Entidades memorialistas denuncian en Bruselas la impunidad del Estado español "que se niega a investigar y enjuiciar los crímenes franquistas"

Las asociaciones, integradas en CeAQUA, han viajado al Parlamento europeo para exigir el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y se preguntan: ¿Cuántas legislaturas serán necesarias para acabar con la impunidad del franquismo?

Representantes memorialistas junto a los eurodiputados Pernando Barrena y Miguel Urban en su viaje a Bruselas. Foto: CeAQUA

Una delegación de CeAQUA, con representantes de diversas entidades de víctimas y por la recuperación de la memoria de Aragón, Euskal Herria, Galiza, País Valencià, Asturies y Madrid, llevaron este miércoles al Parlamento europeo la denuncia por la impunidad de las torturas, asesinatos y crímenes del franquismo. Un paso más en su lucha contra el olvido ante la parálisis del Gobierno español.

En Bruselas, invitadas por el intergrupo de Memoria, han demandando el compromiso de las instituciones para que "el Gobierno español proceda, de una vez por todas, a remover los obstáculos que impiden la investigación judicial de los crímenes del franquismo que continúan impunes a día de hoy".

Durante su visita, las entidades memorialistas desarrollaron la jornada 'Las instituciones europeas ante la impunidad de los crímenes franquistas', en colaboración con los grupos parlamentarios GUE (The Left), Los Verdes, Renew y S&D. Una jornada en la que se impartieron dos conferencias, 'Impunidad. Enjuiciamiento de los crímenes franquistas. Caso Martín Villa' e 'Iniciativas para acceder a la justicia'.

Las conferencias contaron con la participación del equipo jurídico de la Querella argentina, la abogada argentina, Julieta Bandirali, y Jacinto Lara. También intervinieron las abogadas de Zaragoza y València, Lourdes Barón y Mª Isabel Blas, que han presentado querellas por las torturas efectuadas por la Brigada Político Social y casos de desaparición forzada, que como todas las querellas presentadas en el Estado español han sido archivadas por los juzgados, y en estos momentos continúan con su tramitación en los organismos internacionales competentes.

Los eurodiputados y eurodiputadas presentes, Pernando Barrena (EH Bildu - Os Pueblos Deciden), Miguel Urbán (Anticapitalistas), Diana Riba (ERC), Carles Puigdemont y Toni Comín (JxCat), entre otros, han puesto de manifiesto la lucha de las víctimas y han valorado como uno de los mayores problemas la no renovación de la judicatura franquista cuando murió el dictador.

Además, la delegación de CeAQUA mantuvo reuniones con diferentes grupos europarlamentarios y con la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para obtener información respecto de las peticiones efectuadas y poder avanzar en su tramitación. Estas peticiones, cursadas en su momento, son: Masacre del 3 de marzo en Vitoria / Gasteiz, el asesinato de Germán Rodríguez en los Sanfermines de 1978, así como las torturas por parte de miembros de la Brigada Político Social y las Fosas de Paterna.

14 años sin atender las recomendaciones de la ONU

Las entidades memorialistas han vuelto a mostrar su preocupación "por la parálisis que están sufriendo las iniciativas legislativas que podrían avanzar en la rendición de cuentas del Estado español por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo". Las organizaciones subrayan que organismos como Naciones Unidas llevan más de 14 años pidiendo medidas eficaces que hagan efectivo el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos en el pasado, mientras el Proyecto de Ley de Memoria Democrática y la Proposición de Ley sobre Bebés Robados a nivel estatal apenas avanzan.

En este sentido, recuerdan que en el año 2008, Naciones Unidas (ONU) reclamó por primera vez al Estado español "adoptar medidas concretas para acabar con la impunidad por los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo y garantizar los derechos de las víctimas". Desde entonces, diversos mecanismos de la ONU han emitido hasta once informes señalando la necesidad de privar de efectos a la Ley de Amnistía, de forma que no pueda ser aplicada por los tribunales españoles para impedir el enjuiciamiento de estos crímenes, y eliminar así los obstáculos a la investigación judicial de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el Estado en el pasado. Además, siete de estos once informes incorporaron la recomendación expresa al Estado español para que establezca una Comisión de la verdad para el esclarecimiento de los crímenes del franquismo.

"Lamentablemente, el Estado español lleva sin atender las recomendaciones de la ONU desde hace más de 14 años, y tampoco están recogidas en el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, ni en las enmiendas presentadas conjuntamente por los socios de gobierno. ¿Cuántas veces lo tendrá que repetir la ONU?, ¿cuántas legislaturas serán necesarias para que las víctimas del franquismo y sus familiares puedan tener respuestas?", critican.

