Dos meses después de la entrada de más de 80.000 personas migrantes en Ceuta, Amnistía Internacional (AI) documenta la gravedad de una crisis humanitaria atravesada por graves vulneraciones de derechos humanos. Torturas, palizas, humillaciones, hostigamiento racista, expulsiones sumarias, perfilamiento racial, mujeres y menores abandonados a su suerte y miles de personas viviendo en condiciones indignas.
Son las conclusiones de una investigación sobre el terreno realizada por la organización entre el 10 y el 15 de septiembre. AI entrevistó a más de 65 personas migrantes y solicitantes de asilo, entre ellas 31 menores de entre 13 y 17 años y 26 mujeres —dos embarazadas—, y recogió 22 testimonios directos que atribuyen a militares españoles palizas, acoso, humillaciones, robos de dinero y confiscación y destrucción de teléfonos móviles. También mantuvo encuentros con periodistas, ONG, Fiscalía y representantes del Gobierno de Ceuta.
Amnistía señala especialmente a miembros de las Fuerzas Armadas españolas y sostiene que los abusos documentados “parecen responder a un patrón”, en particular por parte de unidades de Regulares y de la Legión. Algunos de los hechos, por su severidad, pueden constituir tortura, un crimen de derecho internacional.
Golpes, bridas, palizas y personas arrojadas por terraplenes
La investigación no se limita a testimonios. Amnistía asegura haber documentado gráfica y audiovisualmente cuerpos con lesiones compatibles con golpes de defensas rígidas. Dos jóvenes marroquíes presentaban lesiones en la cabeza y uno relató que había sido obligado a arrodillarse antes de ser golpeado.
Otro joven aseguró llevar 25 días sin poder caminar después de que un militar lo empujara desde una altura mientras dormía, junto a otras personas migrantes, en las inmediaciones de la ermita de San Antonio.
Dos jóvenes, uno marroquí y otro argelino, denunciaron haber recibido golpes con porras y puñetazos mientras permanecían inmovilizados con bridas. Los investigadores de AI pudieron comprobar las marcas que estas habían dejado en sus muñecas. Uno de ellos relató que, después de inmovilizarlo, fue introducido en un maletero, amordazado, golpeado contra un árbol y finalmente arrojado por un terraplén.
La organización ha contrastado además su investigación con la documentación recopilada por el colectivo Border Resistance. Entre ese material figuran vídeos en los que aparecen migrantes tendidos en el suelo recibiendo golpes con defensas y patadas y partes médicos que acreditan fracturas y traumatismos craneales que las víctimas atribuyen a agresiones de soldados.
Golpes, spray, humillación... Tratos crueles e inhumanos a migrantes en Ceuta por parte de militares. Compartimos uno de los muchos testimonios que recogimos en nuestro trabajo en terreno, esta vez, el de un menor de edad.
Tienes toda la información en nuestra web… pic.twitter.com/pUe8avJXAm
— Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) September 30, 2026
Obligar a musulmanes a arrodillarse y besar una cruz
Los testimonios recopilados dibujan un catálogo de prácticas que va mucho más allá del uso excesivo de la fuerza. Personas entrevistadas denuncian insultos y amenazas para obligarlas a abandonar Ceuta, impedirles dormir durante la noche o transitar durante el día, retirarles la comida si desobedecen órdenes y obligar a jóvenes a raparse el pelo.
Entre las prácticas más graves documentadas figura la denuncia de que personas musulmanas fueron obligadas a arrodillarse y besar una cruz cristiana, además de recibir golpes en la cabeza y la espalda con porras y botas.
La violencia denunciada alcanza también a las mujeres. Una joven marroquí embarazada explicó a AI que un militar realizó comentarios de carácter sexual sobre ella. La organización ha recogido testimonios de insultos, humillaciones y vejaciones sexuales contra mujeres migrantes.
Según testimonios y vídeos examinados por Amnistía, algunos militares habrían actuado además de noche y encapuchados para evitar ser reconocidos, golpeando a personas migrantes o rociándolas con espray irritante antes de proceder a su expulsión sumaria a través de la valla del Tarajal.
“Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos”
La investigación describe también un hostigamiento cotidiano de naturaleza racista, xenófoba e islamófoba que no afecta exclusivamente a las personas recién llegadas, sino también a población ceutí racializada o percibida como de origen marroquí.
Amnistía documentó controles e identificaciones basados aparentemente en el color de piel o la indumentaria. En el caso de las mujeres, llevar velo podía determinar si se les permitía acceder al centro de la ciudad, comercios o supermercados.
El propio equipo de AI presenció cómo militares abordaban a varias personas racializadas sentadas en un banco, les preguntaban si “eran de aquí” y las obligaban a marcharse. Cuando los investigadores preguntaron por qué lo hacían, un militar respondió: “Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos”.
La propia delegación de Amnistía terminó sufriendo el clima que estaba investigando. Fue identificada por el Cuerpo Nacional de Policía después de cuestionar la expulsión de personas consideradas migrantes de determinadas zonas y asegura haber recibido hostigamiento e insultos de militares desplegados junto al Hospital Universitario de Ceuta.
Unas 800 mujeres en la calle y menores rechazados cuando piden protección
A la violencia se suma una situación de desprotección humanitaria extrema. Amnistía estima que unas 800 mujeres, algunas acompañadas de sus hijos e hijas, permanecen viviendo en la calle.
La organización encontró familias y menores durmiendo desde hacía semanas a la intemperie. Una veintena de familias monomarentales habían conseguido refugiarse gracias a una iniciativa ciudadana en una carpa próxima a la mezquita de Sidi Embarek, pero duermen en el suelo y carecen de duchas y aseos.
Especialmente grave es la situación de la infancia. Amnistía entrevistó a menores no acompañados que aseguran acudir casi diariamente a dependencias policiales para solicitar protección y ser rechazados reiteradamente, pese a las obligaciones legales de las autoridades cuando se encuentran ante una persona menor sin un adulto responsable.
La organización documenta además denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas migrantes. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial recogidos por AI, se iniciaron 37 investigaciones relacionadas con estos hechos y 28 continuaban abiertas. Las víctimas contabilizadas son 39 —38 mujeres y un hombre—, de las cuales 14 son menores de edad.
Hambre, sed y horas caminando para conseguir una bolsa de comida
Miles de personas continúan sin una asistencia humanitaria y sanitaria adecuada. Duermen en tiendas de campaña, bajo plásticos o directamente al raso y sufren problemas para acceder a alimentos, agua, higiene y atención médica.
Amnistía describe cómo Cruz Roja distribuye una vez al día en la playa del Trampolín una bolsa con pan, agua, atún, zumo y galletas. Mujeres acompañadas por sus hijos e hijas y refugiadas en otros lugares de la ciudad deben caminar durante horas para recoger esa única entrega, porque si no acuden con los menores no reciben también su ración.
AI ha recogido igualmente denuncias de discriminación y comentarios racistas en el Hospital Universitario de Ceuta, donde algunas personas migrantes aseguran haber sido llamadas “invasores” y obligadas a esperar en el exterior de Urgencias.
Entre los testimonios figura el de un hombre en silla de ruedas con graves lesiones en tobillos, brazos y torso. Afirmó haber sido empujado por militares desde una altura superior a seis metros y que, pese a sus lesiones, no se le había realizado ninguna radiografía.
El discurso de odio en política y las calles
Amnistía Internacional sitúa estos abusos en un contexto marcado por la deshumanización política y social de las personas migrantes. Los datos del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) recogidos por la organización señalan que los mensajes de odio en redes sociales aumentaron un 76% durante agosto a raíz de la crisis de Ceuta.
Expresiones como “invasores” o “hay que cazarlos” han pasado de las redes al debate político. AI recuerda que el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, llegó a afirmar públicamente que había que “cazar uno por uno” a quienes habían entrado irregularmente en Ceuta, mientras la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo escribió: “No son migrantes. Son soldados”. En Zaragoza, la ultraderecha también ha empleado expresiones de este tipo, como por ejemplo el concejal de Vox, David Flores, en el pleno celebrado este mismo miércoles.
