El pacto que regirá la coalición de PP y Vox en el Gobierno de Aragón anticipa un fuerte recorte de los ingresos en las arcas autonómicas que los socios presentan como un plan para aplicar “una fiscalidad justa” y para “cambiar” el “infierno fiscal” en el que, según argumentan, “las erróneas políticas de izquierdas han convertido Aragón”.
Sin embargo, la receta parece cualquier cosa menos nueva, ya que un repaso del acuerdo apunta más bien al diseño de la tradicional combinación de la reducción de ingresos, con el grueso de la rebaja focalizada en las rentas altas y los patrimonios elevados, con un aumento del gasto dirigido también a esos grupos.
Ese tipo de políticas fiscales, infalibles sobre el papel como cualesquiera otras aunque suelen acabar no siéndolo tanto en la práctica, derivan a menudo en descuadres de las cuentas mayores de lo habitual (con sus consiguientes recortes de servicios), tal y como ya ha ocurrido de manera reciente, en este mismo siglo, en Aragón durante el paso por el poder de los gobiernos de Luisa Fernanda Rudi entre 2011 y 2015.
La exalcaldesa de Zaragoza llegó entre mensajes de orden en las cuentas que auguraban mejoras en el funcionamiento de la DGA y anuncios de rebajas fiscales para estimular la actividad y favorecer a las clases medias que, al final, resultaron ser la antesala de marcas como el paso de tres consejeros en cuatro años por la cartera de Hacienda, episodios de déficit estratosférico, gravosas derrotas judiciales como la del pleito de las mermas tributarias con el Estado (solo el ‘buenrollismo’ del equipo de Cristóbal Montoro evitó una factura de más de 37 millones de euros) y un aumento de la deuda pública de 3.527 millones de euros en cuatro años.
Hacienda echa el freno en el minuto uno
Esa última cifra, que es la que el Banco de España da para el periodo 2011-2015, supera en 1.348 a los 2.179 del periodo 2015-marzo de 2023, el de los gobiernos de Javier Lambán con aquella pandemia y aquel parón de la actividad de por medio, y en 1.289 a los 2.238 de la legislatura 2007-2011, la que incluyó la factura de la Expo en tiempos de Marcelino Iglesias.
En el Gobierno de Aragón, no obstante, son conscientes de lo que han firmado y de las dificultades que entraña en cumplimiento de una ‘hoja de ruta’ con tamaño grado de contradicción en materia financiera. De ahí el ‘temple de gaitas’ con el que debutó el nuevo consejero de Hacienda, el veterano Roberto Bermúdez de Castro, al presentar hace unos días el inicio de la tramitación de los presupuestos.
Bermúdez aseguró que el ejecutivo pretende “que ningún tipo de derecho, ni de servicio se vea afectado” y se esforzó en dejar claro que las rebajas no llegarán de golpe sino de manera paulatina cada cuatro años.
“Estos primeros presupuestos sí que tendrán algún tipo de rebaja fiscal, aunque nuestro compromiso es llevarlo a cabo en los próximos cuatro años”, dijo, consciente del calado de la paradoja financiera que Azcón ha dejado sobre su mesa.
Eso ocurría en el minuto uno de la andadura del nuevo Gobierno PP-Vox, una coalición en la que está por ver qué grado y tipo de tensiones puede llegar a generar el ritmo de aplicación de las 80 medidas en las que se basa.
Más de 80 millones relacionados con la vivienda
Si se toman como referencia los datos de ejecución presupuestaria de 2022, que son a la vez los del último ejercicio disponible y los del primero de normalidad tras los dos años de restricciones por la pandemia de coronavirus, las rebajas de impuestos que contempla el pacto PP-Vox supondrían una merma de ingresos de más de 200 millones de euros para el Gobierno de Aragón.
Tres de las rebajas de impuestos que proponen PP y Vox en sus acuerdos tienen relación directa con la compraventa de viviendas, de la que procede el grueso de la recaudación de los impuestos afectados.
Concretamente, el pacto de gobierno prevé reducir un 25%, del 8% actual al 6%, el ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales), cuyo grueso procede de las transacciones de viviendas y otras fincas (campos, garajes, naves, etc) de segunda mano (las nuevas están sujetas a IVA) y bajar a la mitad, del 1,5% al 0,75% el AJD impuesto de Actos Jurídicos documentados.
Solo esas dos medidas, a las que conservadores y ultraderechistas prevén añadir un tipo reducido del 0,1% cuando los sujetos sean “menores de 35 años, personas con discapacidad y familias numerosas” y aumentar el precio hasta el que pueden beneficiarse de esa rebaja, supondrían para la DGA sendas mermas de 44,2 y de 36,8 millones de euros, respectivamente.
