Aún más olvidados: sin noticias de los menores en riesgo durante el confinamiento

Durante el estado de alarma el grupo más vulnerable desapareció: los menores en situación de riesgo no se vieron en los medios de comunicación ni fueron destacados por los ayuntamientos, los gobiernos territoriales o el Gobierno español. Zaragoza, por desgracia, se sumó a este olvido generalizado del estrato social más débil.

El pasado 13 de marzo el Estado español entraba en estado de alarma. Una situación excepcional con un solo objetivo: frenar la pandemia del coronavirus. Desde ese momento, y durante casi tres meses, la ciudadanía se regía bajo las normas básicas de quedarse en casa y salir a la calle solamente para lo imprescindible. Miles de muertes y contagios después, en las primeras semanas de julio vemos que los focos de contagio son la primera seña de un posible repunte.

Evitar el colapso sanitario y paliar el golpe económico derivado concentraron todas las fuerzas de los gobiernos locales, territoriales y estatal. No se olvidaron tampoco de la violencia de género, de los ancianos, del racismo y de los colectivos más débiles: diferentes campañas publicitarias recordaban que, aunque el virus fuese el protagonista, nuestra sociedad seguía teniendo muchos problemas que resolver. Sin embargo, el grupo más vulnerable desapareció: los menores en situación de riesgo no se vieron en los medios de comunicación ni fueron destacados por los ayuntamientos, los gobiernos territoriales o el Gobierno español. Zaragoza, por desgracia, se sumó a este olvido generalizado del estrato social más débil.

Un error en cadena

El Ayuntamiento de Zaragoza actuó, como el resto del sistema organizativo español, con la mayor celeridad posible cuando el virus ya vivía en las calles de la capital aragonesa. Los servicios sociales ofertados por el consistorio se pararon: sus profesionales fueron destinados, en su mayoría, a la línea telefónica 900. Este nuevo servicio, creado exclusivamente a raíz de la COVID-19, es la primera forma de contacto que tiene la ciudadanía con los agentes sociales. Una línea cuya tarea principal es el abastecimiento alimentario a los sectores más vulnerables a la pandemia, como pueden ser los ancianos o las familias con las rentas más bajas. Con el objetivo de que el número de contagios sea el menor, a la vez que todos los zaragozanos mantienen un mínimo nivel de vida, el Ayuntamiento se encarga de proveer de alimentos y útiles de cocina a todos aquellos vecinos de la ciudad que lo necesiten.

La redistribución de la mayoría de los agentes sociales en la lucha contra el virus afectó también a aquellos que trabajan con menores y vigilan las situaciones de riesgo, como los maltratos o la exclusión social. “Ni siquiera podíamos hacer el seguimiento por teléfono, porque las directrices del servicio van en la demanda de atender las ayudas de alimentación. No hemos podido trabajar en equipo, porque estábamos disgregados en otras funciones”, comentaba una educadora social del Ayuntamiento de Zaragoza.

Sin esta conexión con los agentes, los menores en situaciones de riesgo se encuentran completamente desamparados. En casa, sin poder acudir al colegio o a las actividades extraescolares y con una educación a través de una pantalla, la relación de los niños con el exterior es casi nula. La misma profesional de los servicios sociales destacaba la importancia de los docentes, monitores o pediatras en la denuncia de situaciones violentas con menores: es en las escuelas, en los clubes de tiempo libre o en los centros de salud donde las secuelas de una situación peligrosa para el menor salen a la luz. “Los niños han estado muy invisibilizados en sus casas. Esto hizo que fuese muy complicado observar cómo estaban esos niños. Incluso ha habido casos de menores que sabíamos que podían estar en riesgo y no hemos podido continuar con la investigación”.

El proceso de valoración de la situación vivida por un menor es un puzle con muchas piezas. En primer lugar, un agente social o un ciudadano (a través de los canales que ofrece el Ayuntamiento de Zaragoza) puede alertar de que un menor vive con riesgo o que sufre malos tratos. Si así se considera por los agentes sociales, estos comenzarán a trabajar en el caso, manteniéndose en contacto con el niño y sus familiares, a través de llamadas telefónicas, entrevistas personales o visitas a la vivienda familiar. Tras una completa investigación y un exhaustivo informe final, los trabajadores sociales decretan cuál es la situación en la que vive ese menor y la actuación final que se debe llevar a cabo. El problema durante el estado de alarma y la desescalada ha sido que el proceso ni siquiera ha arrancado. “El sistema de protección de menores es una cadena. Y nosotros somos el primer eslabón. Y si el primero se rompe… la cadena no funciona. No hemos estado presentes de una manera efectiva”, afirmaba la misma profesional de servicios sociales.

