Naciones Unidas pide al Gobierno español la aprobación de la Ley sobre "bebés robados" paralizada desde hace 16 meses

Le corresponde ahora al Gobierno español "actuar" para que la proposición de ley, cuya tramitación ha pasado por dos legislaturas, "supere el bloqueo que la hace estar vergonzosamente parada mientras las víctimas continúan en total desamparo", recuerda la asociación “Todos los niños robados son también mis niños”

Foto: Alvaro Minguito (Diagonal)

El Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada, junto con otros tres mandatos más de Naciones Unidas, han enviado directamente al Gobierno español una carta argumentando la necesidad de la aprobación de la proposición de ley sobre "bebés robados" en el Estado español, parada en el trámite de enmiendas desde hace 16 meses.

Las expertas y expertos de las Naciones Unidas consideran que la proposición de ley "recoge en buena medida las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales relevantes" y, en general, "las normas de derecho internacional de los derechos humanos". Además, opinan que es de "vital importancia" que el Congreso español "se apegue al texto originalmente introducido" y "procure no desvirtuar su contenido mediante enmiendas que vayan en contra del espíritu de la norma y de los instrumentos internacionales en los que ésta se basa". Y subrayan la importancia de que la proposición de ley "refleje el derecho internacional de los derechos humanos aplicable a la materia" y, en particular, "las obligaciones asumidas por el Estado español" y "las correspondientes recomendaciones específicas que diversos mecanismos internacionales han formulado al Estado al respecto".

De todo ello ha informado la asociación “Todos los niños robados son también mis niños”, cuya presidenta, Soledad Luque Delgado, celebra con "enorme satisfacción" y elogia la publicación de dicha carta, así como su envío directo al Gobierno español.

La asociación recuerda que el 17 de septiembre de 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) mantuvo un diálogo con el Gobierno español sobre la situación de las medidas adoptadas por el Estado para cumplir las obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por el Ejecutivo español en 2009. Como conclusión de ese diálogo, el Comité publicó el 27 de septiembre de 2021 un informe con sus observaciones finales.

En relación con la apropiación de niñas y niños, el CED instaba al Estado español a la pronta aprobación de la Ley de bebés robados en el Estado español (122/39), "injustificadamente" parada en el trámite de enmiendas desde hace un año, "garantizando su plena compatibilidad con la Convención", y teniendo en cuenta todas las
reivindicaciones del colectivo de víctimas por el denominado ‘robo de bebés’ que aparecen en dicha proposición de ley.

La carta ahora enviada por los cuatro mandatos de Naciones Unidas incide sobre la "extrema necesidad" de que esta proposición sea aprobada, recordando no únicamente el informe del CED del 27 de septiembre de 2021, sino también las recomendaciones anteriores de mecanismos internacionales al Estado español en relación con la apropiación de niñas y niños: los informes del propio Grupo de trabajo sobre la Desaparición Forzada de 2014 y 2017; del Relator Especial sobre la promoción de la
verdad, la justicia , la reparación y las garantías de no repetición de 2014 y 2021; así como el informe del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en 2017.

De igual forma, "la carta hace una relación de las Normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos aplicables a esta materia que son recogidos en diferentes
Convenciones y Convenios ratificados por el Estado español, así como en Directivas internacionales", incide Luque. Los expertos y experta de las Naciones Unidas, autores de esta carta, también consideran que "sería pertinente modificar el artículo 607 bis del Código penal para incluir a la apropiación de niñas y niños", así como declarar "explícitamente" la "imprescriptibilidad" del crimen de desaparición forzada de aquellos niñas y niños separados involuntariamente de sus familias biológicas.

Los mandatos firmantes de la carta han solicitado información sobre el momento en que se encuentra la tramitación de la proposición de ley sobre ‘bebés robados’ (122/39) y han ofrecido colaboración al Gobierno español para "asistir al Estado en sus esfuerzos para fortalecer el marco legislativo e institucional del país, y así
garantizar la realización de los derechos humanos para todas las personas en España".

A día de hoy, añade la asociación “Todos los niños robados son también mis niños”, el Gobierno español todavía no ha respondido a la petición de información ni al ofrecimiento de colaboración de los cuatro mandatos de Naciones Unidas. "Nuestra asociación ha mantenido con el Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada y otros organismos de Naciones Unidas una constante comunicación y hemos podido observar que siempre han tenido en cuenta las diferentes intervenciones que
hemos realizado en las sesiones que han celebrado, así como los documentos que les hemos hecho llegar sobre la Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español".

Esta proposición, continúa Soledad Luque, es "una iniciativa que promovemos en el Congreso de los Diputados desde 2018, desde la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina contra los crímenes del franquismo (CeAqua)", y con el apoyo de entidades estatales e internacionales defensoras de los derechos humanos, a las que se suman organizaciones memorialistas, feministas y académicas. La proposición cuenta, además, con "el respaldo imprescindible" de numerosas asociaciones de víctimas por el robo de niñas y niños de diferentes territorios del Estado español que "se han sumado de manera importante, destacable y proactiva".

La asociación “Todos los niños robados son también mis niños” agradece al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, a la Relatoría Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a la Relatoría Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y la Relatoría Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición la emisión y publicación de esta carta enviada al Gobierno español.

Por último, Luque recuerda que le corresponde ahora al Gobierno de Pedro Sánchez "emitir una respuesta y actuar, en función de sus competencias", para que la proposición de ley sobre bebés robados en el Estado español (122/39), cuya tramitación ha pasado por dos legislaturas, "supere el bloqueo que la hace estar vergonzosamente parada mientras las víctimas continúan en total desamparo".

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