¿Cómo repercute este retraso en las víctimas?

Desde CeAQUA señalan que de aprobarse el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, el Estado español pondría en marcha, entre otras medidas, un Fiscal al que se atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, y se declararía la nulidad de las sentencias injustas dictadas durante el régimen franquista. "Si bien estas medidas dan respuesta a algunas de las recomendaciones realizadas desde Naciones Unidas, el Proyecto requiere de importantes áreas de mejora para poner fin a la impunidad reclamada en 2021 por el relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición", que en su informe aseguraba que "en España, las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen franquista permanecen impunes".

La impunidad a la que alude el relator de la ONU, Fabián Salvioli ha perdurado durante varias generaciones. Siendo en muchos casos los nietos y nietas de las víctimas las que están asumiendo las tareas derivadas de localizar los restos de las personas que aún permanecen en fosas comunes. Es el caso de Antonio Narváez que falleció en octubre de 2020 con 87 años y sin haber logrado encontrar los restos de su padre y su madre, desaparecidos durante la Guerra de 1936 en Marchena, Sevilla. "Hoy son las hijas de Antonio, María Teresa, Eva María y Conchi quienes continúan la búsqueda. De aprobarse la Ley de Memoria Democrática, esta búsqueda pasaría a ser una obligación legal para el Estado, que tendría que asumir de forma directa la responsabilidad de llevarla a cabo", subrayan.

"También es urgente el reconocimiento jurídico de todas las víctimas del franquismo y la elaboración de un censo. Así como poner en marcha las medidas necesarias en materia de educación, incorporando en el currículo educativo contenidos sobre memoria y derechos humanos, algo fundamental como herramienta para fortalecer las garantías de no repetición", incide Paloma García de CeAQUA.

Respecto a la Ley Estatal sobre bebés robados, CeAQUA recuerda que en enero de 2022, diversas personas expertas de Naciones Unidas (Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; y Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición) enviaron una carta al Gobierno español preguntándole por "los motivos por los cuales la Proposición de Ley se encuentra en etapa de enmiendas desde septiembre de 2020, sin avanzar hacia su aprobación final".

"Las organizaciones no tenemos constancia de que se haya respondido a dicha carta. En noviembre de 2021, el Comité de Desapariciones Forzadas criticaba que las investigaciones sobre 'bebés robados' fueran archivadas por no poder acceder a documentación relevante, y por considerar los casos prescritos; así como por el hecho de que las medidas adoptadas por las autoridades para estos casos no hayan permitido identificar a las víctimas", lamentan.

María José Picó, que busca a su hermana melliza, nacida en 1962 en Alacant, explicó a Amnistía Internacional que "las víctimas no tenemos medios para buscar, no tenemos manera, podemos estrellarnos, pero no, es el Estado el que tendría que hacerlo. Nosotras podemos estar ahí y ayudar, pero los que tienen el poder de hacerlo son ellos [las autoridades], y nos tienen abandonados". María José consiguió que la Fiscalía impulsara dos exhumaciones en el cementerio de Alacant, donde supuestamente habrían enterrado a su hermana. "Las intervenciones no pudieron confirmar que su hermana estuviese ahí enterrada, y pese a encontrarse por tanto aún desaparecida, la Fiscalía decidió cerrar la investigación", explica Soledad Luque de la Asociación Todos los niños robados son también mis niños.

"Tras cuatro años de parón en la tramitación de la Ley Estatal sobre Bebés Robados, es urgente que el Parlamento impulse su aprobación para garantizar la búsqueda e identificación de niños y niñas, las investigaciones exhaustivas e independientes, la asistencia integral, tanto jurídica como psicosocial para las víctimas, y el reconocimiento público del impacto que este tipo de violencia ha tenido específicamente en las mujeres. No hay excusa que pueda justificar, que este tema siga sin abordarse, y casos como el de María José sigan sin tener respuesta", añade Luque.

Las organizaciones memorialistas y de víctimas del franquismo exigen que se termine el proceso de tramitación de estas dos leyes y se puedan presentar para su aprobación en el Congreso español antes de que termine esta legislatura. "Es un compromiso que adquirió el Gobierno de Pedro Sánchez y debe cumplir porque no se puede seguir postergando el reconocimiento y el derecho a las víctimas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos a obtener verdad, justicia y reparación", concluyen.

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