Cómo es que nunca antes se le había ocurrido a nadie? ¿A qué puede deberse que ninguna empresa, banco ni fondo de inversión pujara en septiembre por hacerse con la contrata de semejante negocio? ¿Es posible que nadie, salvo las dirigencias del triángulo Real Zaragoza-Gobierno de Aragón-Ayuntamiento de Zaragoza, se haya percatado de la magnitud de la tajada o que el resto del mundo del dinero opte por dejarla pasar?
Las cifras del denso legajo de 443 páginas que supone el expediente municipal de La Nueva Romareda se quedan, efectivamente, lejos de las que en su día blandían los promotores de Gran Scala: una inversión de 17.000 millones de euros que iba a generar una facturación de 3.000 anuales... sobre el papel, porque la cosa se disolvió con el enésimo chaparrón de agua de borrajas que asola el país, posterior al del Rubbiatrón y la siderurgia de Ontiñena, y a la Expo, y anterior al de la fábrica de diamantes de grafeno. Y con la duda de si la idea, que no todavía proyecto, del estadio zaragozano acabará engrosando esa lista.
Ahora, según las fuentes que vierten sus conclusiones en el expediente, se trata de construir un estadio que, según indica un extenso informe del Área de Hacienda y Fondos Europeos del consistorio, costaría 222.419.800 euros, una cifra que se desglosa en: 24,5 millones de euros del suelo (anoten este dato), 154 en las obras propiamente dichas (120 para el edificio y 20 para las zonas comerciales con una previsión de 14 por los previsibles desvíos durante la ejecución), 7,5 en permisos y licencias, tres en “proyectos Real Zaragoza” (sic) y 33,42 en gastos financieros.
Esa inversión sería, según el prolijo estudio económico financiero que firma Pablo Millán García, titular de un Doble Grado en Administración de Empresas, Finanzas y Contabilidad pero, también, asesor del equipo de gobierno municipal de Natalia Chueca, capaz de generar un negocio de 7.195 millones de euros en 75 años, a una media de casi 96 anuales.
Sin embargo, ninguna empresa, banco ni fondo de inversión pujaron por el contrato de construcción del estadio con una concesión para explotarlo durante 75 años que se cerró en septiembre ni, ahora mismo, el triángulo de promotores Real Zaragoza-Gobierno-consistorio dispone del dinero necesario para acometer la empresa.
¿Y nadie más se interesa por un negocio de esa magnitud?
Real Zaragoza SAD ya dijo en enero que carecía de fondos suficientes para ir a ese concurso en solitario y en septiembre confirmó que tampoco había obtenido la financiación externa que requiere el proyecto.
Y, ahora, tanto los informes oficiales como los de parte que constan en el expediente coinciden en indicar que serán necesarios créditos por valor de 60 millones de euros para sacar adelante el proyecto.
Esa previsión de endeudamiento supone, implícitamente, descartar la entrada de socios externos al ‘triángulo de La Romareda’ en la operación. Y, también y según los cálculos de Millán, que prevé que sean devueltos en 25 años con un interés del 5% (euríbor más dos puntos), generar una factura de 50,275 millones en intereses que "elevan el coste financiero a 110,375.094 millones de euros”.
“El Real Zaragoza SAD ha mostrado su compromiso a poder colaborar activamente en el proyecto, a pesar de no poder contribuir con un volumen de capital social y recursos propios como se estimaba inicialmente al no lograr la financiación externa que ineludiblemente es preciso obtener para abordar el proyecto, no al menos en solitario”, reseña el informe de Millán.
El documento recoge también cómo “la implicación de las diferentes entidades gubernamentales a nivel local y autonómico es otro de los factores clave para la consecución del proyecto”, aunque no incluye ninguna referencia a que esa disposición aflora en vísperas de que las administraciones vuelvan a estar sujetas a las reglas de déficit una vez superado el bache de la pandemia; reglas que, por otra parte, van a resultar más que de difícil cumplimiento si el Gobierno de Aragón ejecuta las medidas fiscales y económicas incluidas en el pacto PP-Vox.
¿33 ó 50 millones de intereses por un crédito de 60?
Esos 50,275 millones de euros en intereses que calcula Millán, que requerirían partidas anuales de más de cuatro millones de euros para cubrir el rédito y la amortización del principal, superan en casi diecisiete millones los 33,42 que calcula el Área de Hacienda del ayuntamiento, lo que elevaría el presupuesto de 222,4 a 239,2.
