Zaragoza en Común pide eliminar la línea 900 para el acceso a los servicios sociales por ser “contraria a la legalidad”

Según explican desde el grupo municipal, este servicio contradice la normativa: tanto la Ley 5/2009 de Servicios Sociales de Aragón como el Decreto 184/2016 de organización y funcionamiento de Centros de Servicios Sociales en Aragón que establece que los servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación son servicios públicos de gestión directa.

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María Navarro y Ángel Lorén. Foto: Daniel Marcos (AZ)

El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado la eliminación de la línea 900 para el acceso a los servicios sociales por ser contraria a la legalidad. Así lo ha defendido la concejala del ramo en la Comisión de Acción Social, Luisa Broto, que ha recordado que los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) son, tal y como queda definido el Sistema de Servicios Sociales, la puerta de entrada a dicho sistema y a las prestaciones y servicios que de él dependen. “Esto supone que deben garantizar la calidad y la equidad en el acceso a este”, ha señalado.

La implantación de la línea 900 para la atención telefónica de las necesidades sociales de la ciudadanía por parte del Gobierno del PP-Cs, y el anuncio por parte del consejero, Ángel Lorén, sobre que este servicio “ha venido para quedarse”, supone “ir claramente en contra de la legalidad, al situar un filtro intermedio en el acceso a los servicios sociales, que dificulta la atención por parte de los profesionales de referencia, generando cuellos de botella, poniendo en cuestión dicha equidad de acceso que su configuración de los CMSS como puerta de entrada”, ha explicado Broto.

Tanto la Ley 5/2009 de Servicios Sociales de Aragón como el Decreto 184/2016 de organización y funcionamiento de Centros de Servicios Sociales en Aragón establecen que los servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación son servicios públicos de gestión directa, "lo que significa que no pueden ser externalizados y que deben ser prestados por los trabajadores públicos".

De la misma manera, la Orden 604/2019, de 24 de mayo, por la que se regula el Servicio de atención de urgencias en el ámbito de los servicios sociales generales, del Gobierno de Aragón, establece que “la atención de urgencias sociales se prestará por las y los profesionales de la estructura básica del Centro de Servicios Sociales”, es decir, por trabajadores públicos.

"Por lo tanto no es admisible tanto desde un punto de vista técnico como legal que este servicio realice, como figura en su contrato, tareas de información sobre trámites, recursos y servicios, valoración y derivación de demandas, ya que eso supone ir en contra de lo establecido en dicha normativa", aseveran desde el grupo municipal.

A esta situación se añade el desconocimiento, a pesar de la solicitud al gobierno de esta información, de cuál es la cualificación de las personas que prestan este servicio y que al parecer no son trabajadores sociales, advierten desde ZeC.

Por otra parte, a lo largo de sus dos meses en funcionamiento, diferentes colegios profesionales, entidades vecinales, ciudadanas y redes de apoyo solidaria han venido denunciando las dificultades de acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios sociales debido al colapso y, en muchas ocasiones a la información incorrecta o parcial que se les ha dado desde esta línea.

En este sentido, “solo por poner un ejemplo, se manifestó el pasado lunes el Colegio Profesional de Trabajo Social en la Comisión por el Futuro de Zaragoza en la que pidió la retirada de este servicio y que esta atención se prestara directamente por los profesionales de los Centros Municipales de Servicios Sociales”, ha apuntado Broto.

Este servicio -a juicio de ZeC-, además de ser contrario a lo establecido en la normativa, supone una merma en la calidad de la atención a la ciudadanía y no supone una mayor agilidad en la atención que en cualquier caso debería garantizarse dotando de medios y recursos humanos a los servicios sociales de la ciudad.

Desde Zaragoza en Común han denunciado que este es otro paso más en la externalización y privatización de los servicios sociales. “Esta línea como otras muchas de las actuaciones llevadas a cabo en este área, como el mantener únicamente abiertos cinco de los quince centros o que durante las seis primeras semanas de confinamiento únicamente se encontraran trabajando 39 de los más de 200 profesionales de estos centros, suponen un progresivo deterioro del servicio que, como en el caso de la sanidad pública, utilizan como coartada a su externalización progresiva”, ha concluido Luisa Broto.

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