La gran rebaja del IRPF no llega a los 45 euros por contribuyente
La anunciada rebaja de medio punto en “los cinco primeros tramos del IRPF”, que en realidad alcanza hasta quien ingresa 60.000 euros brutos en un año (ver la tabla aquí), tendría para las arcas autonómicas un coste de 21,9 millones de euros si se toma como referencia la liquidación del IRPF de 2021, que es la última disponible en la Agencia Tributaria.
Esta rebaja, que provoca un boquete considerable en las arcas autonómicas, se enmarca entre las de carácter más identitario para quien las aprueba que efectiva para quien supuestamente se beneficia de ellas que en los últimos años han infestado el debate tributario en los ámbitos políticos: su impacto real sería de 44,76 euros por contribuyente.
Aunque ese impacto, ciertamente, varía en función de la renta: sería de 2,53 euros para quien gana menos de 12.450 euros y de 13,40 para los que, de estos, hacen declaración de IRPF, mientras que alcanzaría los 31,44 para quienes más ingresan, con un descuento algo mayor en el bloque situado entre ambos.
El objetivo declarado de la medida consiste en “que la tributación de las familias aragonesas con ingresos medios y bajos se sitúe en la media española”, algo que, visto lo visto, dependía de unas mejoras de renta de entre 21 céntimos y 2,62 euros mensuales, cifras que invitan a dudar de que las casas vayan a ser arrojadas por las ventanas si un día entra en vigor.
Deducciones en el IRPF que se solapan
A la medida estrella del pacto PP-Vox en materia tributaria, ya que es la primera de ellas, se le unen otras de más difícil cuantificación, y en algunos casos de dudosa aplicación, también en el IRPF.
El listado de las primeras incluye deducciones fiscales “para financiar los gastos (sic) en actividades extraescolares de las familias”, algo que ya subvencionan ayuntamientos como el de Zaragoza; establecer otra “por realización de labores no remuneradas en el hogar por uno de los cónyuges de la unidad familiar”, de donde se deduce la eventual existencia de familias en las que se cobra por las tareas domésticas y que quedarían fuera de la medida, y promover una “ampliación de la reducción del IRPF aplicable a jóvenes agricultores en virtud de la Ley 19/1995”.
A caballo entre las primeras y las segundas se encuentran las relacionadas con la familia, que, cuando menos aparentemente, presentan algunas colisiones entre ellas: una consiste en aumentar las deducciones por “nacimiento o adopción de hijos”, a lo que se añade el compromiso de implementar otra “por la obtención de la condición de familia numerosa” y una más por “por cuidado de hijos menores de 14 años”.
La segunda chocaría con la primera al depender de la llegada del tercer hijo la adquisición de la condición de familia numerosa), mientras que la tercera se encontraría en una situación similar con la anterior; salvo que pueden superponerse, claro.
En el tercer grupo se encuentra el objetivo de “ampliar la deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en núcleos urbanos y, en mayor medida, en núcleos rurales o análogos”, vigente hasta 2010 y recuperada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, que la mantuvo solo durante un ejercicio, hasta que tuvo que retirarla por indicación directa de la Comisión Europea por su insostenibilidad a efectos fiscales.
Algo más de 100.000 familias aragonesas que se beneficiaban de esa medida en 2012 siguen haciéndolo, lo que hurta anualmente a las arcas autonómicas 32,35 millones de euros (y otro tanto a las estatales).
Rebajas tributarias de más de cien millones para los más ricos
El pacto incluye, además de una inconcreta referencia a una nueva “fiscalidad específica para el medio rural (…) de la que se beneficiarán quienes pongan en marcha una industria, abran un negocio o vendan, compren o permuten tierras”, dos medidas de rebaja tributaria directamente centradas en quienes poseen grandes patrimonios.
Una de ellas consiste en elevar de 400.000 a 700.000 euros el mínimo exento en el Impuesto de Patrimonio, algo que reducirá de manera notable la escueta nómina de los 14.505 aragoneses que en 2020 pagaron 3.334 euros de media por unas fortunas de 1,72 millones, de los que más de 740.000 euros ya están exentos por la naturaleza de los bienes.
Las normas actuales, que en realidad sitúan la exención en 700.000 euros, ya que lo que se declara es el resultado de deducir la deuda viva del patrimonio pero sin incluir hasta 300.000 euros de la vivienda habitual, generan una recaudación de 58,92 millones de euros.
La DGA podría ver esfumarse hasta un tercio, entre 18 y 20 millones, por la elevación del mínimo exento, a lo que se añade la intención de bonificar “también al 100% el patrimonio formado por inversiones en empresas, activos productivos de bienes o servicios generadores de empleo”.