Nuevos medios para casos más graves

La primera parte -o eso parece- de la pandemia del coronavirus ha llegado a su fin. Según los expertos, los rebrotes durante el verano serán puntuales y aislados, y no obligarán a un confinamiento general como el vivido entre marzo y junio. La “nueva normalidad” ha llegado para los ciudadanos, con distancia social, mascarilla e higiene abundante, y al sector laboral, con una vuelta marcada por las nuevas normativas y las plantillas mezcladas entre trabajadores presenciales y teletrabajadores. Un nuevo comienzo intenso, más aún en el caso de los trabajadores sociales.

Vamos a tener que cambiar protocolos y formas de actuar de cara al público por el coronavirus. A principios de junio ya volvimos a coordinarnos con los equipos con los que trabajábamos. Lo importante es volver cuanto antes a la normalidad”, relata la educadora social, que también destacaba las ganas de todos los agentes sociales por volver a encargarse de los casos que se quedaron a medias y de atender los nuevos. “Vamos a tener un incremento de casos muy grande, porque hemos tenido muy pocas notificaciones. Una cosa es que no conozcamos los casos y otra que no existan. Creo que el número de casos va a crecer. Y la gravedad de estos, también”. En el momento de la entrevista, los trabajadores sociales registraban un descenso del 65% de las denuncias respecto al mismo periodo del año pasado. Y todas las previsiones alertan: situaciones de estrés como la del confinamiento aumentan las malas relaciones y los malos tratos en los núcleos familiares.

La pérdida de contacto con las familias no solo afecta a los nuevos casos. El temor principal con aquellas investigaciones paralizadas por la pandemia es la vuelta al contacto con familias que se han podido sentirse abandonadas por los servicios sociales. “Vamos a tener que restablecer la confianza perdida. Porque cuando nos necesitaban, no hemos estado. En algunos casos, habrá que empezar desde el inicio y, en otros, con una interrupción que ha producido una ruptura. Nuestra duda es: ¿esa gente volverá a pedir ayuda o, como no hemos estado, pensarán que no servimos para nada?”.

Servicios sociales y esenciales

El olvido de los menores en situaciones de riesgo no alertó al consistorio zaragozano hasta que el grupo de Zaragoza en Común llevó el tema a la Comisión Plenaria de Acción Social y Familia el pasado 21 de mayo. “Los servicios sociales, durante el estado de alarma, que estableció una serie de cuestiones de protección y prevención sanitaria, se declararon como esenciales. Los profesionales de menores no han podido realizar su tarea y lo han pedido reiteradamente; tareas que el propio protocolo de actuación municipal recoge que se deben llevar a cabo”, destacaba Luisa Broto, concejala de los “comunes” que preguntó al responsable por la mala actuación del Ayuntamiento en este apartado. “El Ministerio de Sanidad decía que existe la prescripción facultativa: es cierto que se ha recomendado el trabajo telemático, pero prevalece la visita del entorno porque ha llegado la notificación de riesgo de posible maltrato”, sentenciaba Broto, que cree que el trabajo del gobierno municipal ha dejado muchos flecos sociales sin cubrir.

A los nuevos casos que puedan ocurrir se sumarán los existentes antes de la pandemia y los producidos durante el confinamiento: un embudo estrecho que obligará a todos a multiplicar sus esfuerzos. “Los fallos de estos tres meses ya están: nos toca reparar y prever lo que pueda pasar, así como asumir que somos un servicio esencial, con todas las consecuencias”, comentaba la educadora social que nos atendió en este reportaje.

“Necesitamos que se tome conciencia de que esto no puede volver a ocurrir, aunque en octubre se vuelva a un nuevo confinamiento”. La consigna es clara: los servicios sociales y la atención pública a los más desfavorecidos son esenciales en todas las sociedades. Que no se nos olvide nunca.


Artículo de Sergio H. Valgañón, publicado originalmente en Zero Grados.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies