La sección número 3 de la Audiencia de Zaragoza ha desestimado el recurso de apelación presentado por Inversiones Empresariales Ebro S.A. (IEE). De este modo, la sala confirma el auto del Juzgado de Instrucción nº 4 que decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de la querella presentada contra este Diario Libre d'Aragón, dos de sus periodistas –Chorche Tricas e Iker González– y el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez. Todos ellos estaban acusados de diversos delitos de "injurias", "calumnias con publicidad" así como un delito de "revelación de secretos".
En un auto, fechado el 25 de septiembre y del que AraInfo ha tenido conocimiento este miércoles, 2 de octubre, la Audiencia de Zaragoza reafirma que el sobreseimiento provisional "es conforme a derecho y adecuado al momento procesal en que nos encontramos". Destaca también, como ya hiciera la magistrada del Juzgado de Instrucción, que "las expresiones referidas a la entrega de subvenciones" deben de enmarcarse "dentro de la crítica política".
Respecto al supuesto delito de "revelación de secretos", la Audiencia explica en su auto que "su objeto de protección es la intimidad de las personas, entendida como en la que se desarrollan facetas reservadas o su intimidad o privacidad, y en este caso la información que se afirma revelada, aunque le faltara el requisito administrativo concreto para su publicidad, era de contendido conocido por los grupos políticos del Ayuntamiento de Zaragoza, de manera que nada que no se supiera puede entenderse revelado".
"Amparadas por la libertad de expresión y de información"
Fue el pasado 17 de julio, cuando la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 4 de Zaragoza recalcaba en su auto que "en modo alguno resulta acreditado que se haya cometido una infracción penal por parte de los querellados", y añadía que los hechos que denuncia la empresa Inversiones Empresariales Ebro, "por más que le hayan ofendido o le hayan causado algún tipo de perjuicio, no resulta acreditado que sean constitutivos ni de un delito de injurias graves con publicidad o de calumnias, ni de un delito de revelación de secretos, ya que no se ha producido ningún apoderamiento, modificación o utilización de papeles, mensajes, correos o datos reservados, que afecte a la intimidad de la mercantil referida y pueda colmar los requisitos objetivos y subjetivos del tipo referido".
"Las expresiones que se imputan a los querellados y se califican de injuriosas o calumniosas quedan claramente amparadas por la libertad de expresión y de información", y en el caso del concejal de ZeC "en el de la crítica política", remarcaba la magistrada. "Podrán desagradar a sus destinatarios, pero son expresiones que en modo alguno pueden ser constitutivas de delito por más que sugieran de forma genérica un trato de favor hacia la empresa querellante. Máxime cuando la mayor parte de ellas fueron expresadas por profesionales del periodismo cuya única pretensión parece ser que era la 'crítica' a la actuación municipal, al cuestionar el destino de un dinero público entregado por parte del Ayuntamiento de Zaragoza", añadía el auto.
En este sentido, el auto del Juzgado de Instrucción incidía en que "comprendiendo que esas manifestaciones puedan molestar a los propietarios y responsables de la empresa querellante Inversiones Empresariales Ebro S.A. a quienes se cuestiona, sugiriendo que han obtenido ayudas públicas debido a su buena relación con dirigentes del PP y que dichas ayudas no han respondido a la solicitud presentada y proyectos aportados, de forma que no han revertido en una innovación beneficiosa para la ciudad de Zaragoza, no se considera que dichas expresiones sean constitutivas de los delitos regulados en los artículos 205-ss del Código Penal".
"No existe otro ánimo que el de reprochar la actuación de los dirigentes del consistorio municipal y de una manera indirecta de la empresa favorecida por la subvención, pero no se entiende que se rebase el derecho a la libertad de expresión constitucionalmente reconocido", continuaba el auto de la magistrada. De este modo, la jueza recordaba que "no se puede obviar en casos como el que nos ocupa, que el contrapeso y control que pueden hacer los medios de comunicación, con la información y la crítica, a poderes del estado se encuentra dentro del juego de nuestra democracia. En estos casos quedan amparadas por las libertades de expresión e información no sólo críticas inofensivas o indiferentes, 'sino otras que puedan molestar, inquietar o disgustar".
#AraInfoSinMordazas
La querella de Inversiones Empresariales Ebro S.A. llegaba en enero de este año a raíz de las informaciones publicadas por AraInfo en noviembre de 2023 en las noticias ‘El Ayuntamiento de Zaragoza (PP) subvenciona con 70.000 euros a una franquicia de polos actualmente cerrada’ y ‘Otros 65.000 euros de ‘subvención’ para los amigos de Chueca’, y tras el acto de conciliación, celebrado el 6 de marzo, y la declaración en los juzgados, el 4 de junio. En todo momento, los tres investigados, Iker González, Chorche Tricas y Suso Domínguez, así como sus defensas ejercidas por los letrados José Manuel Marraco, César Fernández y Ramón Campos respectivamente, han defendido el derecho a la información y la libertad de expresión, como así ha quedado acreditado.
Ante esta denuncia y la utilización de la justicia para fines ajenos a ella, en marzo este Diario Libre lanzó #AraInfoSinMordazas, una campaña por la libertad de información, y para recaudar fondos para hacer frente a los gastos de este proceso, que han sido varios. Una campaña en la que se ponía el acento en el reguero de querellas contra periodistas y medios como una constante para silenciarnos. En estos meses de campaña se han sumado cientos de personas y colectivos sociales, sindicales y políticos, así como una veintena de medios de comunicación.
