La regulación estatal de los centros de datos abre dos frentes prácticamente opuestos. Mientras las principales organizaciones ecologistas reclaman al Gobierno español que endurezca el proyecto de Real Decreto para poner límites al consumo de agua y energía, el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón, sostenido por PP y Vox, ha presentado sus propias alegaciones para pedir una “revisión integral” de la norma y cuestionar unas exigencias que considera excesivas para el desarrollo del sector.
El debate tiene especial trascendencia en Aragón, convertido en uno de los principales territorios de expansión de estas infraestructuras. Microsoft proyecta tres campus en La Muela, Villamayor de Galligo y Zaragoza, conectados entre sí mediante fibra óptica y con las correspondientes infraestructuras eléctricas y de abastecimiento de agua. A ellos se suma la expansión de AWS, con proyectos en Zaragoza, Uesca, Villanueva de Galligo, El Burgo de Ebro y La Sotonera.
Precisamente este jueves, el debate sobre este modelo desbordó literalmente la Sala Venecia de Torrero. Las 220 plazas quedaron ocupadas y alrededor de 200 personas se quedaron fuera de la charla “Zaragoza en la encrucijada digital”, centrada en cómo afecta a la vida y al territorio el centro de datos de Microsoft proyectado junto a Puerto Venecia. La Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia, junto al Colectivo contra los centros de datos en Aragón “No es sequía, es saqueo”, mantiene además una campaña de alegaciones al proyecto. Hasta la fecha ya son más de 400 las registradas.
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“La eficiencia no basta”
Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, junto a organizaciones sociales y plataformas ciudadanas, han presentado alegaciones durante el proceso de audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad energética, ambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos.
Las organizaciones valoran que el Gobierno español avance en la regulación de un sector en rápida expansión, pero consideran la propuesta insuficiente para prevenir y reducir adecuadamente sus impactos ambientales y sociales, especialmente sobre dos recursos fundamentales: agua y energía.
Reclaman una normativa que obligue a respetar los límites ambientales y sociales de cada territorio y se base en criterios de suficiencia y eficiencia. También exigen un suministro eléctrico 100% renovable, respaldado por almacenamiento y flexibilidad, sin recurrir a combustibles fósiles ni energía nuclear.
Su advertencia central es que mejorar la eficiencia de cada instalación no resuelve el problema si continúa creciendo sin límites el consumo agregado de recursos. “La eficiencia no basta si el consumo total de agua y energía sigue creciendo sin límites”, resumen las organizaciones, que reclaman “un debate social sobre el modelo de infraestructura digital” para decidir “cuánto, dónde y bajo qué condiciones” puede desarrollarse esta expansión.
Agua, electricidad y territorio
La avalancha de solicitudes de conexión a la red eléctrica muestra, según las organizaciones, la dimensión del fenómeno. Citando datos de la Agencia Internacional de la Energía, señalan que un centro de datos dedicado a inteligencia artificial con una potencia de 100 MW puede consumir anualmente tanta electricidad como unos 100.000 hogares.
Como ejemplo del impacto hídrico, recuerdan que el centro proyectado por Meta en Talavera de la Reina, con 248 MW de potencia prevista, contempla hasta 504 millones de litros de agua anuales entre el consumo propio de la instalación y las reservas para futuros equipamientos de la zona.
Las cifras concretas varían en función del tamaño de las instalaciones, la carga de los servidores y, especialmente, sus sistemas de refrigeración. Pero las organizaciones alertan de una creciente presión sobre los recursos hídricos, las redes eléctricas, otras actividades económicas, el territorio y la biodiversidad en un contexto marcado por la crisis climática y la creciente escasez de recursos.
En Aragón, la cuestión del agua ya forma parte material de estos proyectos. La documentación administrativa de las grandes infraestructuras proyectadas contempla instalaciones y necesidades específicas de abastecimiento, almacenamiento y tratamiento de agua.