El coste financiero, es decir, la factura de los intereses que conlleva el endeudamiento que requiere carecer de financiación propia para pagar las obras, forma parte del presupuesto. Aunque este detalle, millonario, no aparece ni en el discurso oficial sobre el proyecto del estadio ni en su propaganda.
Los cálculos del Área Hacienda parten de que la sociedad La Nueva Romareda realiza unas aportaciones de 128,99 millones de euros, aunque esa cifra tiene algunos matices, ya que en ella se incluyen los 24,5 millones de euros que el ayuntamiento de la capital aragonesa prevé aportar a la empresa al entregar el uso del suelo por 75 años.
Entonces, ¿el suelo es capital, coste o qué es en este entuerto? Es un bien de propiedad municipal del que el ayuntamiento deja de disponer, porque lo aporta como capital a la empresa, y que se consume en ese momento por sí mismo: a efectos del patrimonio municipal da lo mismo meter 24,5 millones en una empresa para que esta compre una parcela que poner esa parcela sin billetes. Y algo similar ocurre a efectos de la compañía.
La valoración del uso de la superficie del suelo, que es lo que el consistorio prevé aportar a la empresa, ha tenido una peculiar transformación a lo largo de la tramitación del expediente, en el que constan tres informes distintos del arquitecto Roberto Gascón Muñoz.
En el primero, tal y como en su día denunció Podemos, la tasación de 24.686.329,60 euros sale tras una suma en la que los 130 millones en los que entonces se estimaba el coste de las obras más los 30,8 de la parcela resultaban dar 168,8 en lugar de los 160,8 que le saldrían a cualquiera. Siete meses después, en octubre de este año, se recalcula en 24.331.912. Y, ya en noviembre y con las obras en 140, pasa a ser de 24.417.912.
¿Qué pasa el 23 de diciembre?
Hay varias situaciones reales entre la que no parece menor la de inquilino de la compañía que ocupa el estadio municipal de La Romareda, que es Real Zaragoza SAD.
Este, según consta en el legajo, “es cesionario de uso a precario del estadio municipal de La Romareda” según establece el “acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza, en fecha 23 de diciembre de 2013, con un plazo establecido de diez años” que vence en un par de semanas.
Esa fecha y sus consecuencias resultan claves para entender los tiempos que se van marcando en una operación triangular que tiene en uno de sus vértices al mismo ayuntamiento de Zaragoza que se muestra en su propaganda como especialmente activo e intransigente con la ocupación de inmuebles: no firmar algo, posiblemente la constitución de la sociedad con Real Zaragoza y con el Gobierno de Aragón, le obliga moralmente a activar los tramites de desahucio el día de nochebuena.
Los últimos movimientos, que incluyen la reciente consignación de un crédito de 20 millones de euros por parte del Gobierno de Aragón en su Corporación Pública Empresarial precisamente para aportarlos a la sociedad, así como la decisión municipal de aportar el derecho de superficie, apuntan a que el ‘triángulo de La Romareda’ salvará la fecha crítica del 23 de diciembre sin mayores incidencias.
La sociedad será constituida con un capital de 50,5 millones de euros que incluye los 20 del ejecutivo autonómico, los 24,5 del suelo y los seis en los que se valoran los proyectos previos de Real Zaragoza SAD, cuya valoración se ha duplicado en unos meses y cuya versión definitiva debe estar disponible antes de que acabe junio.
En cualquier caso, y a expensas de posteriores aportaciones de capital como las recogidas en el pacto de socios, la operación societaria consiste en la práctica en crear una compañía con una liquidez de 20 millones de euros para lanzar un proyecto valorado en 240, unas cifras que quizás puedan asegurar la financiación del derribo del actual estadio, pero no la construcción del nuevo.
¿Cómo va a asociarse ‘el triángulo de La Romareda’?
La redacción definitiva de los estatutos de la ‘sociedad limitada de propósito singular’ que van a fundar antes de que acabe el mes el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y Real Zaragoza SAD no se conoce, aunque en el expediente figuran varias propuestas en las que van registrándose cambios.
Así, en la última de ellas la duración inicialmente prevista de 75 años pasa a ser indefinida, mientras que el objeto social queda centrado en “la construcción y explotación de un nuevo estadio de fútbol en el emplazamiento que ocupa actualmente el estadio de fútbol municipal «La Romareda» y la explotación del derecho de superficie de la parcela de titularidad pública municipal aneja al estadio de fútbol para usos terciarios lucrativos”.