Solo 82,48 de los 393,11 millones de euros de patrimonio adscrito a actividades económicas carece hoy de exenciones. Sin embargo, aplicar esa medida a los 7.349 en acciones y participaciones de empresas y en otros derechos económicos que hoy no se encuentran exentos eliminaría la mitad de la base imponible y situaría la reducción de los ingresos en el entorno de los 30 millones de euros anuales.
El catálogo de medidas fiscales pactado por PP y Vox contempla, por último, una bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones (herencias) cuando estas se produzcan entre padres, hijos, abuelos y cónyuges; es decir, entre quienes tienen esos parentescos y heredan más de 300.000 euros por cabeza, que es ahora el mínimo exento y que hace que cinco de cada seis herencias no tributen.
Una medida de ese tipo, a la que si se cumple lo acordado seguiría otra reducción gradual para las sucesiones y donaciones “entre hermanos, tíos y sobrinos mediante bonificación en la cuota”, se llevaría por delante que el año pasado generó derechos por valor de 170,41 millones.
Un boquete tributario superior al déficit fiscal previsto
El análisis de los datos reales de la recaudación tributaria del Gobierno de Aragón parece apuntar bastante por encima de los 200 millones de euros en los que la portavoz del PSOE, Mayte Pérez, situó durante el debate de la investidura de Azcón la previsible merma anual de ingresos.
Serían algo más de 44 por Transmisiones Patrimoniales, casi 37 por Actos Jurídicos Documentados y cerca de 22 solo en el ajuste de los tramos del IRPF, lo que da un total de 103 a los que hay que sumar el efecto del resto de deducciones, los entre 19 y 30 de Patrimonio y posiblemente más de cien en Sucesiones y Donaciones.
El ejecutivo aragonés ingresó el año pasado 3.621 millones de euros en impuestos, casi el 70% de ellos procedentes de las cesiones del IRPF (1.555) y el IVA (973), a los que se añaden otros 518 de los Impuestos Especiales que gravan la energía, el alcohol y el tabaco.
Las rebajas que plantean PP y Vox alcanzan a algo más del 6% de los ingresos tributarios y al 3,3% del total de los ingresos, lo que equivale a generar de entrada un boquete de tamaño superior al que prevén las normas fiscales a partir del año que viene, que sería del 3% para bajar al 2,5% en 2026.
La cuadratura de los acuerdos con Vox y con el PAR
Eso apunta claramente a recortes en la prestación de la actual cartera de servicios públicos, ya que la merma de ingresos se solapa con la previsión de una retahíla de medidas de aumento del gasto.
La lista de estas última incluye, entre otras: nuevos sistemas retributivos para maestros y sanitarios, la privatización de atenciones médicas y de fases educativas como el Bachiller, la puesta en marcha de un ‘cheque escolar’ y un ‘cheque bebé’, la gratuidad total de las guarderías para niños de hasta tres años, nuevos grados universitarios en Huesca y Teruel, ayudas para las empresas por la inflación y para los agricultores y ganaderos por la sequía, un plan de inversiones de 250 millones para el Pirineo (Madrid debería asumir el 50%), la creación de una Oficina de lucha contra el fraude y de control fitosanitario de los productos de países terceros y, también, aplicar en Teruel y en áreas despobladas de Huesca y Zaragoza “ayudas al funcionamiento empresarial con la reducción del 20% de los costes laborales para fomentar la actividad económica de autónomos, PYMES y nuevas empresas que decidan instalarse”.
La cuadratura del círculo económico del equipo de Jorge Azcón, que debuta haciendo compatible el compromiso de “avanzar en una administración pública más ágil, eficaz y eficiente” con la creación de cuatro direcciones generales más (53 por 49) de las que había en el anterior Gobierno, la completa el cumplimiento de los acuerdos con el Par, que también aboga por la reducción de impuestos pero sin que eso afecte a las arcas autonómicas.
Los aragonesistas apuestan, y el PP lo suscribe en su acuerdo, por un sistema tributario que asegure “el nivel de los ingresos públicos imprescindible para garantizar el estado del bienestar y garantizar la función redistributiva”, por una “armonización real y efectiva de los impuestos en todo el territorio español” en la que “otras fórmulas” compensen “la consiguiente disminución de ingresos” que conllevaría la eliminación de Sucesiones y Donaciones y, por último, una “reforma del Impuesto sobre el Patrimonio, mejorando los mínimos exentos, pero sin merma [de ingresos] para las autonomías e impulsando la supresión definitiva del mismo”.
