La escalada del discurso racista en el Gobierno de Aragón ha provocado una imagen inédita en las Cortes. PSOE, Chunta Aragonesista, Aragón-Teruel Existe e Izquierda Unida han comparecido conjuntamente este jueves para denunciar la utilización de las instituciones públicas en una campaña de criminalización contra menores migrantes impulsada por Vox con el consentimiento del Partido Popular y el presidente Jorge Azcón.
La protesta llega después de que el portal oficial Aragón Hoy difundiera una información titulada “Un peligroso mena lleva fugado una semana tras escaparse de la Policía después de una brutal agresión a un menor en un centro de acogida de Zaragoza”. La noticia, publicada desde canales institucionales del Gobierno de Aragón, ha sido denunciada por la oposición como un ejercicio de señalamiento de la infancia migrante y de utilización partidista de recursos públicos.
“El verdadero responsable político es Jorge Azcón”
La portavoz socialista Mónica Iglesias ha cargado contra el presidente aragonés por permitir la estrategia de Vox. “Tenemos un problema grave con el señor Alejandro Nolasco, pero el verdadero responsable político es Jorge Azcón, porque lo está permitiendo”, ha afirmado.
Iglesias ha recordado que en los centros de protección conviven menores —a partir de seis años— que han sido separados de sus familias porque estaban en situación de desprotección con perfiles muy distintos. “Generalizar, señalar y criminalizar los centros de menores es una falta de respeto a todos los menores”, ha advertido, reclamando que la protección alcance a toda la infancia tutelada y no se utilice como arma política.
“Discursos de odio desde las instituciones públicas”
Desde CHA, el diputado Miguel Jaime ha acusado al vicepresidente Alejandro Nolasco de utilizar a menores vulnerables para obtener rédito político. Según ha señalado, se trata de “un nuevo ejercicio de lamentable propaganda política sustentado en la confrontación y el señalamiento”.
Jaime considera especialmente grave que se empleen recursos públicos para alimentar discursos de odio mientras se descuida la protección de la infancia. “El responsable político último y principal de toda esta situación es el presidente Azcón, que asiente y calla ante este tipo de declaraciones, todo por mantenerse en el poder”, ha afirmado.
“Una maquinaria para sembrar odio”
La diputada de Aragón-Teruel Existe Pilar Buj ha denunciado que Vox utiliza los canales institucionales para generar alarma social. “Es intolerable que se siga activando esta maquinaria de dar titulares locos utilizando los canales oficiales para sembrar mensajes de odio y de ruptura”, ha señalado.
Buj ha reprochado además al Gobierno que proyecte una imagen contradictoria de Aragón. “¿Presume de una Zaragoza que florece o de una ciudad llena de criminales? Aclárese”, ha dicho dirigiéndose a Azcón, al tiempo que ha reclamado respaldo para las personas profesionales que trabajan en los centros de menores.
“Están alentando la violencia y la cacería contra una persona”
Por su parte, la coordinadora general de Izquierda Unida Aragón, Marta Abengochea, ha denunciado que Vox está utilizando el Gobierno aragonés para legitimar discursos xenófobos, racistas e islamófobos.
“Están alentando la violencia y la cacería contra una persona”, ha advertido, acusando al Ejecutivo de poner las instituciones al servicio de una estrategia de confrontación. También ha cuestionado el silencio del presidente aragonés: “Señor Azcón, ¿va usted a condenar estas acciones y estas declaraciones de su socio de gobierno?”.
La ofensiva contra los menores migrantes continúa
Este caso de racismo institucional no llega de forma aislada. Apenas unos días después de que el Tribunal Supremo rechazara una nueva ofensiva judicial del Gobierno de Aragón contra el sistema estatal de reparto de menores migrantes no acompañados, Vox ha redoblado su presión política sobre este colectivo vulnerable.
Este mismo jueves, Alejandro Nolasco ha acusado a los medios de comunicación aragoneses de estar “a la orden de partidos políticos” por no compartir su enfoque sobre los menores migrantes y ha anunciado nuevas medidas para promover retornos a países de origen, pese a las limitadas competencias autonómicas en esta materia.
La estrategia coincide además con la tramitación —por la vía de urgencia para acelerar su debate parlamentario— de la nueva Ley de Vivienda de Aragón impulsada por PP y Vox. Se trata de la misma ley que quedó en proceso de tramitación durante la anterior legislatura pero que ahora incorpora el concepto de “arraigo” como criterio de acceso y desarrolla en la práctica la llamada “prioridad nacional” pactada por ambas formaciones tras las elecciones aragonesas.
Una escalada denunciada por periodistas y organizaciones de derechos humanos
La utilización de canales institucionales para difundir mensajes estigmatizantes sobre la población migrante ya había provocado críticas en las últimas semanas. El Colegio Profesional de Periodistas de Aragón reprochó al Gobierno PP-Vox varios comunicados del Departamento de Desregulación por emplear “enfoques, expresiones y simplificaciones que pueden afectar a la convivencia social”, alertando de la presencia de discursos discriminatorios en la comunicación institucional.
Pocos días después, Amnistía Internacional Aragón respaldó públicamente al Colegio de Periodistas y rechazó las expresiones utilizadas por responsables del Ejecutivo aragonés sobre migración, denunciando los discursos que contribuyen a la estigmatización de personas migrantes y refugiadas. La organización de derechos humanos cuestionó las actuaciones impulsadas por el Gobierno de Aragón contra menores migrantes no acompañados y recordó la obligación de las administraciones públicas de garantizar sus derechos y protección.
La denuncia conjunta de toda la oposición se produce también pocas semanas después de otras polémicas protagonizadas por Vox desde el Gobierno de Aragón, como la supresión del programa escolar de fruta por incluir productos extranjeros o la campaña para eliminar el programa de lengua árabe y cultura marroquí. Para PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe e Izquierda Unida, la publicación difundida desde Aragón Hoy confirma que la “prioridad nacional” ya no es únicamente un lema político, sino una estrategia institucional que utiliza recursos públicos para señalar a colectivos vulnerables y alimentar discursos de exclusión.