Paralelamente, añade, “el capital social queda establecido en la cifra de cincuenta millones quinientos mil (50.500.000) euros” que se encuentra “íntegramente suscrito y desembolsado” y que se divide en 101.000 “participaciones indivisibles y acumulables” de 500 euros de valor nominal cada una.
Estas “no podrán estar representadas por medio de títulos ni de anotaciones en cuenta ni denominarse acciones y en ningún caso tendrán el carácter de valores mobiliarios”.
El artículo 7 de esta última versión conocida de los estatutos sociales endosa a Real Zaragoza SAD, titular de 12.000 de las 101.000 acciones, la “prestación accesoria” de entregar “a más tardar el 31 julio de 2024” el proyecto de construcción del nuevo estadio “con el correspondiente visado del Colegio de Arquitectos que corresponda”.
Esa fecha se anota como “término esencial a los efectos del cumplimiento de esta obligación”, aunque “la sociedad podrá conceder una prórroga (…) siempre que se acuerde con anterioridad al 31 de julio de 2024”.
El coste de ese proyecto, “que no podrá ser superior al valor de mercado”, quedará registrado como aportación dineraria de la compañía deportiva a la nueva empresa.
Sin embargo, ninguno de esos es el detalle fundamental del formato societario elegido: ni el Gobierno de Aragón ni el Ayuntamiento de Zaragoza tienen intención de hacerse en ningún momento con la mayoría de la sociedad (más del 50% de las participaciones), ya que esa cuota la situaría bajo la supervisión de la Intervención y de la Cámara de Cuentas al convertirse formalmente en una empresa pública.
¿Qué vías de ingresos plantea el estudio?
El informe del asesor del equipo de gobierno de Chueca plantea una serie de vías de ingresos para la explotación del futuro estadio de La Nueva Romareda a partir de la premisa municipal: “la necesidad de construir un nuevo campo de fútbol en su actual ubicación que (…) permita a Zaragoza disponer de un estadio que responda a las necesidades de la ciudad y del club (sic) y que cumpla con los requerimientos para poder disputar grandes eventos deportivos y culturales” y que, además, permita “cumplir con los plazos comprometidos para la participación de la capital aragonesa en la candidatura española para el Mundial 2030”.
Eso lleva a incluirlos todas las supuestas vías de ingreso en un mismo saco, sin las segmentaciones que parecerían de sentido común cuando se trata de manejar dinero público y de que las instituciones asuman el grueso de la aportación: ¿qué usos puede tener el estadio al margen de los deportivos y qué rendimientos pueden generar estos? ¿qué pueden generar los usos asociados al deporte? y ¿qué expectativas proyecta, en concreto, el fútbol?, lo que debería llevar a la siguiente cuestión: ¿Real Zaragoza SAD interesa más como socio o como cliente?
Según el estudio, la explotación de las tiendas, es decir, el alquiler de espacio para comercios, podría llegar a generar 3,8745 millones de euros anuales sobre una previsión de arrendar 18.450 metros cuadrados a 17,5 euros mensuales el metro, a lo que se añadirían 628.180 euros por dos macroconciertos y ocho de menos entidad cada año, 540.000 más por eventos como partidos de la King’s League o de youtubers (para los que prevé ventas de 36.000 entradas a 30 euros a compartir con el promotor).
Esas propuestas, que comenzarían en 2029 y a las que pueden sumarse otras como los 301.620 euros anuales de las concesiones de puestos de comida y de bebida para los asistentes a las convocatorias, suman por sí solas más de cinco millones de euros anuales.
En el aspecto deportivo, la ‘venta’ del nombre del estadio o ‘naming right’ generaría de 1,1 a 1,4 millones anuales, con contratos de seis años revalorizables al 8,69% (1,4% anual) a los que se sumarían otros 110.000 de la ‘colocación’ de distintas gradas, lo que lleva la previsión al entorno de los 6,5 millones anuales, revalorizables según la inflación y, obviamente, en un cálculo que se hace sobre el papel.
¿Qué ingresos prevé para Real Zaragoza SAD?
