Ante el creciente aumento de nuevas instalaciones de ganadería industrial en el municipio de Benavarri, este grupo ecologista ha dirigido al Consejero de Agricultura, Ganadería y Medioambiente del Gobierno de Aragón una carta.
La zona de Ribagorza en general y Benavarri en particular, están sometidas a una gran presión del sector ganadero que pone en serio peligro el buen estado de sus masas de agua y la calidad del medio natural.
Una de las últimas solicitudes de ampliación ganadera en el término de Benavarri ha llevado a este grupo ecologista a redactar un escrito de alegaciones ante el Ayuntamiento de la localidad en el que se manifiesta la necesidad de que los nuevos proyectos ganaderos se sometan al nuevo ordenamiento legal.
La presentación de propuestas al anuncio del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental ante el ayuntamiento de Benavarri, obliga a una reflexión sobre la situación en que se encuentra este municipio debido a la extensión del sector porcino y las afecciones al medio natural derivadas de esta realidad.
“La administración española y la aragonesa en particular transita un camino oscilante entre la preocupación por salvaguardar el buen estado de las masas de agua y la presión que ejerce el sector de la ganadería industrial que prioriza el negocio y hace cuanto está en su mano para mantener el crecimiento del sector”, señalan desde Ecologistas en Acción.
Mientras, por un lado se redactan documentos de ampliación de las zonas afectadas por la contaminación de nitratos, por otro parecen retrasarse las directrices que deberían determinar y limitar las prácticas agro-ganaderas que entran en conflicto con el buen estado del agua y del medio natural.
“Este peligroso binomio apunta a que hay dos velocidades en el proceso: una lenta para la normativa y otra rápida para los promotores que aprovechan la vigencia del anterior marco legal para consolidar un creciente número de instalaciones ganaderas”, advierten desde Ecologistas en Acción.
Esta organización señala así esta doble realidad en la que la presión del sector de la ganadería industrial en las administraciones provoca el síndrome de que "no hay más remedio" de la población de los territorios afectados. Mientras esto pasa, los acuíferos acumulan en forma de nitratos, la fortaleza del mercado, la debilidad de la administración y el miedo de la población.
Tal como reconoce el MITECO, las aplicaciones de las Directivas del Consejo de Europa 91/676/CEE, de 12 de diciembre y 2020/2184, de 16 de diciembre, relativas a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen agrícola y la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, no han alcanzado los resultados deseados y en este momento la Unión Europea considera la contaminación de origen difuso como un problema central en sus políticas ambientales y agrarias.
Estas valoraciones se recogen en la normativa de rango estatal mediante un nuevo Real Decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias que se encuentra sometido a información pública en la actualidad.
De igual forma está pendiente aprobación el decreto del Gobierno de Aragón, por el que se regula la valorización de residuos orgánicos mediante operaciones de tratamiento de suelos que produzcan un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos.
Desde este grupo ecologista consideran que la administración aragonesa “ha pecado de lentitud” en su acción normativa y a pesar de la entrada en vigor la Orden AGM/83/2021, de 15 de febrero, por la que se designan y modifican las Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias, se continúa la concesión de nuevas instalaciones y ampliaciones que “a todas luces, van a empeorar la realidad venidera”.
Esto es especialmente vigente en la comarca de Ribagorza y en el municipio de Benavarri que ha quedado fuera de las zonas vulnerables a pesar del crecimiento de nuevas explotaciones y que la contaminación por nitratos de las masas de agua sea alarmante.
El caso de Graus (zona vulnerable) es perfectamente extrapolable y sobradamente aplicable al término municipal de Benavarri por cuanto la realidad del sector porcino en este municipio supera a la de Graus. Benavarri tiene 1.107 habitantes y 67.861 cabezas de porcino, en otras palabras, 61,3 cerdos por cada habitante o unos 432 cerdos por Km.
Por su parte, Graus tiene 3.305 habitantes y unas 45.032 cabezas de porcino, es decir, unos 150 cerdos por Km y unos 13,6 por habitante.
Benabarre representa un vacío en el mapa de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en su entorno geográfico que se está aprovechando para asegurar la concesión de nuevas instalaciones en una especie de “saldo de fin de temporada”. En este escenario, la calidad ambiental de una amplia zona del pre-pirineo aragonés puede sufrir un irreversible deterioro.
Los últimos muestreos sobre la calidad de las aguas realizados por colectivos de la comarca arrojan unos resultados que, en todos los casos, superan los niveles de concentración de nitratos permitidos por la legislación.
Esto debería obligar a una adecuación de los puntos de control de calidad que la CHE dispone en el término municipal que son a todas luces insuficientes para poder realizar una valoración realista de la realidad de la contaminación difusa sobre todo atendiendo a la tendencia a aumentar la exigencia del nuevo Real Decreto.
Por ello han solicitado formalmente la paralización de todos los expedientes de nuevas aperturas o ampliación de instalaciones ganaderas hasta la entrada en vigor de las nuevas normas legales que van a ser de aplicación, en un futuro próximo, antes que la autorización de nuevas instalaciones.
Por encima del cumplimiento estricto del ordenamiento legal vigente en el momento de comenzar los trámites para la concesión de una autorización ambiental integrada, es preciso considerar que las solicitudes se ciñan al nuevo ordenamiento que constituirá el marco normativo del futuro inmediato.
