Alcaldes del PP gestan una crisis institucional con las trabas a limpiar los vestigios del franquismo

Calatayud y Zaragoza se pertrechan para forzar al Gobierno de Aragón a retirarles los fondos autonómicos con su oposición a la Ley de Memoria, en un caso contra el criterio de cuatro administraciones y en el otro basándose en un informe elaborado por dos expertos en historia medieval y antigua y una periodista, lo que anticipa conflictos de incierto desenlace en varios ámbitos de la esfera política

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El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, saluda efusivamente al portavoz de Vox, Julio Calvo, de cuyos votos dependen las iniciativas de PP y C’s. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

La resistencia de los equipos de gobierno de dos de las principales ciudades de Aragón, Zaragoza y Calatayud, liderados por el PP con el apoyo de C’s en ambos casos, a retirar del callejero a destacados dirigentes del franquismo y a dejar sin efecto el acuerdo por el que en 1951 Franco recibió la principal condecoración del lugar, respectivamente, anticipa un otoño de fuertes tensiones políticas, tanto entre Gobierno autonómico y oposición como en el seno del primero, con el vencimiento del plazo que la Ley de Memoria Democrática autonómica daba “para limpiar los espacios públicos de vestigios de la dictadura.

El plazo inicial para eliminar de los espacios públicos los “elementos o menciones realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de Estado de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatoria”, vencía el 22 de agosto, pero la suspensión de los plazos administrativos por el estado de alarma por la pandemia lo retrasó a finales de noviembre; concretamente el día 22 de ese mes, domingo, dos días después del 45º aniversario de la muerte del dictador en un hospital madrileño.

Esa norma establece que para esa fecha deben estar retiradas las “denominaciones de calles, vías o lugares públicos que rindan homenaje a militares o políticos afectos al golpe de estado o al régimen franquista”; las “placas, escudos, insignias, inscripciones, anagramas y otros elementos sobre edificios públicos o situados en la vía pública” y cualquier tipo de “alusiones que desmerezcan a la legalidad republicana y a sus defensores” o que hagan referencia a “los participantes, instigadores o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista”. Y no hacerlo puede tener consecuencias de dos tipos.

Por una parte, en el caso de los vestigios materiales, el Gobierno de Aragón abrirá un expediente para determinar si deben ser retirados, decisión que será ejecutiva en tres meses y que acabará con su supresión, ya sea por el consistorio afectado o por la propia comunidad autónoma; salvo que ese trimestre discurra sin que haya una resolución, con lo que “se producirá la caducidad del procedimiento”.

Y, por otra, la ley establece que “con carácter general, las entidades locales de Aragón que no eliminen de sus edificios y espacios públicos símbolos contrarios a la memoria democrática de Aragón (…) podrán ser objeto de sanción mediante la exclusión de procesos de concesión de subvenciones y ayudas públicas” autonómicas.

Una poliédrica onda expansiva política

Eso sitúa tanto al Gobierno de Aragón como a los ayuntamientos díscolos con la Ley de Memoria en una encrucijada. O, más bien, a cada uno en su encrucijada, según el caso: recortar los recursos públicos de algunos de los principales consistorios de la comunidad por una cuestión identitaria y perder, por un posicionamiento ideológico, una importante inyección de dinero con la que financian servicios básicos. Y soportar el eventual desgaste que pueda derivarse de lo que finalmente ocurra.

La coalición de PP y C’s de Jorge Azcón, que gobierna Zaragoza bajo la supervisión de la ultraderecha de Vox, se juega en ese envite los 18,6 millones de euros de origen autonómico con los que financia sus servicios sociales más los 8,9 presupuestados para el convenio de la Ley de Capitalidad (el consistorio dice que le corresponden 27, lo que elevaría la cifra a 45,6), mientras que la alianza de conservadores y naranjas que dirige José Manuel Aranda en Calatayud dejaría en el aire otros dos con los que se pagan los servicios sociales, las escuelas infantiles y la Policía Local.

Mientras en el caso de Calatayud las hostilidades llevan meses en marcha, el riesgo de perder esos fondos, que son muchos más, por ejemplo, de los que el Ayuntamiento de Zaragoza se jugaba con el decreto de los remanentes, en una polémica que ofreció una (hasta entonces) inverosímil alianza de Azcón con alcaldes independentistas catalanes y nacionalistas vascos contra La Moncloa, augura un conflicto entre la plaza del Pilar y el Pignatelli que previsiblemente se vería amplificado y trasladado a otros escenarios por los partidos que gobiernan ambas instituciones.

