La entidad Periodistas de Aragón ha trasladado a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo una solicitud de valoración sobre diversos comunicados institucionales difundidos recientemente por el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón.
El colectivo profesional y colegial ha recibido diversas quejas por parte de colegiadas y asociados, pero también de otros ciudadanos y ciudadanas “ajenas a la profesión”, respecto a algunos de estos textos, especialmente en cuestiones relacionadas con migración y colectivos vulnerables.
Ambas organizaciones dudan acerca de que “determinados enfoques y expresiones utilizados entren en contradicción” con las recomendaciones recogidas en el Código Deontológico del Periodismo y con la ‘Guía didáctica para el correcto tratamiento mediático de las migraciones’, impulsada conjuntamente por el propio Gobierno de Aragón y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón.
“Esta guía fue elaborada precisamente para promover un tratamiento informativo riguroso, contextualizado y no estigmatizante de las migraciones, así como para prevenir discursos discriminatorios o simplificaciones que puedan afectar a la convivencia social”, subrayan desde Periodistas de Aragón.
La petición remitida a la Comisión se refiere, entre otros aspectos, al uso reiterado del término ‘mena’, pese a que la guía desaconseja expresamente el uso de acrónimos para referirse a personas, y advierte del carácter “despectivo y estigmatizante que ha adquirido esa denominación”.
Asimismo, desde Periodistas de Aragón se observa “una reiterada asociación entre migración, inseguridad y conflictividad, así como referencias insistentes a nacionalidades y orígenes en contextos delictivos o conflictivos sin una justificación informativa clara”. Periodistas de Aragón subraya que los hechos relatados en algunos de estos comunicados “poseen evidente interés público y, en algunos casos, una indudable gravedad”. Precisamente por ello considera necesario “reforzar el rigor, la proporcionalidad y el respeto a los principios éticos en la comunicación institucional”.
“Los mecanismos de autorregulación y reflexión deontológica fortalecen la calidad democrática, la convivencia y la credibilidad del periodismo y de la comunicación pública”, concluyen desde Periodistas de Aragón.
La comunicación de la DGA manchada por el racismo institucional de la coalición trumpista PP-Vox
La decisión del Gobierno de Aragón de generalizar las pruebas forenses para determinar la edad de menores migrantes no acompañados ha abierto una nueva confrontación política e institucional en nuestro país. La medida, impulsada por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, y respaldada posteriormente por el presidente Jorge Azcón, se fundamenta en la detección de algún caso aislado en el que, según el Ejecutivo aragonés, existirían discrepancias entre la edad atribuida por la Administración estatal y la estimada por los servicios médicos aragoneses.
El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión política alrededor de la acogida de menores migrantes no acompañados, una cuestión que la coalición trumpista PP-Vox ha situado en el centro del debate público desde la reedición de su acuerdo de gobierno. Entre los compromisos suscritos por ambas formaciones derechistas figura una partida de 100.000 euros destinada al Instituto de Medicina Legal de Aragón para la realización de pruebas de determinación de edad con el objetivo declarado de evitar supuestos fraudes en la condición de menor.
Una niña de nueve años que podría tener trece
La controversia se desencadenó después de que Nolasco hiciera público el caso de un joven migrante remitido a Aragón por el Gobierno del Estado español como menor de edad. Según explicó el vicepresidente aragonés, las pruebas realizadas posteriormente por el Instituto de Medicina Legal concluyeron que tenía 20 años, por lo que sin valorar más contexto, el joven fue expulsado del centro de protección de menores en el que se encontraba alojado.
El vicepresidente aragonés aseguró además que se investiga un segundo caso. En esta ocasión se trataría de una niña que, según la documentación remitida por la Administración estatal, tendría nueve años, mientras que desde Aragón una valoración pediátrica inicial apuntaría a una edad aproximada de trece. Ante esta situación, el Departamento de Bienestar Social ha ordenado la realización de nuevas pruebas forenses.
