La respuesta a la ofensiva del Gobierno de Aragón contra el Real Decreto que pretende regular los requisitos de sostenibilidad de los centros de datos no ha tardado en llegar. El colectivo aragonés “No es sequía, es saqueo” rebate el argumentario desplegado por el Ejecutivo de Jorge Azcón y sostiene que el problema para la economía aragonesa no es la regulación, sino la “avalancha actual de proyectos” que el Gobierno PP-Vox está impulsando en el territorio.
“El RD para regular los centros de datos no dinamita la economía de Aragón. La avalancha actual de proyectos sí”, sentencia el colectivo, que responde así a las alegaciones presentadas por el Ejecutivo aragonés contra la normativa estatal.
El Gobierno Azcón sostiene que el Real Decreto puede poner en riesgo más de 54.000 millones de euros en inversiones y las oportunidades de empleo asociadas a ellas. “La realidad es radicalmente contraria”, responde “No es sequía, es saqueo”, que pone precisamente el foco en el empleo, la disponibilidad de electricidad, el coste de oportunidad para otras industrias y el consumo de recursos.
La respuesta llega apenas unas horas después que Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, junto a numerosas organizaciones y plataformas, reclamaran justamente lo contrario que el Ejecutivo aragonés: endurecer el Real Decreto con límites al consumo de agua y energía, evaluar los impactos acumulativos de los proyectos y garantizar que su suministro proceda de fuentes 100% renovables.
“Los centros de datos destruyen empleo”
Uno de los principales argumentos que cuestiona el colectivo es la promesa de creación de puestos de trabajo con la que el Gobierno de Aragón acompaña su alfombra roja a las grandes tecnológicas.
“No es sequía, es saqueo” acusa al Ejecutivo de Jorge Azcón de estar modificando el modelo económico aragonés, desde una economía asentada en sectores industriales productivos y logísticos hacia otra basada en centros de datos, mucho menos intensivos en empleo.
Según los datos que aporta el colectivo, estas instalaciones presentan una ratio de entre 0,2 y 0,5 empleos directos por MW, frente a cifras que pueden alcanzar los 40 empleos por MW en sectores como la automoción.
Como referencia, cita un análisis de Boston Consulting Group según el cual un centro de datos de 100 MW genera alrededor de 500 empleos equivalentes a tiempo completo durante los dos o tres años de construcción, pero unos 50 durante sus aproximadamente veinte años de funcionamiento.
El colectivo recupera además una paradoja ya analizada por AraInfo a partir del informe encargado por Microsoft a IDC: siete territorios sin albergar sus centros de datos obtendrían, según las propias estimaciones presentadas por la tecnológica, más empleo asociado a sus inversiones que Aragón.
Para “No es sequía, es saqueo”, la cuestión no es únicamente cuántos empleos directos crean estas instalaciones, sino qué actividades económicas pueden quedar fuera al acaparar potencia eléctrica, conexiones a la red y suelo industrial.
Cariñena, un ejemplo del coste de oportunidad
El colectivo señala lo sucedido en Cariñena. El proyecto de centro de datos de Box2Bit previsto inicialmente en el municipio no pudo desarrollarse allí por falta de capacidad eléctrica y terminó liberando cuatro parcelas industriales.
Tres de ellas serán utilizadas por HMY Yudigar para ampliar sus instalaciones. La operación permitirá desarrollar un proyecto que prevé generar 150 puestos de trabajo, mientras otra empresa ocupará otra de las parcelas liberadas.
“No es sequía, es saqueo” utiliza el caso para ilustrar el coste de oportunidad de reservar electricidad y suelo industrial a proyectos electrointensivos con una generación comparativamente pequeña de empleo.
También apunta hacia La Puebla de Alfindén, donde el Ayuntamiento ha presentado alegaciones al centro de datos promovido por ACS. El consistorio advirtió, entre otras cuestiones, de que las infraestructuras requeridas por el proyecto dispararían los costes de urbanización y comprometerían el desarrollo del resto del polígono, además de tensionar el abastecimiento de agua.
El proyecto contempla un campus de 150 MW de potencia eléctrica y la transformación urbanística de más de 255.000 metros cuadrados. El Gobierno de Aragón lo declaró inversión de interés autonómico e interés general y continúa actualmente su tramitación como PIGA.
“En definitiva, no generan empleo, sino que lo destruyen”, concluye el colectivo.
El suministro eléctrico como “servicio de interés económico general”
La respuesta entra también en uno de los argumentos jurídicos empleados por el Gobierno de Aragón. El Ejecutivo PP-Vox sostiene que algunos de los requisitos previstos deberían establecerse mediante normas con rango de ley y que sería necesario modificar la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
“No es sequía, es saqueo” contrapone a esta interpretación el artículo 50 de esa misma ley, que atribuye a las administraciones competencias para analizar y controlar los proyectos de plantas industriales de gran consumo energético atendiendo a criterios de rentabilidad energética.
Recuerda además que la legislación eléctrica define el suministro como un “servicio de interés económico general” y establece como finalidad garantizarlo en condiciones competitivas y con la calidad adecuada.
A partir de ahí, el colectivo plantea que una proliferación descontrolada de centros de datos puede entrar precisamente en contradicción con esas obligaciones.
El aviso de Irlanda, Inglaterra y Estados Unidos
“No es sequía, es saqueo” sostiene que no se trata de un riesgo hipotético y cita experiencias internacionales donde la concentración de centros de datos ha provocado problemas sobre las redes eléctricas.
