A la quinta tampoco fue la vencida: PP, PAR y Cs impiden la retirada de la medalla de oro de Calatayud a Franco

Los populares esgrimen que el galardón tiene carácter vitalicio, y, por tanto, sus efectos desaparecen con el fallecimiento de la persona. Un argumento que tanto el Justicia como la DGA ya han desmontado. La decisión conculca las leyes estatales y aragonesas sobre memoria histórica.

la cartuja medalla
Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

Con la lógica, la evidencia, el sentido común, la humanidad, la justicia, la verdad y la reparación no fue suficiente. Tampoco el hecho de estar conculcando la Ley de Memoria Histórica y la de memoria democrática de Aragón. No valió el informe del Justicia y tampoco han servido de nada sendos escritos del Gobierno de Aragón y de la propia secretaria general del Ayuntamiento de Calatayud. No hay manera. El PP, con la inestimable ayuda de PAR y Ciudadanos, se sigue negando a retirar al dictador Francisco Franco la medalla de oro de Calatayud.

La siguiente bala será, directamente, un requerimiento del Ejecutivo aragonés y un informe jurídico de la secretaria municipal. Ambos ya han sido solicitados por el concejal socialista en Calatayud Víctor Ruiz.

El ardid de los populares: que, según el Reglamento Municipal de Honores del Ayuntamiento, la medalla es vitalicia y, por tanto, su concesión queda sin efecto con la muerte del dictador. Varios escritos de diferentes instituciones han desmontado por completo dicho argumento. ¿Y qué? Debe pensar el alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda (PP).

El quinto intento

El edil socialista Víctor Ruiz creía que a la quinta podía ir la vencida. Era el primer punto del día de la Comisión de Cultura celebrada en el Consistorio bilbilitano este martes 10 de marzo. Este postrero intento comenzó a pergeñarse hace más de tres meses, el 5 de diciembre de 2019, cuando el Grupo Municipal Socialista presentó una propuesta –para que se llevara a dicha comisión– que solicitaba dejar sin efecto el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Calatayud por el que se concedió la medalla de oro a Francisco Franco Bahamonde.

En su escrito, el PSOE recordaba que el Pleno del Ayuntamiento de Calatayud, reunido en sesión extraordinaria el 26 de diciembre de 1951, acordó, “por aclamación”, conceder al dictador la medalla de oro. Mucho más tarde, en 1955, se celebró el acto de entrega de la misma en el que, en presencia de Franco, se leyó un discurso con algunos fragmentos como estos:

“SEÑOR: Hondamente emocionados, como quien recibe un honor inmerecido, preséntase a V. E. una comisión del Ayuntamiento de Calatayud, para haceros entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad y del Pergamino que perpetúa el acuerdo municipal de concesión, no como un pobre premio a los méritos y virtudes que concurren en V. E., sino como una gran muestra de agradecimiento a quien salvó la patria en momentos de peligro y continúa, con pulso sereno y bondadoso corazón, llevándola a un mejor destino”.

A la propuesta, el Grupo Socialista adjuntó un informe realizado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (el que tiene la competencia en memoria histórica), que echa por tierra el argumento principal esgrimido por el PP, referido a ese carácter vitalicio.

“Dichas afecciones no cesan con el fallecimiento de la persona”

El informe del Gobierno de Aragón recuerda, en primer lugar, que tanto la Ley 52/2007, de 27 de diciembre (Ley de Memoria Histórica) como la Ley 14/2018 de memoria democrática de Aragón exigen a las administraciones la retirada de todos los elementos contrarios a la memoria democrática, ya sean escudos, insignias, placas u otros objetos o menciones conmemorativas. Las citadas normas, dice, imponen una conducta –al Ayuntamiento de Calatayud en este caso– y no le corresponde a la institución municipal “ponderar su cumplimiento”.

Para desarmar la estrategia elusiva del Consistorio recurre al propio Reglamento Municipal de Honores. En él se dice que son vitalicias, pero también que se pueden conceder a título póstumo. Además, el artículo 16 de dicho Reglamento prevé la posibilidad de revocar las recompensas honoríficas concedidas “si alguno de sus titulares llegase a ser indigno de poseerlas por causas que afecten gravemente al honor”.

Queda claro, continúa el informe, que las afecciones de esta medalla “no cesan ni quedan extinguidas por el fallecimiento de la persona y consiguiente extinción de su personalidad jurídica, tal y como dispone el artículo 32 de nuestro Código Civil”. Si esto fuese así, sostiene, no cabría distinguir con dicha condecoración a una persona fallecida, como sí contempla el Reglamento.

El carácter vitalicio, explica, tiene que ver con la limitación de su concesión, ya que sólo pueden concederse siete como máximo y, fallecido su titular, revierte al Ayuntamiento la posibilidad de otorgarla nuevamente a otra persona.

En una línea similar se expresa la propia secretaria general del Consistorio que, en otro informe fechado el pasado 4 de marzo, apunta que, “procedería, en ejecución de la normativa estatal y autonómica sobre memoria histórica, revocar la concesión y entender que queda vacante, sin generar ningún derecho”.