Límites, planificación y garantías democráticas
Las alegaciones ecologistas concentran sus propuestas en tres grandes bloques. El primero pasa por establecer salvaguardas ambientales y sociales y límites máximos al consumo de agua y energía. Reclaman además que se estudie el impacto acumulado de todos los centros instalados o previstos en un territorio, en lugar de evaluar cada proyecto aisladamente.
El segundo afecta a la planificación energética y territorial. Las organizaciones defienden que las administraciones decidan previamente dónde pueden instalarse estas infraestructuras y bajo qué condiciones. La nueva demanda eléctrica debería cubrirse con generación 100% renovable, apoyada en almacenamiento y flexibilidad, sin desplazar las necesidades de descarbonización del resto de la sociedad ni incrementar la presión sobre el territorio y la biodiversidad.
El tercero reclama garantías democráticas: aplicación del principio de precaución, transparencia, rendición de cuentas y una participación pública suficiente antes de autorizar una expansión de esta magnitud. También plantean consultas democráticas vinculantes, auditorías de derechos humanos y una evaluación estratégica del despliegue.
El Gobierno de Jorge Azcón quiere menos exigencias
Las reclamaciones chocan directamente con la posición expresada este viernes por el Gobierno de Aragón. El Ejecutivo de Jorge Azcón, sostenido por PP y Vox, ha presentado cinco grandes objeciones al proyecto estatal y reclama una “revisión integral” del texto porque considera que puede poner en riesgo inversiones vinculadas a centros de datos que cifra en más de 54.000 millones de euros.
El Gobierno aragonés cuestiona los requisitos energéticos previstos y considera de “extremadamente difícil o imposible cumplimiento” exigencias como una cuota renovable superior al 90%, cubrir el 80% del consumo mediante generación renovable adicional o la correlación horaria entre generación y consumo. A su juicio, podrían convertirse en una “barrera efectiva” para nuevos centros de datos y proyectos ya en tramitación.
La posición encaja con la alfombra roja que el Gobierno Azcón viene desplegando para atraer grandes centros de datos a Aragón, convertidos en una de sus principales apuestas económicas. Frente a esa política de facilitar su implantación, las organizaciones ecologistas reclaman precisamente reforzar los controles y establecer límites previos al consumo de recursos.
El contraste es significativo: mientras el movimiento ecologista considera insuficientes las salvaguardas previstas y reclama elevarlas, el Gobierno PP-Vox de Aragón advierte de que las exigencias pueden comprometer los proyectos previstos en el territorio y sostiene que una regulación más restrictiva colocaría a Aragón y al Estado español en desventaja frente a otros países europeos. Frente a ese argumento económico, las organizaciones ecologistas reclaman que la expansión del sector quede subordinada a los límites ambientales y sociales de cada territorio, y no al revés.
Un respaldo social amplio
Las alegaciones ecologistas cuentan también con el respaldo de colectivos académicos, sociales y plataformas ciudadanas. Entre ellos figuran los aragoneses Plataforma 13M, No es sequía es saqueo y Fundación Quebrantahuesos, además de Tu nube seca mi río, No Mega-Centre de Dades, Juventud por el Clima–Fridays for Future, Setem Catalunya, SETEM Hego Haizea, Observatori DESCA, Mesa Montaña Palentina, Asociación Naturalista Esparvel, Ciudadanas en defensa de la Escuela Pública, Resistencias al Centro de Datos de Fuenlabrada, Gure Hazeia, Arte es Ética, Green Web Foundation, TITIP, CNT Colmenar, O proTEJO y Aigua és Vida.
La discusión sobre la regulación estatal aterriza así de lleno en Aragón: entre una expansión acelerada de los centros de datos, un Gobierno de Jorge Azcón que les ha extendido la alfombra roja y ahora reclama menos exigencias para su implantación, y un movimiento ecologista y vecinal que exige establecer primero los límites ambientales, energéticos, hídricos y democráticos del modelo.
Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran insuficiente el proyecto de Real Decreto y exigen topes al consumo de agua y energía.
