La Asociación de Educadoras y Educadores Ambientales de Aragón (AEDUCAA) ha reclamado al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón que actúe para resolver el conflicto abierto por la suspensión de salidas y actividades fuera de las aulas en numerosos centros educativos. “Educación no puede callar”, advierte la asociación, que pide abrir un proceso de diálogo con los centros y el profesorado ante la inseguridad jurídica denunciada por las y los docentes.
AEDUCAA deja claro que “en ningún momento critica la decisión adoptada por los docentes y los centros” de suspender estas actividades hasta contar con garantías suficientes. Su reclamación se dirige a la Administración, a la que pide acelerar el diálogo y adoptar las medidas necesarias para resolver una situación que empieza a afectar también a profesionales, asociaciones y pequeñas empresas vinculadas a las actividades educativas.
La asociación reclama al Gobierno de Aragón que aborde la situación generada después del “fatídico accidente” ocurrido durante una salida escolar y que, según explica, ha llevado a numerosos centros a optar por suprimir las salidas ante “la inseguridad jurídica y la falta de criterios claros”.
La educación ambiental, mucho más que “salidas al campo”
AEDUCAA subraya además la importancia educativa de las actividades que están quedando en suspenso. La educación ambiental, recuerda, no consiste únicamente en realizar “salidas al campo” o mantener contacto con la naturaleza, sino que constituye un proceso pedagógico continuo e interdisciplinar dirigido a transmitir conocimientos, valores y actitudes sobre la relación entre sociedad y medio ambiente.
No cuenta con un espacio concreto ni con una única asignatura en la que desarrollarse, sino que atraviesa los contenidos curriculares y las diferentes etapas educativas. Las salidas constituyen, por ello, una herramienta relevante dentro de un proceso más amplio de educación para la sostenibilidad.
Las visitas al medio natural y al patrimonio cultural y etnológico, así como las propuestas desarrolladas por colectivos sociales, asociaciones y pequeñas empresas, permiten al alumnado conocer directamente su entorno y modificar su percepción sobre él. “No se trata de un instrumento educativo imprescindible, pero sí muy importante”, recalca la asociación.
La prolongación de las suspensiones abre además otro frente. AEDUCAA alerta de la “inseguridad” que afrontan ahora las propias educadoras y educadores ambientales ante la posibilidad de que las actividades previstas con los centros educativos sean canceladas.
Por ello, considera urgente que Educación dialogue con los centros y el profesorado y adopte decisiones que permitan desbloquear el conflicto garantizando las condiciones reclamadas por las y los docentes.
La asociación advierte de que retrasar una solución repercutirá en la educación del alumnado y en los valores ambientales que dejarán de transmitirse mediante estas actividades, pero también en la actividad laboral de educadoras y educadores ambientales y de las empresas y entidades que las desarrollan.
AEDUCAA insiste en que la salida no pasa por cuestionar al profesorado que ha decidido suspender las actividades, sino por ofrecerle las garantías jurídicas y laborales que reclama. Por ello, urge al Gobierno de Aragón a abrir una mesa de diálogo, escuchar las reivindicaciones docentes y adoptar las decisiones necesarias para resolver la situación.
Un conflicto que Educación no consigue cerrar
La petición de las educadoras ambientales se suma a un conflicto que continúa abierto desde el pasado curso. La Orden ECU/1254/2026, aprobada en agosto por el Gobierno de Aragón para regular transitoriamente las actividades complementarias y extraescolares, no ha conseguido frenar las suspensiones en los centros.
El IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva fue uno de los primeros en anunciar al inicio del curso que no realizaría actividades complementarias ni extraescolares durante todo el 2026-2027, al considerar que la nueva regulación aumenta la burocracia y no aclara suficientemente las responsabilidades. Después llegaron nuevas decisiones de centros en el mismo sentido.
El rechazo también ha unido a los cinco sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación. CSIF, CGT, CCOO, STEA-i y UGT denunciaron conjuntamente en septiembre que la orden “no protege al profesorado”, incrementa la burocracia y mantiene la desprotección laboral. Las organizaciones exigieron una negociación real para garantizar la seguridad jurídica, la voluntariedad de la participación, la regulación de jornada, descansos y compensaciones y la reducción del papeleo.
Ahora, las consecuencias de un conflicto que continúa sin resolverse traspasan las puertas de colegios e institutos. Las educadoras y educadores ambientales reclaman una respuesta a Educación ante la incertidumbre sobre la continuidad de unos programas que forman parte de la educación para la sostenibilidad y que también sostienen la actividad de profesionales, asociaciones y pequeñas empresas aragonesas.