El señalamiento se ha extendido también a periodistas, organizaciones humanitarias y activistas que prestan asistencia o cuestionan estos discursos. Amnistía reclama protección para quienes trabajan sobre el terreno y una investigación efectiva de las agresiones y amenazas que han sufrido.
Amnistía exige investigaciones independientes y el cese inmediato de los abusos
Ante la gravedad de sus hallazgos, Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno español y al presidente de Ceuta reclamando actuaciones urgentes.
Entre sus nueve recomendaciones exige garantizar inmediatamente alimentación, agua, asistencia sanitaria, higiene y unas condiciones dignas de acogida; identificar y proteger a todos los niños y niñas no acompañados; atender específicamente las vulnerabilidades derivadas del género y la edad; y trasladar a la península a personas en riesgo y solicitantes de asilo.
AI reclama además ordenar a las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales el “cese inmediato” de cualquier ataque u hostigamiento, incluidas palizas, humillaciones, vejaciones y prácticas de perfilamiento racial.
Y pide investigaciones “prontas, imparciales, independientes y exhaustivas” sobre los abusos que puedan constituir tortura u otros tratos crueles, apartando cautelarmente a los militares presuntamente implicados y examinando expresamente la posible motivación racista de las agresiones.
La organización exige asimismo respetar el principio de no devolución y la prohibición de las expulsiones colectivas, garantizar el acceso efectivo al asilo, condenar públicamente los discursos racistas, xenófobos e islamófobos y proteger a periodistas, organizaciones humanitarias y activistas.
Amnistía dirige también un mensaje específico a los gobiernos territoriales: les reclama que cumplan la legislación y, “lejos de obstaculizar” la llegada de personas migrantes, faciliten la reubicación de niños, niñas y adolescentes que han llegado solos a Ceuta para aliviar la saturación y garantizar una acogida digna.
Una reclamación que interpela directamente al Gobierno de Aragón de PP y Vox, que, como informó AraInfo, anunció su intención de recurrir el Real Decreto que regula el reparto territorial de menores llegados a Ceuta y de intentar evitar la acogida en Aragón de los 476 niños y niñas que le corresponden.
Ahmed: tutelado, con residencia legal y expulsado a Marruecos
Un día después de conocerse la investigación de Amnistía Internacional, la Cadena SER ha revelado este jueves un caso que reúne varias de las vulneraciones denunciadas por la organización: violencia contra menores, expulsiones sin garantías y desprotección institucional.
Ahmed —nombre utilizado para preservar su identidad— tiene 16 años, es marroquí, estaba tutelado legalmente por la Ciudad Autónoma de Ceuta desde 2024 y cuenta con residencia legal en el Estado español. Sin embargo, según la investigación de la SER, militares y agentes de la Guardia Civil lo expulsaron a Marruecos durante la madrugada del 10 al 11 de septiembre.
El menor relata que fue interceptado en la zona del puerto y que intentó explicar reiteradamente que estaba documentado y bajo tutela de la administración ceutí. Su denuncia es especialmente grave: “Les insistía en que tenía papeles y me pegaron en la cabeza”.
Según la información publicada por la SER, Ahmed fue trasladado hasta la frontera y entregado a las autoridades marroquíes sin procedimiento de repatriación, resolución administrativa, asistencia letrada ni las garantías previstas para un menor tutelado. Actualmente se encuentra en Marruecos con su familia y pide regresar a Ceuta.
La Fundación Raíces ha llevado el caso ante los juzgados de Ceuta mediante un recurso contencioso-administrativo en el que solicita su retorno inmediato y denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales. También ha pedido que se conserven y aporten las grabaciones de videovigilancia del paso fronterizo para tratar de identificar a quienes intervinieron en la expulsión.
El caso de Ahmed desmonta además el relato de la “invasión”: no hay invasores, sino personas que necesitan protección y unos derechos que las autoridades están obligadas a garantizar.
