Los problemas del PP para cumplir sentencias judiciales que no son favorables a sus intereses privados son ya legendarios. Tras 34 años de lucha contra la amenaza del embalse, las gentes de A Galliguera recibían con alivio, en mayo del pasado año, la sentencia del Tribunal Supremo que tumbaba definitivamente el embalse de Biscarrués. El Galligo seguía siendo un río vivo y las vecinas podían, por fin, planificar su futuro en paz.
Estas sentencias definitivas del Tribunal Supremo español ratificaban la nulidad del anteproyecto de Biscarrués y de su declaración de impacto ambiental, sacando además los colores a todas las administraciones públicas que han intervenido en este irracional proyecto, al apuntar a la torticera maniobra para tratar de confundir los conceptos jurídicos de ‘interés general’ e ‘interés público superior’.
Para Jorge Azcón y su coalición PP-Vox-PAR, la ley, las sentencias judiciales, la ciencia y la razón o la Directiva Europea del Agua son sólo obstáculos a sortear, no importa cómo ni a que coste, pues ellos son más de “y vuelta la burra al trigo”. A Jorge Azcón tampoco le altera el sufrimiento de las gentes de A Galliguera, su lucha por el futuro social, económico, ambiental y poblacional de su comarca, y tampoco que hayan tenido que pelear contra las gigantes administraciones públicas para garantizar un horizonte de desarrollo en su lugar en el mundo.
La soberbia e impostada sonrisa de Azcón no se altera por ningún tribunal, por muy superior que sea. O eso aparenta pensar nuestro egregio mandatario. El actual presidente del Gobierno de Aragón ha decido reabrir otra guerra del agua en la que las víctimas, sacrificadas en el altar del capitalismo irracional, son las gentes que luchan por sobrevivir en las zonas rurales de nuestro país.
Azcón confirma en las Cortes de Aragón su intención de incumplir la ley
Jorge Azcón ha confirmado en las Cortes su intención de “volver a poner en marcha Biscarrués” y que para ello pedirá al Instituto Aragonés del Agua (IAA), que depende de él mismo, que elabore las “razones técnicas” necesarias para intentar sortear la ley y reactivar el proyecto de embalse declarado nulo por varias sentencias judiciales y por la Unión Europea.
En su intervención, Azcón también señalaba “que construir el embalse de Biscarrués permitiría regar unas 20.000 hectáreas de cultivos” y, por si había alguna duda del bando elegido por el presidente de la DGA en su guerra del agua de aragonesas contra aragonesas, elogiaba a César Trillo, expresidente de de Riegos del Alto Aragón y ahora de Regantes del Ebro, al que también ha concedido el Premio Aragón 2024.
CHA contra el intento de Azcón de rescatar el embalse de Biscarrués
Desde Chunta Aragonesista quieren “salir al paso de las declaraciones efectuadas por el presidente de Aragón, en las que apuesta por tratar de recuperar el proyecto del embalse de Biscarrués”.
“Va a emplear recursos de personal y de tiempo del propio Instituto Aragonés del Agua, con el fin de estudiar su posible recuperación. Un pantano, recordamos, anulado por razones técnicas en los propios tribunales de justicia”, recalcan desde CHA.
Joaquín Palacín, presidente nacional de CHA, recuerda que “tras muchos años de lucha en el territorio contra el proyecto del pantano de Biscarrués, el resultado fue la anulación del mismo por una rotunda, contundente y lógica decisión judicial”.
Fue la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la que desestimó el recurso de casación y confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la resolución de 14 de febrero de 2012 de la Dirección General del Agua, que aprobó el expediente de información pública y del Anteproyecto y Adenda del embalse de Biscarrués en el río Galligo, así como la resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, de 8 de julio de 2011, por la que se formula declaración de impacto ambiental de dicho proyecto, por infracción de la Directiva 2000/60CE, conocida como Directiva Europea del Agua.
Por todo ello, Palacín considera “que ahora es prioritario resarcir a Biscarrués, y a todos los demás municipios afectados en la comarca, por la incertidumbre que ha supuesto todas estas décadas el proyecto del pantano. Empecinarse en una obra que arrasaría la economía de la zona es una pérdida de dinero público y de tiempo”, concluye.
