El Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por el PP bajo la tutela de Vox, está lanzando los trámites de expropiación para incluir cuatro fincas de la zona este de San José, tres de ellas con viviendas habitadas, en la junta de compensación del Sector 38/3, una promoción de 532 pisos entre cuyos partícipes se encuentra Jorge Azcón, presidente del Gobierno aragonés y exalcalde de su capital.
Los intereses de la familia de Azcón en esa operación salieron a la luz en mayo del año pasado, cuando trascendió que el entonces alcalde había votado a favor de la reactivación de esa promoción (en lugar de abstenerse) en la Junta de Gobierno Municipal, un asunto que provocó la petición de una comisión de investigación por parte de los grupos de la oposición de izquierdas que fue vetada por PP, Cs y Vox.
Esa operación urbanística, localizada en las inmediaciones de una de las áreas en las que más dinero invirtió el ayuntamiento zaragozano la pasada legislatura, la prolongación de Tenor Fleta, había permanecido ‘dormida’ entre 2008 y 2021, hasta que se reactivó con el equipo de gobierno municipal de Jorge Azcón.
El ahora presidente no aparecía entonces como propietario directo, condición que adquirió hace unos meses como heredero de su padre, fallecido después de la reactivación y antes del lanzamiento de la expropiación por parte del ayuntamiento.
Propietario por herencia declarada en las Cortes
Su padre, Julio Antonio Azcón, y su madre, Amada Navarro, aparecían al comienzo de la operación junto con A. M. L. C. como titulares registrales y de la reparcelación de la finca 9.172, aportada como la número 3 a la junta de compensación y que tiene las siguientes superficies: 2.627,99 metros cuadrados registrales, 1.000 catastrales y 1.005,73 para la reparcelación, lo que le asigna una participación del 0,58% de la junta de compensación.
Esa participación, cuando el proyecto incluye 532 viviendas, 376 de ellas libres y otras 156 de protección oficial y todas ellas de en torno a cien metros de superficie, equivale al rendimiento asociado a algo más de tres de esas viviendas, o al de dos y poco libres y casi una protegida.
La confirmación de su situación de partícipe en la promoción para la que el Ayuntamiento de Zaragoza pretende lanzar las expropiaciones la ha hecho el propio Azcón en su declaración de bienes y rentas como diputado de las Cortes de Aragón, en la que expone su condición de propietario por herencia del 12,5% de la parcela en cuestión.
Eso le sitúa como candidato a obtener la octava parte del rendimiento que genere la parcela, situación que, según apuntan fuentes jurídicas, compartiría con sus otros tres hermanos.
Llama la atención que en la ficha de la parcela que figura en la documentación sobre las expropiaciones solo aparece A. M. L. C. como propietaria, aunque eso ocurre con otras fincas que tienen más de un dueño sin que se reseñe al resto.
Su amigo Juan Forcén como secretario de la junta de compensación
La declaración está fechada el 24 de agosto, cuando ya había sido investido como presidente, y fue registrada por la cámara el 15 de septiembre, fechas en ambos casos anteriores al lanzamiento de las expropiaciones en noviembre, un trámite que los servicios municipales consideran ajustado a la legalidad y al que los afectados ponen objeciones.
En la junta de compensación del sector 38/3 actúa como secretario el empresario Juan Forcén, amigo de Azcón tal y como este último ha difundido en sus redes sociales hace unos meses y que, al mismo tiempo, preside otra promoción colindante en cuya documentación inicial aparecía como arquitecto el hermano mayor del entonces alcalde.
Este empresario se dedica a la construcción a través del Grupo Plaza-14, explota varios negocios de hostelería, entre los que destacan varios quioscos de concesión municipal, y mantiene la principal posición local en el accionariado de Real Zaragoza SAD, la empresa que aspira a gestionar el estadio de La Romareda si llega a consumarse su proyectada costosa remodelación con cargo a los erarios municipal y autonómico.
Ambas operaciones urbanísticas del entorno de Tenor Fleta fueron reactivadas en la misma sesión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza y en los dos casos con el voto a favor de Azcón, quien horas después de conocerse su intervención llegó a asegurar en una comparecencia ante los medios que desconocía los intereses urbanísticos de sus familiares, de parte de los cuales se ha convertido en titular.
En esas promociones aparecen como partícipes, ya sea directamente o a través de empresas, algunos de los apellidos clásicos del ladrillo zaragozano, como Soláns, en este caso con Almaebro, Espuelas o Castillo Bauluz. Algunos lo hacen en las dos.
La legislación ampara las expropiaciones
Las expropiaciones afectan a una finca propiedad de Endesa de 543 metros cuadrados y parcialmente a otras tres, propiedad de tres familias en un caso y de una en cada uno de los otros dos, a los que se les va a enajenar la mitad del suelo, casi 22 metros en el primer caso y cerca de 180 en los otros dos.
Este grupo de afectados, cuyas viviendas se encuentras en las fincas que el consistorio pretende expropiar, sostuvieron en sus alegaciones que “no consta la declaración de utilidad pública o interés social en que se ampara el procedimiento iniciado” para expropiárselas.
Sin embargo, los servicios de Urbanismo se alinean con los planteamientos de la Junta de Compensación y desestiman esas alegaciones: “la aprobación definitiva de los planes, así como de los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación de la unidad de ejecución del Plan Parcial del sector 38/3 tiene entre sus efectos, la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes cuyos propietarios no se hayan incorporado a la Junta”, señala su resolución.
La junta, por su parte, aseguraba que “el expediente ha estado a disposición del público en el Servicio de Suelo y Vivienda”, cuando de todos es conocida la frecuencia con la que los vecinos de la ciudad pasan a ver expedientes por ese recinto, y anotaba que “como beneficiaría” de la operación “entre sus facultades está la de solicitar el inicio de los expedientes expropiatorios” en aplicación de la Ley de Urbanismo de Aragón.
Esta, añade, “dispone que los propietarios en el acto de constitución de la Junta podrán consentir su incorporación en escritura de adhesión, dentro del plazo que al efecto se señale. Si no lo hicieran, sus fincas serán expropiadas por el municipio en favor de la Junta de Compensación, que tendrá la condición de beneficiaría”.