Apela, entre otras fuentes, a análisis de Naciones Unidas y la Agencia Internacional de la Energía sobre la creciente demanda energética de estas infraestructuras, y señala los problemas registrados en lugares con una elevada concentración de centros de datos como Irlanda y Estados Unidos.
El colectivo recuerda que Irlanda llegó a establecer restricciones para nuevas conexiones de centros de datos ante las limitaciones de su sistema eléctrico y señala también las dificultades que la presión sobre las redes está provocando para la electrificación de otras actividades.
También cita el caso de Londres, donde las restricciones de capacidad eléctrica han condicionado nuevos desarrollos urbanísticos, y los incrementos de los precios de la electricidad registrados en zonas con fuerte concentración de estas infraestructuras.
La Agencia Internacional de la Energía viene advirtiendo del fuerte crecimiento de la demanda eléctrica asociada a los centros de datos y, particularmente, a la expansión de la inteligencia artificial.
“No es sequía, es saqueo” lleva esa advertencia hasta Aragón y sostiene que los problemas de capacidad de la red ya condicionan proyectos industriales en Zaragoza.
“Lo imposible es convivir con 30 centros de datos depredadores de recursos”
El colectivo responde también directamente a uno de los argumentos principales utilizados por el Gobierno Azcón para pedir que se rebajen las exigencias del Real Decreto.
El Ejecutivo aragonés considera de “extremadamente difícil o imposible cumplimiento” algunas obligaciones energéticas planteadas en el borrador. Entre ellas, garantizar una elevada cobertura renovable y una correlación horaria entre la electricidad consumida por los centros y la generación renovable.
“No es sequía, es saqueo” invierte el razonamiento: “Lo imposible no es cumplir el Real Decreto. Lo imposible es convivir con 30 centros de datos depredadores de recursos”.
Si el Gobierno de Jorge Azcón considera inviable que las empresas adapten sus proyectos a determinadas condiciones energéticas, argumenta el colectivo, resulta contradictorio presentar como viable la implantación simultánea de decenas de instalaciones capaces de multiplicar la demanda de electricidad y aumentar significativamente las necesidades de agua de Aragón.
Una demanda eléctrica que podría multiplicarse hasta por quince
Para sostener esta advertencia, el colectivo cita el estudio 'The digital and green transition dilemma: Is there room for everything? Insights from the next decade (2025–2035) in Aragón', elaborado por Jorge Torrubia, Alessandro Lima, Alicia Valero y Antonio Valero y publicado en Energy Policy.
El trabajo analiza conjuntamente el despliegue previsto de centros de datos, hidrógeno verde y renovables en Aragón y concluye que, en los escenarios estudiados, la demanda eléctrica del país podría multiplicarse entre seis y quince veces hasta 2035. Centros de datos e hidrógeno verde concentrarían alrededor del 85% de esa demanda.
El estudio calcula además que satisfacer las necesidades eléctricas proyectadas podría requerir dedicar entre un 9% y un 39% del territorio aragonés a infraestructuras renovables, dependiendo del escenario y de las tecnologías empleadas. También estima incrementos del consumo de agua de entre el 41% y el 124% respecto al consumo económico actual y advierte de posibles conflictos derivados de la demanda estacional de los centros de datos.
Sus autores concluyen que el ritmo y la compatibilidad de las transiciones digital y energética plantean interrogantes y reclaman una planificación integrada que establezca límites ambientales y priorice la transición verde.
Para “No es sequía, es saqueo”, estos datos ponen en cuestión la política del Gobierno Azcón de declarar estas infraestructuras como Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA). “Si el Gobierno de Aragón declara como PIGA a centros de datos que solo vienen a acaparar nuestros recursos, poner en peligro la descarbonización de la economía y crear graves afecciones para la población sin generar beneficio alguno, el problema no es de un nuevo RD, sino de la falta de rigor con la que se conceden los PIGA”, afirma.
“Aragón no quiere centros de datos”
El último bloque de la respuesta entra directamente en el terreno social. Frente al discurso del Gobierno de Aragón, que presenta el Real Decreto estatal como una amenaza contra los intereses del país, “No es sequía, es saqueo” sostiene que “Aragón no quiere centros de datos”.
Es una afirmación del colectivo, que la fundamenta en el crecimiento de las movilizaciones y plataformas críticas con los proyectos en distintos puntos del territorio.
Y pone como último ejemplo lo ocurrido este jueves en Torrero. La Sala Venecia completó sus 220 plazas para la mesa redonda “Zaragoza en la encrucijada digital”, convocada junto a la Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia para analizar el impacto del centro de datos que Microsoft proyecta junto a Puerto Venecia. Alrededor de otras 200 personas se quedaron fuera al haberse completado el aforo.
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El colectivo señala asimismo la existencia de movimientos críticos en Zaragoza, Botorrita, La Puebla de Alfindén o Villamayor, entre otros lugares, y habla de una creciente “masa crítica” frente a un modelo que, a su juicio, permite que las grandes multinacionales acaparen recursos del territorio.
La nota termina con una declaración de intenciones. “No es sequía, es saqueo” acusa a las tecnológicas de presionar al Gobierno español para rebajar las condiciones del Real Decreto y anuncia que el movimiento contrario a estas infraestructuras intensificará también su presión.
“Nosotras presionaremos más, hasta ahuyentar a los promotores y paralizar todos los centros de datos”, afirma el colectivo antes de cerrar con otra frase: “Ha llegado el momento de pelear por nuestro futuro”.