Otro de los razonamientos presentados por el PSOE bilbilitano para demostrar que la medalla seguía en vigor era el hecho de que el nombre de Francisco Franco aún aparece en el libro de las personas que ostentan dicha mención. A este respecto, el informe del Gobierno señala que, en el propio libro, ha de constar su revocación.

Las evidencias y las contundentes pruebas contrarias a las tesis de los populares han vuelto a resultar inanes. El dictador se mantendrá perpetuamente homenajeado por el Ayuntamiento de Calatayud. Ver para creer.

Las otras 5 veces en las que el PPse negó a retirar a Franco la medalla de oro de Calatayud

El primero intento de Víctor Ruiz fue en el año 2009, cuando él era alcalde de Calatayud. En esa ocasión solicitó la retirada de la medalla y la propuesta no salió adelante por la abstención de siete de los nueve concejales del PP y dos de los cuatro del PAR. A favor votaron PSOE, CHA y los que rompieron la disciplina de voto entre populares y aragonesistas.

Volvió a la carga en 2013, ya con José Manuel Aranda al frente del Consistorio, y, de nuevo, el voto en contra de la docena de ediles populares dio al traste con su proposición.

La tercera intentona llegó en el Pleno municipal del 28 de octubre de 2015. En este caso, el concejal socialista cambió de táctica y, no sólo exigió la retirada de la medalla, sino que pidió que se iniciaran los trámites para dejar sin efecto el Pleno del Ayuntamiento, de 26 de diciembre de 1951, en el que se otorgó la distinción. Con los votos en contra de PP y PAR (y la abstención de Ciudadanos) la tentativa volvió a fracasar. Sólo PSOE, CHA y Aragón Sí Puede votaron a favor.

El Justicia pide que se le retire la medalla a Franco

En enero de 2016, Víctor Ruiz trató de lograr el apoyo de las instituciones. Envió una misiva idéntica al Gobierno de Aragón, la Delegación del Gobierno y el Justicia de Aragón. Este último emitió un comunicado en el que exigía al Ayuntamiento de Calatayud que cumpliera con la Ley de Memoria Histórica y desmontaba también el argumento del carácter vitalicio.

Uno de los párrafos del escrito decía que: “Tampoco podría considerarse como argumento válido para eludir esta obligación municipal el hecho de que el objeto a valorar, en este caso, es una medalla que se concede con carácter vitalicio, por lo que, ante la muerte de su receptor, ningún efecto tendría ya. Y ello por cuanto lo que, al parecer, se pretendería en este caso con la retirada de la medalla es eliminar cualquier vestigio del pasado de su otorgamiento –recuerdo a desaparecer-, y no tanto su proyección y/o posibles consecuencias futuras. Lo que habrá de merecer una valoración en profundidad del Pleno. También habrá de valorarse el dato de que el carácter de este tipo de medallas no necesariamente o siempre puede calificarse de ‘vitalicio’ en la media en que también se pueden conceder post mortem”.

Caso omiso hizo José Manuel Aranda, que, días después, respondió al Justicia con otra carta (con el membrete municipal, pero a título personal), en la que señalaba, entre otras cosas, que “el pasado, pasado está y, por esa misma razón, las nuevas denominaciones de las calles surgidas tras la llegada de la democracia no han podido eliminar la existencia de un periodo anterior en las que se llamaban con otro nombre, el cual quedó impreso en cartas, membretes, escrituras, contratos, etc.”

Las excusas del PP para no condenar el franquismo

Pocas excusas le quedan ya al PP para seguir justificando el sinsentido de negarse a articular medidas tan básicas como que un dictador no ha de ser homenajeado. En Calatayud es el carácter vitalicio; en Alcanyiz, donde Franco perdió su medalla a principios del actual mes de marzo, justificaron su abstención porque, según ellos, “en los temas de la guerra civil y el franquismo, la izquierda propone una política de trincheras ante la que es necesario buscar una mirada desde las alturas”.

Muchas dudas también despierta el comportamiento de los populares en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde el Gobierno municipal (PP y Ciudadanos), apoyados en Vox, decidieron paralizar el procedimiento iniciado por Zaragoza en Común para cambiar el nombre de algunas calles en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Algunas de las denominaciones que se iban a sustituir por nombres de mujeres (con el objetivo de feminizar el callejero) eran las de Antonio Gregorio Rocasolano, primer presidente de la Comisión para la Depuración del Personal Universitario; Gonzalo Calamita, rector de la Universidad de Zaragoza entre 1935 y 1941, durante su mandato, se apunta en un estudio de la Universidad de Zaragoza, “tuvo lugar la depuración del profesorado, no sólo del universitario”.

Miguel Allué Salvador, alcalde durante la dictadura de Primo de Rivera y presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza tras el golpe de Estado de 1936 y hasta 1940, o Miguel Merino, último alcalde predemocrático (1976 – 1979).

Muy críticos fueron también los populares cuando las Cortes de Aragón aprobaron la Ley de memoria democrática. El diputado del PP Miguel Ángel Lafuente dijo entonces que era “extremista, involucionista, radical e injusta”. Una ley, anotó,“que no reconoce como víctima a nadie que no perteneciera a una ideología concreta y que aborda la Segunda República como un remanso de paz en el que no pasó nada”.

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