El ‘socio industrial’ de la operación, Real Zaragoza SAD, tendría, aparte de la explotación de derechos televisivos por las competiciones en las que compiten sus equipos, a cuya magnitud no hay alusiones en el informe, y a la venta de entradas, abonos y merchandising, dos vías principales de ingresos: los 89.500 euros al año que podría llegar a generar su museo, que todo indica que sería construido con cargo a las obras del nuevo estadio, y lo que se denomina ‘hospitality’ y VIP, es decir, la venta de localidades y abonos de ‘alto standing’.
“La nueva Romareda debería disponer de la capacidad y la distribución para dotar al estadio de un aforo de espectadores VIP de 2.200, pudiendo tener posibilidad de aumentar hasta los 4.000 aproximadamente”, indica el estudio, que apunta que “las previsiones de ingresos, a partir de la completa construcción, accesibilidad y funcionalidad de dichas zonas, sería de alrededor de 3.120.000 euros” anuales.
Esa cifra “corresponde a la venta de 1.200 localidades a 2.600 euros cada una” por temporada, aunque de llegar a habilitar 4.000 localidades de ese tipo y vender el 60% de ellas a ese precio los ingresos se duplicarían para llegar a los 6,24 millones de euros.
En este punto, y salvo que algún detalle de calado se le escape al lector del expediente, surgen algunas preguntas obvias: ¿Qué problemas puede tener para financiarse por la vía bancaria una empresa, en este caso Real Zaragoza SAD, con semejantes previsiones y cuándo esos cálculos cuentan con el aval de una institución de la seriedad del Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Cuál es el motivo de que, con esas expectativas, deseche comprar una parcela y construir su propio estadio para capitalizar ese horizonte de ingresos multimillonarios?
¿Qué retornos esperan las instituciones?
El informe habla de “unos costes totales de 2.155.457,75 euros/año para el equipamiento deportivo y los usos terciarios” a partir de 2029, lo que deja un margen de más de cuatro sobre las previsiones de ingresos no futboleros al que hay que añadir los de 3,12 a 6,24 de los VIP, los casi 90.000 del museo y, en el caso del gestor ‘in péctore’, los no incluidos en el informe (TV, abonos estándar, merchandising, compraventa de jugadores); es decir, entre siete y diez netos.
Sin embargo, en un alarde de generosidad, las previsiones institucionales apuntan al cobro de un canon “justificado por la explotación, cesión y utilización exclusiva del emplazamiento e instalación deportiva exclusiva por parte del club (sic), Real Zaragoza SAD, para la generación de las potenciales fuentes de ingresos generadas a raíz de los eventos de carácter puramente deportivo”.
A estos, que incluyen los “derechos televisivos, plusvalías por la compraventa de jugadores, comercialización y sponshorship, ticketing y venta de entradas y abonos, tienda del club” se les añadirían “las entradas de efectivo referentes a ‘hospitality’ y VIP, así como los ‘naming rights correspondientes al estadio en sí, los potenciales referentes al ‘naming rights’ de las gradas y los ingresos generados por las concesiones de puestos de comida y bebida y potenciales emplazamientos de restauración”.
Es decir, que ayuntamiento y gobierno entregarían todo el negocio, salvo el de los locales comerciales en la saturada Zaragoza, a la compañía deportiva a cambio de un canon progresivo que comenzaría en 150.000 euros anuales y acabaría en el entorno de los tres.
Pero, ojo, ese canon no iría a las arcas públicas de las que sale la inversión sino a las de la sociedad La Nueva Romareda: “Los ingresos totales que la sociedad percibiría en el concepto del pago de dicho canon, durante la totalidad de la vida útil de la sociedad, sería de 161.495.250,16 euros, lo cual supondría únicamente un 2,23% de la totalidad de los ingresos que la SAD canalizará, según las estimaciones, en los conceptos que se citaban anteriormente (7.195.789.232,22 euros)”.
“Se considera una cantidad adecuada, óptima y ajustada para el rédito y rendimiento que el club deportivo (sic) puede obtener de la explotación y uso de dicho equipamiento”, concluye el documento que firma Pablo Millán, que incluye esta críptica anotación: “el impacto social y la robustez que brindaría dicha instalación a modo de proyecto de ciudad son, además, variables intangibles e inmedibles, pero que también han de tenerse en consideración a la hora de formular y calcular la rentabilidad de la inversión”.
