El Gobierno de Aragón no se está negociando en Aragón. Se está negociando en Madrid. Tras una campaña electoral en la que PP y Vox escenificaron su ruptura, se dieron coces, se acusaron mutuamente y compitieron por ver quién endurecía más el discurso, el futuro institucional de Aragón depende ahora de un despacho en Génova y de otro en Bambú. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han asumido el control directo de las conversaciones para formar gobierno en Aragón —y también en Extremadura—, dejando a Jorge Azcón y Alejandro Nolasco en un segundo plano. Madrid decide. Aragón espera instrucciones.
La dirección estatal del PP confirmó que participará en las negociaciones con Vox y puso sobre la mesa un “documento marco” que fija las condiciones para cualquier pacto. Un decálogo que, en la práctica, exige un cheque en blanco: apoyo de la ultraderecha para cuatro presupuestos aún inexistentes, coherencia programática bajo el paraguas estatal del partido y compromisos ideológicos que poco tienen que ver con las prioridades aragonesas. Defensa de la “unidad nacional”, ofensiva contra la inmigración irregular, centralidad de la natalidad y endurecimiento frente a la ocupación. Aragón convertido en pieza de una estrategia estatal.
Vox, por su parte, anunció también un acuerdo con el PP para establecer un nuevo marco de negociación en dos fases: primero el programa y después el reparto de responsabilidades. Y en ese segundo punto ya dejó caer sus exigencias: no descarta reclamar una vicepresidencia y varias consejerías de “peso”. Pero el entendimiento duró apenas unas horas. Al menos en apariencia. Santiago Abascal rechazó públicamente el decálogo del PP, calificándolo de “incorrecto” y asegurando que parecía que los populares estuvieran negociando “con salvajes”. Una escena que retrata el nivel real de la negociación: reproches cruzados, teatralización y pulso entre direcciones estatales mientras la gobernabilidad de Aragón queda en suspenso.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, trató de corregir el tiro asegurando que Azcón y Guardiola “liderarán las conversaciones”, en aparente contradicción con el control previo anunciado por Génova. La sensación, sin embargo, es inequívoca: el adelanto electoral fue ordenado desde Madrid para desgastar al PSOE de Pedro Sánchez y ahora es Madrid quien intenta ordenar el tablero tras un resultado que ha debilitado al PP y ha duplicado la fuerza de la ultraderecha.
Azcón convocó elecciones prometiendo estabilidad y mayoría suficiente para “quitarse a Vox de en medio”. El resultado ha sido el contrario: menos escaños, menos votos y una ultraderecha con 14 representantes en las Cortes y capacidad de veto. El único ganador claro del adelanto ha sido Vox. Y el único árbitro real del futuro de Aragón se sienta en la sede de Abascal.
Madrid decide, Aragón paga
La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha denunciado este martes que la intervención de Génova en las negociaciones supone “un ninguneo y una falta de respeto que vamos a pagar todos los aragoneses”. “Azcón acató la orden de Feijóo de llevarnos a elecciones y ahora Feijóo dirige la negociación del Gobierno de Aragón. El mensaje es claro: Madrid decide”, ha señalado.
La cuenta atrás institucional
Mientras Madrid negocia, el calendario aragonés avanza. El próximo 3 de marzo se constituirán las Cortes de Aragón, momento en el que tomarán posesión las y los 67 diputados electos —35 por la circunscripción de Zaragoza, 18 por la de Uesca y 14 por la de Teruel— y se iniciará formalmente la XI Legislatura.
Desde ese día se activa la cuenta atrás: habrá dos meses para investir a un presidente o presidenta. Si el 3 de mayo ningún candidato ha logrado la confianza de la Cámara, las Cortes quedarán disueltas automáticamente y se convocarán nuevas elecciones.
El candidato propuesto deberá someterse a una primera votación en la fecha que determine la presidencia de las Cortes. Necesitará mayoría absoluta (34 escaños). Si no la obtiene, 24 horas después se celebrará una segunda votación en la que bastará la mayoría simple. Si tampoco prospera, podrán realizarse nuevas propuestas, con un plazo de diez días entre cada intento.
El escenario es claro: o PP y Vox pactan bajo supervisión de sus direcciones estatales, o Aragón se encamina hacia una repetición electoral provocada por una maniobra política que nació en Madrid y que puede terminar, también, decidiéndose allí.
