no cerrar en falso esta oportunidad histórica"

A los pocos días de conocerse los detalles del acuerdo, y tras denunciar en Bruselas la impunidad del Estado español con los crímenes franquistas, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA), que aglutina a más de 150 asociaciones memorialistas, como la aragonesa ARMHA y las vascas Sanfermines 78 Gogoan y Martxoak 3, hizo público un manifiesto en el que afirman que "es evidente que el actual proyecto de Ley de Memoria Democrática, en su redacción oficial actual e incluidas las enmiendas aceptadas y transaccionadas conocidas, contiene una serie de mejoras importantes en relación con la situación legal anterior, como no podía ser de otra forma, dado el poco desarrollo de la Ley de Memoria vigente y la lucha e insistencia con que las organizaciones memorialistas, integradas en CeAQUA, han venido desarrollando desde hace años".

En este proyecto de ley, añade el manifiesto, se recoge "una amplia definición de víctima del franquismo; la creación de un censo de las mismas; se elaborará un mapa de fosas y se hace responsable al Estado de la búsqueda de personas desaparecidas y las exhumaciones; se declara la nulidad de los tribunales franquistas y sus sentencias; se crea un Banco de ADN; se destaca la memoria y la investigación de la lucha de las mujeres y se implementa el estudio obligatorio de la memoria histórica en ámbito educativo, entre otros temas".

Aun así, desde CeAQUA ven con preocupación que el proyecto resultante "sigue asentándose en los pilares fundamentales que conforman el régimen de impunidad para con los crímenes del franquismo que venimos arrastrando desde hace ya 45 años".

En este sentido, consideran que en el ámbito de la verdad, "el reconocimiento de la misma es parcial e interesado, pues sigue invisibilizando y, por ello, protegiendo a los victimarios". "Si no hay investigación judicial no puede establecerse una 'verdad jurídica' sobre los hechos acaecidos", advierte CeAQUA. Además, el mantenimiento en vigor de la franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968 "impide la investigación de muchos de los crímenes cometidos". "Igualmente, el hecho de que la proposición de Ley de Bebés Robados esté paralizada en el Congreso de los Diputados desde hace dos años, está contribuyendo a que queden impunes estos graves delitos", añaden.

En lo que respecta al derecho a la justicia, para CeAQUA los déficits son mayores, porque "se siguen cerrando las puertas de los tribunales del Estado a las exigencias planteadas por las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo: asesinatos, desapariciones, bebés robados, trabajo esclavo, torturas, cárcel, exilio, expolio patrimonial...". "Parece -continúa el manifiesto- que la investigación que se supone llevaría a cabo el Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria que se crearía, derivaría hacia la jurisdicción voluntaria y no hacia la penal. Por si fuera poco, la Ley de Amnistía de 1977 no se anula ni deroga y el derecho internacional referido a esta materia sigue sin ser reconocido, con lo que nos hace temer que no se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que sufrieron graves violaciones punibles de derechos humanos durante la dictadura y la llamada transición".

"Evidentemente, si partimos de una verdad parcial e interesada y de la negativa a acceder a la justicia, la reparación derivada de lo anterior, lejos de ser integral, se queda, como ya está ocurriendo en muchos casos, en algo puramente mediático-administrativo, en el terreno 'moral' y no jurídico, que es como señala el derecho internacional. Y, hasta el momento, se cierra la posibilidad de que los expolios patrimoniales padecidos sean revertidos y los daños causados sean justamente compensados e indemnizados", critican las entidades memorialistas.

Por último, "debido al silenciamiento, protección y amparo otorgado a los victimarios y a la ya señalada negativa a abrir las puertas de la justicia a las exigencias de las víctimas, las garantías de no repetición de las vulneraciones de derechos humanos padecidas durante el franquismo quedan muy en entredicho". Por eso, desde CeAQUA reclaman a "los grupos que conforman el Gobierno español y a todos aquellos que han afirmado la necesidad de acabar con el actual régimen de impunidad para con los crímenes franquistas", que "no cierren en falso esta oportunidad histórica y actúen en consonancia con las reiteradas exigencias de los organismos internacionales y del propio movimiento memorialista". "Porque cerrar las heridas aún abiertas por los crímenes del franquismo exige algo más que conformarse con las mejoras parciales que el Proyecto de Ley de Memoria Democrática contiene", aseveran.

Enrique Gómez (ARMHA): "Habría que haber hecho cirugía y siguen dando pastillas"

Enrique Gómez, presidente de ARMHA. Foto: Iker G. Izagirre (AraInfo)

Enrique Gómez, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón -integrante de CeAQUA-, sostiene, en conversación con AraInfo, que esta nueva Ley de Memoria "supone muchos avances" respecto a la Ley de Memoria de Zapatero, pero "en lo fundamental sigue quedándose corta, sin tomarse en serio el hacer las cosas de otra manera". "Una ley que no va al origen, sino a algunos de los remedios. No estamos de acuerdo con la diagnosis inicial, porque habría que haber hecho cirugía y siguen dando pastillas", critica.

Para Enrique, debería afrontarse con valentía. "Condena del franquismo en sede parlamentaria para que cada uno se retrate, una comisión de la verdad con personas expertas y la elaboración de un libro blanco, y ahí salen todas las recomendaciones, tanto legales como de otros tipos, para que se hagan los políticas de memoria como deben de hacerse". "¿Qué sucede? Que esto no se hace, porque no se afronta. Tampoco se afronta la famosa Ley de Amnistía de 1977, un obstáculo infranqueable porque el PSOE no quiere saber absolutamente nada de tocar una ley que ha sido interpretada internacionalmente como una ley de 'punto y final', por su artículo segundo en el que se autoamnistían todas aquellas personas que hayan podido cometer delitos en la defensa del Estado durante el franquismo".

El presidente de ARMHA también pone matices a la creación de esa figura del Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria. "No se le da ningún tipo de competencias penales y no actúa de oficio. Con lo cual, es un mero escaparate para decir que le dan una cierta cobertura legal, algo que es fundamental". "Lo que está denunciando CeAQUA desde hace mucho tiempo es que se está hurtando el principio de derecho de acceso a la justicia a un montón de víctimas. Algo que tampoco se recoge en esta ley", añade Enrique, que aprovecha para recordar la parálisis en la acción del cuatripartito aragonés -PSOE, PAR, Podemos y CHA- para el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, un asunto que ha vuelto a criticar IU Aragón esta misma semana.

Por todo ello, desde CeAQUA, y las entidades memorialistas integradas en ella, hacen un llamamiento expreso a los grupos parlamentarios para que exijan, en esta última etapa, la incorporación de las demandas expuestas y que "resultan imprescindibles para revertir el modelo de impunidad actual". "En caso contrario -señala el manifiesto-, una vez más, se dejará en el más absoluto desamparo judicial a las víctimas del franquismo, sus familiares y al conjunto de la sociedad, reforzando la negación de derechos fundamentales que tan severamente ha sido censurada desde instancias internacionales, básicamente, desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas".

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