Todo, en el primer invierno de la pandemia, con las cuentas públicas de todas las administraciones sufriendo con dureza  el impacto de la crisis y mientras otra de las incógnitas que componen el escenario se encuentra en los efectos que tanto la aplicación como la inaplicación de la ley (el texto incluye margen discrecional para ambas cosas) en caso de que los ayuntamientos acaben no retirando los vestigios del franquismo, podría tener en la coalición cuatripartita que gestiona la comunidad: el acuerdo de gobierno no incluye la palabra “memoria” y los socios son los dos partidos que promovieron la ley (PSOE y Cha), uno de los que la apoyaron (Podemos) y otro, el Par, que ya rechazó el grueso de su contenido y que, clave como sostén del ejecutivo pese a sus convulsiones internas, no ha modificado esa posición.

Y, por último, el conflicto augura también nuevas tensiones en la agitada vida interna de Ciudadanos, cuya rama autonómica apoyó la norma en las Cortes mientras algunos de sus grupos municipales, entre ellos el de Zaragoza que dirige Sara Fernández, se alinean con los alcaldes díscolos.

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Los conservadores de Jorge Azcón y los naranjas de Sara Fernández, dependientes de Vox para sacar adelante sus iniciativas, han frenado en seco los avances de Zaragoza en Memoria Democrática en la última década y media.

También el Senado insta a Calatayud a revocar la medalla a Franco

En Calatayud, el PP, que gobierna con C’s, acabó a finales de julio apoyándose en Vox para impedir, con la abstención de los naranjas y el Par, que saliera adelante la propuesta del PSOE para revocar el acuerdo por el que el ayuntamiento concedió en 1951 la medalla de oro de la ciudad a Franco.

La medalla ya no está vigente, tal y como se deriva de la reforma del reglamento de protocolo aprobada en ese mismo pleno. Sin embargo, nadie ha modificado el acuerdo de concesión, y la ley establece para ayuntamientos y diputaciones la obligación de “revisar e invalidar por los procedimientos legalmente establecidos todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos (…) y las demás formas de exaltación de personas vinculadas a la defensa del régimen franquista”.

La propia DGA en referencia a la ley autonómica, la Delegación del Gobierno basándose en la estatal y el Justicia y la propia secretaria del ayuntamiento fijándose en ambas han instado al Ayuntamiento de Calatayud a revocar ese acuerdo, cuyo mantenimiento ha llevado a la Fiscalía a abrir diligencias por un presunto delito de prevaricación sobre los concejales bilbilitanos de PP y Vox.

Hace unos días, el consistorio recibía un nuevo requerimiento, en este caso del Senado, cuya mesa acordó el pasado 22 de septiembre de 2020 reclamarle “los informes obrantes en el Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza) relativos a la obligación legal de proceder a dejar sin efecto el acuerdo plenario por el que se concedió la Medalla de Oro de la ciudad a Francisco Franco”.

La unidad de criterio resulta, a falta de que se una el centro-derecha local, prácticamente unánime sobre la necesidad de revocar los honores al dictador. Su mantenimiento, según un informe de la secretaria municipal, expone a los concejales que lo apoyan a un proceso contable que, en el peor de los casos para ellos, podrían obligarles a poner de su bolsillo el dinero que pierda el ayuntamiento como consecuencia de su posicionamiento político. De suceder eso, saldrían a unos 200.000 euros anuales por cabeza.

Cuando los medievalistas dictaminan sobre la memoria

El Ayuntamiento de Zaragoza recibió en mayo un requerimiento similar de la cámara alta, al que seguía sin responder de manera oficial al cierre de esta información, en la que esta se interesaba por conocer las razones por las que mantiene catorce calles dedicadas a militares franquistas y a personajes destacados de la dictadura, caso de los jefes de la División Azul Agustín Muñoz Grandes y Santiago Amado Lóriga, el segundo de los cuales es también hijo adoptivo de la ciudad, y por las gestiones o trámites realizados para eliminarlas del callejero.

