Representantes de CGT Enseñanza han visitado, estos pasados miércoles y jueves, el Parlamento Europeo para explicar a los eurodiputados y eurodiputadas de la comisión de educación, la situación de la enseñanza en Aragón.
El segundo sindicato de la enseñanza pública aragonesa ha comparecido ante la comisión de educación del Parlamento Europeo para denunciar los problemas actuales de la educación aragonesa, destacando la privatización que fomenta el actual gobierno, la situación de la escuela rural, la necesidad de estabilizar al profesorado interino, la inseguridad jurídica del profesorado en las extraescolares o el afán sancionador del servicio de Inspección de Uesca.
Patricia Ariza, delegada de CGT, ha empezado denunciando “la privatización de la enseñanza en forma de conciertos educativos, privatización que supone un desvío de fondos públicos a manos privadas, con el agravante ideológico y adoctrinador, ya que la inmensa mayoría de estos centros pertenecen a órdenes religiosas”.
A este respecto Ariza ha remarcado que “el empeño en concertar el bachillerato es totalmente político e ideológico en beneficio de la población urbana y dentro de esta la más pudiente, ya que supondría despilfarrar millones de euros innecesariamente cuando en Aragón hay 2.300 plazas vacantes de Bachillerato en centros públicos”. Antes de abordar otra cuestión la portavoz de CGT Enseñanza Aragón ha recordado que “este curso lo hemos podido frenar en los juzgado, pero ya han anunciado que lo van a volver a intentar, y desde aquí decimos que nos volverán a tener enfrente, tanto en las calles como en los juzgados”.
La representante sindical también ha abordado la situación de la FP, denunciado también “la privatización de esta formación en Aragón, fomentando cierres de grados en centros públicos porque se supone que no hay demanda, para el curso siguiente ofertarlos en centros privados”. Además Patricia Ariza, ha insistido en que CGT exige la derogación de la FP Dual, “ya que es un modelo que piensa más en el alumnado como futuro trabajador que como en una persona a formar, al tiempo que, muchas veces el alumnado realiza en las empresas un trabajo no remunerado, no unas prácticas formativas, ahorrando al tejido empresarial miles de millones de euros”.
A continuación, Ariza ha criticado la situación del profesorado interino aragonés, “que ronda el 43% del total, muy por encima del límite del 8% que exige la normativa europea, pese a lo cual ni el gobierno central, ni en nuestro caso el de Aragón, han hecho practicamente nada, tanto es así que Aragón fue la única comunidad que no ofertó plazas de maestras en el pasado proceso de estabilización”. Por ello, ha señalado la representante sindical “CGT aboga por un proceso de estabilización justo y con garantías, que estabilice personas y no plazas, y que dé solución y compensación a todo el personal que está actualmente trabajando en fraude de ley, así como porque se reforme el sistema de acceso para que sea funcional, digno, adaptado a la realidad educativa y que garantice el cumplimento de la normativa europea respecto al porcentaje de interinidad”.
La escuela rural aragonesa ha sido otro de los temas abordados por Patricia Ariza, a la que ha denominado como “la columna vertebral del sistema educativo en Aragón, pero a la que nuestro gobierno del PP-Vox detrae recursos porque allí no hay negocio, no hay nada que privatizar. Cuando se cierra una escuela en un pueblo, no se cierra solo un aula: se condena a una comunidad entera a la pérdida de su presente y su futuro, por ello la escuela rural requiere inversión, no cierres. Requiere recursos humanos y reconocimiento de sus peculiaridades”.
También la polémica con la regulación de las actividades extraescolares ha sido tratado por la portavoz de CGT, al denunciar que “la administración aragonesa ha abandonado a dos docentes tras una denuncia por negligencia profesional en un viaje de estudios, lo que ha dejado en evidencia la precariedad con la que trabajamos el profesorado especialmente cuando salimos voluntariamente del centro a realizar actividades extraescolares, ni siquiera contamos con una cobertura de gastos jurídicos cuando hay una denuncia. Esta inseguridad ha generado que muchos centros estén renunciando a hacer estas actividades con el consiguiente perjuicio formativo para el alumnado”.
Como último tema Ariza ha hecho mención al “ataque a la libertad sindical que supone la propuesta de sanción de diez meses de suspensión de empleo y sueldo contra un delegado sindical de CGT de la Junta de Personal Docente de Uesca por unas declaraciones acerca de un presunto abuso de poder del jefe de inspección, por ello, desde CGT pedimos que los hechos denunciados por nuestro compañero sean investigados de forma transparente y externa, y que se retire la propuesta de sanción a nuestro compañero por ejercer su labor sindical. Además exigimos el cese del mencionado jefe de inspección, ya que al margen de lo comentado, y desde su nombramiento en el cago ha impuesto un clima sancionador y autoritario, que tiene como una de sus consecuencias un crecimiento considerable del número de expedientes sancionadores, hasta el punto de ser muy superior al de Zaragoza, siendo Uesca una provincia con menos de la mitad de centros y profesorado que Zaragoza. Esta situación ha generado un clima de miedo y presión entre el profesorado, que se aleja del modelo de inspección de acompañamiento y asesoramiento que la LOMLOE establece, y es que denunciar, preguntar, cuestionar y criticar las actuaciones de la administración forma parte inseparable de la acción sindical en cualquier democracia. Sancionar a un representante sindical por ejercer esa función es un ataque directo a la libertad sindical y a la libertad de expresión”, ha enfatizado.
Para concluir su intervención, la portavoz de CGT ha resumido lo expuesto remarcando que “todas estas cuestiones comparten una raíz común: el Gobierno de Aragón de PP-Vox prioriza los intereses privados de los más pudientes sobre el derecho a la educación pública de toda la población, lo hace desviando fondos a conciertos innecesarios mientras se cierran aulas públicas, excluye a miles de interinas de la estabilización mientras se precariza la profesión, abandonando escuelas rurales mientras se subvenciona la privada en los barrios de Zaragoza de mayor renta, delegando la seguridad jurídica de los docentes a empresas privadas en lugar de asumirla desde la propia administración, y sancionando a quien denuncia irregularidades en lugar de investigarlas, el mensaje es claro: la educación pública no es la prioridad, por ello desde CGT hacemos un llamamiento al Parlamento Europeo y a todos los grupos políticos aquí presentes para que defiendan en todos los ámbitos y lugares, que los fondos públicos deben destinarse a la educación pública”.
