El Tribunal Constitucional deniega la indemnización estipulada por la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo a las familias de Lasa y Zabala, argumentando que los dos jóvenes asesinados y enterrados en cal viva por el GAL en el año 1983 pertenecieron a ETA. Las familias denuncian que este hecho no está probado y añaden que la decisión del TC vulnera la presunción de inocencia.
