Si por algo tienen predicamento los gobiernos conservadores de Aragón entre la banca y entre los señores del dinero y de las finanzas es por lo que estimulan su negocio. Ocurrió con Luisa Fernanda Rudi de una manera palmaria. Y el experimento neoliberal de Jorge Azcón con el apoyo de los ultras de Vox no iba a ser menos: la deuda pública y su factura de intereses vuelve a crecer nada más tomar posesión del Pignatelli, y sus previsiones apuntan a que eso va a continuar pasando cuando ese gravamen a favor del prestador se encuentra en los niveles más altos de los últimos quince años.
La letra pequeña de los anuncios del orden contable y financiero que, según la narrativa-propaganda oficial, iba a seguir al desorden de varios años de gobiernos de la izquierda, tan escorados a babor como para ser vicepresididos por el mismo PAR que lleva unos meses entregado a PP-Vox, tiene algunos matices de interés, como ya avanzaba el propio documento de ‘capitulaciones matrimoniales’ que dio a Azcón la presidencia del país.
“Las grandes deudas son un privilegio de la riqueza”, dejó escrito el poeta francés Georges Duhamel, fallecido a mediados de los años 60, quince años antes de la fundación de la actual Diputación General de Aragón, que acumula un endeudamiento de más de 9.000 millones de euros que la sitúa, con ventaja, como el principal deudor del país.
La gestión de la deuda pública ha sido uno de los aspectos más destacables de los gobiernos de Javier Lambán (PSOE), llamativamente con mayor contención en la segunda legislatura, la de la pandemia, que en la primera.
Según los datos del Banco de España, aumentó en 1.385 millones de euros entre 2015 y 2019 para hacerlo en otros 818 entre 2029 y el otoño de 2023, unas cifras cuya suma resulta inferior a los 3.527 acumulados por el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi (PP) entre 2011 y 2015 mientras desplegaba una impasible política de recortes sociales y que tampoco alcanza los 2.238 de la última legislatura de Marcelino Iglesias (PSOE) y José Ángel Biel (Par), la de 2007 a 2011 con la Expo de por medio.
El trabajo de auditoría desarrollado por la Cámara de Cuentas sobre la Cuenta General del Gobierno de Aragón de 2022 apunta en esa misma dirección: “persisten los desequilibrios en las cuentas autonómicas, pero se reduce el endeudamiento por primera vez en veinte años”, señala, tras constatar una merma de 103 millones de euros a la que se añade otro dato positivo.
“También redujo los intereses en 15 millones de euros, como consecuencia de las operaciones de reestructuración de deuda realizadas en el ejercicio”, reseña el órgano de fiscalización, el cual, no obstante, anota que el año se cerró con un déficit de 418 millones de euros, “lo que significa que los ingresos presupuestarios del ejercicio no fueron suficientes para financiar las obligaciones reconocidas en 2022”, y que el volumen de ‘facturas en el cajón “se incrementó en 64 millones hasta los 205”.
“La auditoría confirma que 112 millones figuran en esta cuenta por falta de presupuesto”, anota el informe, que también reseña cómo “el 76% del total corresponde a obligaciones generadas por el Salud”.
Ese es el escenario al que llegó para poner orden contable el Gobierno de Jorge Azcón y Alejandro Nolasco: una reducción de la deuda por primera vez en dos décadas y un recorte de la factura de los intereses que generan esos débitos a la mitad de la que dejó Rudi cuando salió del ejecutivo.
De enero a noviembre de 2024, y según indican los informes de Ejecución Presupuestaria del Gobierno de Aragón, la factura de los gastos financieros asciende a 115,2 millones con una previsión de llegar a los 139, aunque los intereses de la deuda se quedan en 108,4: 48,3 por las emisiones propias, 41 por los préstamos y créditos de entidades bancarias españolas y otros 19,1 de bancos extranjeros. El grueso de esa cantidad (102,6) estaba comprometido en julio, en último mes cerrado con el anterior Gobierno en funciones.
Más dinero para la banca española
Sin embargo, la letra pequeña de los Presupuestos para el 2024 contempla un crecimiento notable de esa partida: concretamente hasta los 216 millones de euros en el caso de los gastos financieros, con la práctica totalidad de esa cifra en intereses de créditos.
Concretamente, la previsión de gastos del programa 111 de la sección 30 prevé destinar 48,206 millones de euros al pago de intereses por títulos propios de deuda, es decir, por las obligaciones emitidas por el propio Gobierno de Aragón; otros 62,785 por créditos suscritos con bancos españoles, 7,5 de ellos por operaciones de corto plazo, y 13 más por “intereses de préstamos del exterior con entidades de crédito”.
Es decir, que la factura de los intereses de la deuda propia apenas va a variar, la de los créditos con entidades extranjeras va a menguar y la de préstamos con la banca local, que de enero a noviembre de 2023 se había llevado apenas 40 millones de euros, va a crecer de una manera notable.
A estas cifras se les añade otra partida que no figuraba en los Presupuestos de 2023 ni tampoco en su Estado de Ingresos y Gastos: 94,917 millones de euros por “intereses de operaciones financieras con el Estado”.
¿Todo por los tipos de interés?
Esa previsión de gastos en intereses se produce, curiosamente, cuando el margen de endeudamiento es inferior en 340 al que tuvo el cuatripartito de Lambán en su último año de estancia en el poder: 1.359,12 por 1.699,8.
¿Ese aumento de la factura de los intereses puede deberse a que los tipos están altos? El precio oficial del dinero está al 4,5% desde septiembre, pero lleva en el 4% desde mediados de junio tras haber alcanzado el 3% hace un año, en febrero.
El grueso de esa previsión de encarecimiento solo puede estar vinculada a deuda de contratación nueva, o cuando menos reciente, ya que los tipos oficiales estuvieron a cero entre marzo de 2016 y julio de 2022, no superaron el 2% hasta mediados de diciembre de ese año y la barrera del 3% no cayó hasta finales de marzo del año pasado.
El artículo 49 del Presupuesto autoriza al consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, a “tramitar las operaciones necesarias para emitir deuda pública, bonos u otros instrumentos financieros o concertar operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe máximo de 1.359.120.448,87 euros”, una cifra que “podrá verse ampliado por medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez que la Administración General del Estado ponga a disposición” de los gobiernos.
“Se garantiza el compromiso de responsabilidad fiscal, que habrá de plasmarse en una reducción del déficit que permita cumplir con la exigencia de consolidación y alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria a medio plazo”, dice la exposición de motivos del Presupuesto, que asegura que el Gobierno de Aragón “cumplirá con el objetivo de deuda marcado y el aumento de endeudamiento neto previsto será consistente con los incrementos de deuda permitidos”. Se verá.
