Los niños, las niñas y les niñes son los más afectados en los procesos de desahucio. En casi la mitad de los hogares en riesgo de desahucio (42,3%) de Zaragoza viven menores, la mayoría entre 6-11 años. Este riesgo de pérdida del espacio físico afecta a su desarrollo psicológico, educativo y afectivo y, por tanto, repercute desfavorablemente en sus trayectorias educativas y socialización.
Estos son algunos de los resultados del estudio sobre los hogares vulnerables e inseguros de la capital aragonesa realizado por investigadores de la Universidad de Zaragoza, tras analizar 515 casos de hogares zaragozanos que perdieron sus viviendas o estuvieron en riesgo de perderlas entre los años 2014 y 2016, como resultado de los atrasos hipotecarios y cuyos expedientes fueron tramitados por el servicio de mediación en deuda hipotecaria de la Oficina Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza.
Los sociólogos Juan David Gómez-Quintero y Jesús García Martínez, del Departamento de Psicología y Sociología e investigadores del Grupo de Estudios Sociales y Económicos del Tercer Sector (GESES), y la economista Lina Maldonado, profesora del Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública de la Universidad de Zaragoza son los autores de este trabajo, que publica la revista científica "Children and Youth Services Review", en el séptimo lugar (entre 43) en la Web of Science en el Ámbito del Trabajo Social.
Este estudio coincide con otros recientes sobre la pobreza y la exclusión social a la infancia en el Estado español, en los que se sitúa a español como el tercer estado, por detrás de Rumanía y Grecia, con una de las tasas más altas de pobreza infantil de la Unión Europea.
Según los datos de Consejo General del Poder Judicial entre 2008 y 2014 se iniciaron en el Estado español más de 578.000 procesos de ejecución hipotecaria. Según esta misma fuente, en la ciudad de Zaragoza se activaron 5.861 procesos de ejecución hipotecaria desde que comenzó la “crisis económica de 2008”.
Análisis de datos
El análisis y tratamiento de los datos se realizó durante 2017 y 2018. Durante el curso 2018/2019 la investigación contó con la ayuda anual de investigación de la Cátedra Zaragoza Vivienda.
Los bajos ingresos familiares y una situación laboral inestable aumentaron considerablemente la vulnerabilidad socioeconómica de los hogares. El promedio de ingresos de los y las trabajadoras en riesgo de desahucio era de 917,79€ al mes. Ingresos insuficientes para cubrir los gastos del grupo familiar (alimentación, gastos de la vivienda, transporte y vestuario) y, además, hacer frente a las deudas hipotecarias.
El desempleo de los padres y las madres y la precariedad en el empleo se mostró como un factor de riesgo importante en los procedimientos de desahucio de la vivienda familiar. El estudio también señala que las prestaciones económicas por hijos tuvieron escaso impacto para prevenir o mitigar el riesgo de desahucio.
La investigación pone de manifiesto el concepto de “inseguridad del hogar”, lo cual resulta paradójico porque “el hogar debe constituir el lugar más seguro para todas las personas, especialmente para la infancia”, señala el sociólogo Juan David Gómez Quintero.
"El hogar está constituido por un grupo primario, la familia, que provee afecto, sentido de pertenencia, identidad a sus miembros y satisfacción de las necesidades básicas. Pero también está constituido por un espacio físico, acogedor y confortable, que proporciona descanso y seguridad al grupo humano", añade.
Tras los resultados obtenidos en esta investigación, “los Servicios Sociales y los sistemas de protección social tendrán que considerar este tipo de factores ante las consecuencias socioeconómicas de la actual crisis sanitaria originada por la pandemia del coronavirus”, concluye Gómez Quintero.
