Antes de la llegada de la coalición trumpista PP-Vox a la DGA, Aragón era conocida como tierra de acogida, amable, solidaria y humanitaria. Desgraciadamente, con la estrategia ultraderechista de culpar de todos los males a nuestras vecinas más pobres, la población migrante que ayuda a la existencia de Aragón, nuestra nobleza y humanidad está en cuestión.
Este pasado lunes, la coalición PP-Vox celebró un Consejo de Gobierno extraordinario en el que decidió “interponer un recurso contencioso administrativo frente al Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades y ciudades autónomas”. Así lo anunciaban la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el vicepresidenta Alejandro Nolasco.
Los motivos que argumenta el Gobierno de Aragón que le llevan a interponer el recurso se sustentan en que, a su juicio, el Real Decreto 556/2026 “invade competencias autonómicas, y se ha hecho a espaldas del Gobierno de Aragón”.
A la falta de humanidad del actual Gobierno de Aragón se una además su habitual filibusterismo político, pues el anuncio del recurso llega justo al límite temporal para presentarlo, siendo el 5 de octubre la fecha tope.
Aragón tiene ocupadas menos de la mitad sus plazas previstas para la acogida de infancia en riesgo. El insolidario recurso presentado por PP-Vox aún se entiende menos si se conocen las cifras. La DGA reconoce que en Aragón hay 222 menores extranjeros tutelados, aunque la capacidad ordinaria de plazas de acogida debería ser de 476 niños y niñas a fecha 30 de junio, según fija la normativa vigente.
“Propaganda política financiada con dinero público”
Izquierda Unida de Aragón ha criticado el nuevo recurso presentado por el Gobierno de Aragón contra el decreto estatal de reparto de menores migrantes no acompañados y ha acusado al Gobierno de Jorge Azcón de “contribuir activamente al bloqueo” de una situación humanitaria “que afecta a territorios fronterizos como Ceuta”.
“Estamos ante un nuevo episodio de propaganda política financiada con dinero público. El Gobierno de Aragón vuelve a presentar un recurso contra una norma destinada a garantizar los derechos de menores especialmente vulnerables, pese a que los tribunales ya han rechazado los recursos anteriores”, ha recordado la portavoz de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, quien ha aseverado que el Ejecutivo aragonés “no busca mejorar la atención a los menores ni resolver los problemas existentes con acciones como ésta”.
Abengochea ha apuntado que el gobierno PP-Vox no ha impulsado “ninguna medida para mejorar la red de centros de protección” de nuestro país y reitera que la estrategia de PP y Vox pasa por mantener “intacta” la situación actual de Ceuta para seguir alimentando “un discurso basado en el miedo y el odio. Ni han movido un dedo para ayudar a Ceuta ni proponen soluciones. Lo único que hacen es intentar bloquear cualquier mecanismo de solidaridad entre Comunidades Autónomas porque necesitan mantener permanentemente la imagen de una supuesta invasión migratoria”, ha denunciado la diputada de Izquierda Unida.
·El Gobierno de Aragón sigue jugando al ‘trilerismo’ con los datos sobre la red de protección, dice tener 104 plazas estructurales y atender 222 menores porque ocultan las plazas del Programa 17+ que cuenta con unas 140 o 150 plazas y que permite entender ese desfase entre los datos. El consejero Nolasco quiere presentar una situación de colapso de la red que no se debe a la llegada de menores extranjeros no acompañados sino a la ausencia de políticas generales de refuerzo de la red” que ya denunció la Chusticia d’Aragón”, ha explicado Abengochea.
“El mayor volumen de atención se registró en 2025 y, sin embargo, en 2026 la presión sobre el sistema ha disminuido. A pesar de ello, el Gobierno de Aragón, que ha recibido más de 3,2 millones de euros del Estado para esta finalidad y dispone de margen suficiente para ampliar la atención a menores extranjeros no acompañados, prefiere dedicar sus esfuerzos a presentar recursos judiciales y a reducir recursos de acogida. Como ejemplo están el cierre del centro Juan de Lanuza y la exclusión de otros dos centros del marco de conciertos”, ha lamentado Marta Abengochea.
Finalmente, Abengochea ha recordado, además, que los tribunales “ya han rechazado recursos anteriores” presentados por el Ejecutivo aragonés en esta materia y ha pedido que “abandonen una política basada en el bloqueo” y asuman “la responsabilidad que corresponde a Aragón”.