El legajo de documentos municipales no proyecta ninguna duda acerca de cual es el modelo elegido para la explotación del futuro estadio: “el escenario que se plantea (…) consistirá en la adjudicación, directamente por convenio (no habrá concesión ni arrendamiento) de la explotación y gestión de dicho negocio ajeno al ‘matchday’, mediante un contrato mercantil, al Real Zaragoza SAD” con el que “las fuentes de ingresos generadas por dichos servicios quedarían canalizadas y abonadas en las arcas del Real Zaragoza SAD, y a cambio la misma ejecutaría el pago de un porcentaje (entre el 2,5% y el 5%) de los ingresos generados por dichas fuentes de negocio a la sociedad, en concepto de explotación y uso de la instalación”.
¿Se echa en falta algo en los papeles?
El informe no plantea en ningún momento aspectos ‘de libro’ como la pignoración de los ingresos de Real Zaragoza SAD a cuenta de su participación en la empresa ni tampoco explica a qué se debe el considerable crecimiento de la previsión de ingresos con respecto a otro reciente informe de una consultora presentado hace menos de un año.
En el estudio, que tampoco incluye ningún ‘plan B’ para el caso de que las previsiones financieras de la sociedad pudieran colapsar una vez iniciado el derribo del actual estadio o antes de finalizar la construcción del nuevo, no tiene referencias sobre la obvia competencia que supone a la hora de captar macroeventos la finalizada remodelación del estadio Santiago Bernabéu, la iniciada del Nou Camp, la retomada del Luis Casanova valenciano o la presentada del Sánchez Pizjuan sevillano.
En cualquier caso, el legajo sí reseña algunas incertidumbres. De hecho, admite que las hay en el corto plazo cuando incluye “los compromisos de aportaciones económicas que realice cada uno de los entes participantes para ejecutar el proyecto, tanto presentes (…) como futuras”, como un “aspecto a considerar” y susceptible de generar “variaciones en la constitución de la sociedad limitada para canalizar la voluntad de la construcción”.
En el mismo plano sitúa las condiciones de los préstamos, ya que algunas como la comisión de apertura, el tipo de interés, el tipo de préstamo o el eventual período de carencia para comenzar a devolverlo “supondrán un impacto directo en la totalidad del importe requerido para acometer el proyecto”.
El volumen de endeudamiento dependerá de la cuantía de las aportaciones económicas que finalmente efectúen los socios del ‘triángulo de La Romareda”, y sus condiciones, de la entidad, o las entidades, que actúen como prestamistas.
¿Qué valor tiene el informe del asesor municipal?
Obviamente, el que cada quien quiera otorgar a su contenido cuando se trata de alguien con formación en materia de análisis económico y que, al mismo tiempo, muestra una clara filiación de parte: es asesor del equipo de gobierno de Natalia Chueca.
Lo que quizás no sea tan de valoración personal sino de otro ámbito de carácter jurisdiccional sería, según apuntan fuentes jurídicas, la procedencia de que ese informe firmado por Pablo Millán figure en un expediente administrativo como el que debe servir de guía para definir la participación del consistorio zaragozano en la empresa La Nueva Romareda, en el que, por otro lado, resulta ser, si no la pieza principal, sí una de las 'piedras angulares' sobre las que se sostiene la bóveda.
La jurisprudencia del Supremo tiene pocas dudas sobre la improcedencia de la participación del personal de confianza de los alcaldes en la tramitación de expedientes.
"Los puestos reservados a personal eventual son excepcionales y su validez está condicionada a que sus cometidos se circunscriban a esas funciones de 'confianza y asesoramiento especial' que legalmente delimitan esta específica clase de personal público", tiene sentenciado el Supremo desde hace casi dos décadas.
En esa sentencia, referente a la intervención de un asesor del alcalde de Burgos en asuntos de Urbanismo, el tribunal concluye que "deben quedar vedadas a ese personal eventual las actuaciones de colaboración profesional que se proyecten en las funciones normales de la Administración pública", las cuales, "por la directa conexión que tienen con los principios constitucionales de objetividad y eficacia administrativa, deben ser asignadas al personal público seleccionado bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad", es decir, a los funcionarios.
En los tribunales todo es cuestionable y matizable, aunque la existencia de un pronunciamiento judicial de ese tipo plantea nuevas incógnitas: ¿a qué razones o motivos responde? ¿Quién, y con qué base, tomó la decisión de encargar de un informe de ese tipo y autoría para un expediente de esa temática? ¿Y quién y por qué decidió incorporar el dictamen al legajo?
