Una de las claves de la agenda neoliberal compartida por PP, Cs y Vox es privatizar a toda costa, disminuir lo público, lo común, en beneficio del interés privado y particular. Y Jorge Azcón es alumno aventajado en esta disciplina. A pesar de constatarse, una y otra vez, que los servicios privatizados son más caros, más ineficaces, y más arbitrarios, el alcalde de Zaragoza, Jorge “El tío Vajillas” Azcón, padece algún tipo de obsesión patológica y una necesidad indisimulada de privatizar cuanto está a su alcance.
En esta guerra emprendida por Azcón contra todo lo público, ahora le ha tocado el turno a los Servicios Sociales municipales. Tras la promulgación del primer Estado de Alarma este pasado mes marzo el equipo de Azcón decidió crear una línea 900 privada “como recurso para dar respuesta, de forma eficaz y centralizada, al elevado número de solicitudes de ayudas sociales relacionadas con la crisis sanitaria del COVID-19 y sus consecuencias económicas”, ya entonces las profesionales avisaron del caos organizado con esta ‘ocurrencia’ del alcalde Azcón, y como había dejado “indefensos a los menores en riesgo de maltrato durante todo el estado de alarma”.
Las profesionales municipales de Servicios Sociales explicaban como “con órdenes en diferente formato, verbales, comunicados, directivas internas, el equipo de gobierno de Jorge Azcón desmontó a los equipos interdisciplinares especializados en valoración de riesgo con menores. Nos derivaron al servicio de atención telefónica 900 del Ayuntamiento, allí nuestro trabajo solo podía ser de triaje, en el mejor de los casos”, lamentaban las profesionales, y añadían “ahora queda reconstruir los canales para poder atender y evaluar cada caso”.
Sin embargo, la pasada semana en una visita a la empresa privada que gestiona la línea 900 el alcalde Azcón aseguró que “la línea gratuita 900 -privada- de los servicios sociales municipales ha llegado para quedarse”, ignorando a sabiendas que las profesionales del sector califican esta medida de ilegal y de despropósito.
El Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón afirma que la línea 900 de Azcón “no se ajusta a la legalidad e incumple el principio de justicia social”
Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón -CPTSA- explican “que la implantación del servicio de la línea 900 ‘Atenciones esenciales y urgentes ante COVID-19’ ha provocado una disminución sustancial de la calidad del servicio prestado a la ciudadanía desde la red de servicios sociales municipales”, y consideran “que la creación de este servicio no se ajusta a la legalidad e incumple el principio de justicia social”.
En su completo informe técnico, presentado ante el Chusticia d’Aragón, el CPTSA recuerda que “la ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón establece los principios rectores del sistema de servicios sociales siendo éstos la universalidad, la igualdad, la equidad, la calidad y la descentralización”, y recalcan que “no consideramos que este servicio ofrecido por teléfono asegure el cumplimiento de dichos principios, poniendo especial interés en el último, la descentralización, que especifica: la prestación de los servicios sociales, conforme al principio de proximidad, corresponderá, siempre que sea posible, a los niveles administrativos o elementos del Sistema Público de Servicios Sociales más inmediatos a la ciudadanía”, para asegurar que “en el caso que nos ocupa, para las personas usuarias sería el centro municipal de servicios sociales. Además, colocar una línea telefónica entre la ciudadanía y los servicios sociales comunitarios (puerta de entrada al sistema público de servicios sociales) sitúa un filtro intermedio que puede actuar, y de hecho actúa, como cuello de botella dificultando la atención por parte de las y los profesionales de referencia, impidiendo así que se cumplan los principios de igualdad y equidad”.
Por otra parte, el CPTSA explica que “según la información de la que disponemos, el contrato entre la empresa Atenzia y el Ayuntamiento de Zaragoza especifica que ‘el plazo de prestación de servicios será desde la declaración del Estado de Alarma hasta el 19 de abril de 2020. Si en esa fecha resultara indispensable proseguir con el servicio hasta la finalización del Estado de Alarma sanitaria de haberse prorrogado podrá ampliarse el periodo que considere indispensable manteniendo el coste proporcional de los servicios por los días que pudiera ser ampliado’. Considerando que el estado de alarma finalizó el pasado 21 de junio se entiende que el contrato está vencido. Además, nos parece importante resaltar, que si bien es cierto que se exige la titulación de Trabajo Social para acceder al puesto, las trabajadoras de la línea 900 están contratadas como teleoperadoras”.
“Consideramos que la creación de la línea 900 es una forma encubierta de privatizar el servicio de información, atención y valoración puesto que si bien las trabajadoras de la empresa contratada para dar cobertura a la línea de teléfono no realizan la valoración social del caso, sí valoran la urgencia de la consulta o caso y la pertinencia o no de derivación al centro de servicios sociales de referencia y esto va en contra de la legislación vigente en materia de servicios sociales”, aseguran desde el Colegio Profesional.
Y concluyen asegurando que “asimismo, estimamos, según nuestro criterio técnico, que en la situación de emergencia sanitaria y social en la que nuestra sociedad se encuentra inmersa y la crisis social que ya se sabe que va a venir, se debería salvaguardar especialmente la calidad en los servicios sociales prestados y el cuidado de las y los profesionales, reforzando el sistema público de servicios sociales de nuestra ciudad”.