La investigación judicial abierta contra la alcaldesa de Mosqueruela, Alba Lucea (PSOE), por el contrato firmado con una consultora para la gestión de los tributos derivados de la implantación del Clúster del Maestrazgo de Forestalia avanza con nuevos investigados y la incorporación de más posibles delitos.
Según ha informado Teruel Existe, las nuevas diligencias practicadas este martes, 7 de julio, incorporan a la causa un posible delito de tráfico de influencias que se suma a los hechos que ya se investigaban en relación con la contratación de la consultora Munigest —posteriormente denominada STAL y con sede en Cuenca—.
“Poco a poco estamos destapando las tramas locales de Forestalia”, ha afirmado Joaquín Gargallo, concejal de Teruel Existe en el Ayuntamiento de Mosqueruela e impulsor de la denuncia que dio origen al procedimiento judicial.
Un contrato a comisión vinculado a los ingresos de Forestalia
Las actuaciones judiciales comenzaron tras la denuncia presentada por Teruel Existe por la firma de un contrato de asesoramiento jurídico y tributario que, según la acusación, se habría realizado al margen de la Ley de Contratos del Sector Público.
El contrato, ya declarado nulo en vía administrativa, establecía un sistema por el que la consultora podía percibir un porcentaje de los ingresos municipales derivados de la implantación de los proyectos renovables. Según la denuncia, la cantidad podría alcanzar los 750.000 euros.
Actualmente, la consultora sigue reclamando al Ayuntamiento de Mosqueruela una factura de 114.000 euros. La investigación suma ahora como investigado al administrador de la empresa, Ignacio Sáez Pontones.
Según la información trasladada por Teruel Existe tras las últimas diligencias judiciales, Sáez Pontones se habría vinculado con los hechos investigados a través de Cristina Gil, socia de Andrea Lacueva en la empresa AyC. Lacueva formó parte de listas electorales del PSOE.
Según la misma información, Gil y Lacueva, a través de AyC, prestaban servicios de “asesoría energética” a diferentes ayuntamientos del territorio, entre ellos Mosqueruela y otros municipios integrados en la asociación Viento Alto.
AyC habría firmado una colaboración con Ignacio Sáez Pontones para intermediar en la prestación de servicios de asesoría tributaria a Mosqueruela y otros municipios afectados por Forestalia y su proyecto del Clúster del Maestrazgo. Teruel Existe sostiene que fue en ese escenario donde se fraguó el contrato que ahora investiga el juzgado.
Las ordenanzas fiscales y el “menú tributario” de Forestalia
Los servicios que debía prestar la asesoría STAL —que para trabajar con la asociación de ayuntamientos Viento Alto operaba como Munigest— estaban relacionados con la gestión tributaria derivada de la implantación de los proyectos renovables.
Sin embargo, según Teruel Existe, tanto Viento Alto como Mosqueruela tramitaron modificaciones de ordenanzas fiscales destinadas a “mejorar” y “rebajar” el denominado “menú tributario” que debía liquidar Forestalia, incluyendo tasas por expedición de licencia, impuesto de construcciones y obras y canon urbanístico.
En el caso de Mosqueruela, las ordenanzas fiscales se mantuvieron finalmente después de la oposición mostrada en el pleno municipal de agosto de 2024 por el concejal Joaquín Gargallo, que defendió que no se concedieran mejores condiciones tributarias a Forestalia que a cualquier vecino.
Además, según Teruel Existe, Ignacio Sáez Pontones, pese a ser el asesor tributario contratado por el Ayuntamiento mediante el contrato investigado, se desvinculó en su declaración judicial de la propuesta de modificación a la baja de las ordenanzas y afirmó que ni siquiera la conocía.
Nuevas declaraciones relacionadas con Forestalia
En las diligencias practicadas esta semana han declarado Carlos Ontañón, CEO de Forestalia y director del INAGA entre 2004 y 2012 bajo las siglas del PAR; Luis Marruedo, letrado y asesor de Forestalia y director general de Medio Ambiente entre 2007 y 2011 también bajo las siglas del PAR; María José Franches, ingeniera forestal de Forestalia; y Daniel Lostao, exjefe de gabinete del entonces consejero José Luis Soro (CHA), que posteriormente entró a formar parte de Forestalia.
También declaró Ignacio Sáez Pontones, administrador de Munigest-STAL, ahora investigado dentro de las diligencias.
Reuniones con Forestalia y datos municipales para el proyecto
Según Teruel Existe, las declaraciones practicadas en sede judicial habrían constatado una estrecha relación entre la alcaldesa de Mosqueruela y Forestalia, con diferentes reuniones celebradas en el Parador de Teruel y en las propias oficinas de la compañía en Zaragoza.
La acusación sostiene además que existió una comunicación fluida entre ambas partes y que desde el Ayuntamiento se facilitaron datos para la elaboración del proyecto sin intervención de la secretaría municipal ni de personal técnico municipal.
Teruel Existe recuerda también que el Ayuntamiento de Mosqueruela mostró su satisfacción tras la Declaración de Impacto Ambiental favorable del proyecto —actualmente analizada dentro de otras investigaciones judiciales— y critica que no presentara alegaciones en defensa del territorio.
La formación añade que el consistorio llegó incluso a retirar las alegaciones realizadas a la declaración de utilidad pública del proyecto, un trámite que podía permitir la expropiación de terrenos afectados por el desarrollo del Clúster del Maestrazgo.
La acusación pide seguir investigando
La abogada que representa a la acusación particular, Dorinda Aventín, considera que la causa debe continuar abierta al entender que quedan extremos por esclarecer.
Entre ellos, señala que el Ayuntamiento de Mosqueruela no habría satisfecho adecuadamente el requerimiento de documentación solicitado por el juzgado.
Por su parte, las defensas de las personas investigadas defienden el cierre de la causa y el archivo de las diligencias.
La investigación continúa abierta meses después de que Alba Lucea declarara en marzo ante el Juzgado de Teruel como investigada. Entonces, según explicó la acusación particular, la alcaldesa reconoció la ilegalidad administrativa del contrato, aunque evitó responder a las preguntas planteadas por la acusación.