Al consistorio, que ya retiró a Franco de su nomenclátor en 1931 pero le cuesta acabar de limpiar los vestigios de su dictadura noventa años después, ha optado por diferir sus decisiones creando una comisión cuya mera existencia le ha permitido hasta ahora eludir sendas condenas en los juzgados de lo Contencioso Administrativo: los jueces han desestimado las demandas en las que la entidad memorialista Amro reclamaba que fuera obligado a “la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y la dictadura franquista, en el municipio, y adopte las medidas oportunas para su retirada”, y otra en la que la Fundación 14 de Abril denunciaba el cortocircuito del proceso para renombrar varias de esas calles, cuya paralización fue una de las primeras decisiones del gobierno PP-C’s, que alegó cuestiones de forma para frenar el expediente.

Junto con esos dos fallos, que anticipan un tercer espacio de discusión de la ley en el ámbito judicial tras los de las Cortes y los ayuntamientos, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza dispone como baza argumental en materia memorialista de un informe elaborado por un experto en historia antigua, otro de historia medieval y una periodista que concluyen que ninguna de las denominaciones de las once calles sobre las que fueron consultados debe ser modificada, pese a incluir a destacados personajes del franquismo.

El informe considera “indeterminada y de muy difícil delimitación” la expresión “personas vinculadas a la defensa del régimen franquista", propone excluir de ella “a quienes hubieran expresado su mera conformidad, o simple acatamiento [de la dictadura], por unas u otras razones”, y, por último, plantea “si la participación en los procesos de depuración, con frecuencia impuestos por oficio a determinados cargos, políticos o no, debería examinarse teniendo en cuenta el resultado real de la misma”.

Así, el dictamen, que se refiere a los sublevados como “autoridades partidarias del alzamiento militar contra el Gobierno de la II República”, viene a decir que no está claro qué entra en el término “franquista” y que quizás los represores lo fueron porque les iba en el cargo, algo que se califica por sí solo en una ciudad en la que, sin ser frente de guerra ni sufrir sitios ni tomas, historiadores como Julián Casanova han documentado 3.544 muertos por la represión, todos en el mismo bando.

¿Qué posición adoptará la iglesia?

A falta de conocer las respuestas de otros municipios de menor entidad sobre el futuro de sus vestigios del franquismo, otra institución como es la iglesia, y que la pasada legislatura se mostró especialmente beligerante con el Gobierno de Aragón a cuenta de la asignatura de religión, tiene también marcado con una cruz el 22 de noviembre.

Fuentes del Gobierno de Aragón confirmaron que obispados y parroquias han recibido en los últimos meses requerimientos para retirar las placas de homenaje y otros símbolos de ensalzamiento del bando sublevado en 1936, algo a lo que no se opone, salvo que haya cambiado de opinión, el obispo de Teruel y Albarracín, Antonio Gómez Cantero.

"Personalmente, y creo que también las comunidades parroquiales, no se opondrán a que retiren las simbologías relacionadas con el bando vencedor de la guerra civil", sostenía hace dos años en una carta remitida al senador de Compromís Carles Mulet, en la que recordaba que estas "fueron impuestas por un decreto de la Jefatura del Estado contestado con una queja formal desde la Secretaría de Estado del Vaticano".

Varios de los municipios aragoneses a los que el Senado ha requerido la retirada de vestigios han respondido que estos “están enclavados en la iglesia, y en consecuencia, no resultan de competencia municipal”, como el de Adahuesca, o han solicitado a la parroquia o el obispado que los suprima, como los de Siétamo, Plasencia de Jalón o Alcalá de Ebro.

Calatorao es un caso especial. Dispone desde 1981 de una placa de homenaje a los fallecidos en los dos bandos y hace tres que pidió al arzobispado de Zaragoza “la retirada de la placa de enaltecimiento a los caídos del banco nacional de la fachada de la iglesia”, con el compromiso de “retirarla y llevarla a la zona del cementerio municipal donde están enterradas las personas allí mencionadas”. “Dicha placa ensalza solo a uno de los bandos”, explica el ayuntamiento en el acuerdo plenario por el que tomó esa decisión, y “todos los fallecidos fueron víctimas y por tanto, ambos bandos se deberían de considerar por igual y de honrar por igual”.

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