Respaldo de Azcón al racismo institucional
Horas después de las declaraciones de su vicepresidente, Jorge Azcón cerró filas con la iniciativa ultraderechista. El presidente aragonés defendió que este tipo de exámenes ya se venían realizando en situaciones de duda y confirmó que la intención de su gobierno es extenderlos “a todos los menores migrantes no acompañados que lleguen a Aragón” sin una acreditación documental ‘fiable’ de su edad.
El apoyo explícito del presidente aragonés ha servido para reforzar una medida que inicialmente había sido presentada por Vox, despejando las dudas sobre una posible discrepancia dentro del Ejecutivo aragonés.
Acusaciones de utilizar casos excepcionales
Las declaraciones de Nolasco provocaron una rápida reacción por parte del delegado del Gobierno del Estado español en Aragón, Fernando Beltrán, quien acusó al vicepresidente de convertir “situaciones excepcionales en una estrategia política permanente”.
Beltrán sostuvo que el sistema actual ya contempla mecanismos garantistas de determinación de edad bajo supervisión de la Fiscalía de Menores y recordó que, “cuando existen dudas razonables, las pruebas médicas correspondientes ya se realizan conforme a los protocolos vigentes”.
A juicio del delegado Beltrán, Nolasco estaría utilizando casos aislados para alimentar una narrativa política sobre la inmigración. “Está haciendo de la excepción la regla”, afirmó, al tiempo que calificó la comparecencia del vicepresidente como un ejercicio de “distracción y fuegos de artificio”.
Beltrán también reclamó transparencia sobre el alcance real de las pruebas, el número de casos detectados y el coste económico de su aplicación.
El debate sobre las pruebas de edad: un nuevo frente en la política migratoria aragonesa
La determinación de edad en menores migrantes constituye desde hace años una cuestión controvertida tanto desde el punto de vista jurídico como médico. Diversas organizaciones especializadas en infancia han advertido en numerosas ocasiones de los márgenes de error existentes en algunas pruebas de estimación ósea o forense, especialmente cuando se aplican a adolescentes procedentes de contextos geográficos y nutricionales diversos.
Al mismo tiempo, las administraciones públicas defienden la necesidad de contar con herramientas que permitan detectar posibles fraudes documentales y evitar que personas adultas accedan a recursos reservados a menores. El debate se ha reactivado en distintos países europeos. En Inglaterra, por ejemplo, el gobierno británico trabaja en sistemas de estimación de edad mediante reconocimiento facial e inteligencia artificial, una iniciativa que ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos por el riesgo de errores y vulneraciones de derechos de la infancia.
En Aragón, la discusión adquiere una dimensión política añadida debido a la posición mantenida por el ultraderechista Vox respecto a la acogida de menores migrantes y a los compromisos recogidos en el acuerdo de gobierno suscrito con el PP de Azcón.
La polémica evidencia la sumisión del PP a los discursos de odio de Vox, que acrecienta el simplismo para abordar la compleja cuestión migratoria en la agenda política aragonesa. Mientras el Ejecutivo aragonés defiende que la generalización de las pruebas permitirá combatir posibles irregularidades y garantizar una correcta gestión de los recursos públicos, desde la Delegación del Gobierno del Estado español en nuestro país se insiste en que ya existen procedimientos suficientes y en que no puede construirse una política pública a partir de casos aislados.
La ‘prioridad nacional’ contra los Derechos humanos
El enfrentamiento anticipa además nuevas tensiones institucionales entre el Gobierno de Aragón y la Administración estatal en torno a la gestión de los menores migrantes no acompañados, un ámbito en el que confluyen competencias de protección de la infancia, políticas migratorias y derechos fundamentales.
Por el momento, el Ejecutivo aragonés mantiene su intención de activar de forma sistemática los mecanismos de comprobación de edad como arma de confrontación social y política, y para dividir a la sociedad aragonesa entre quienes defienden la universalidad de los Derechos humanos y quienes hacen del populista ‘prioridad nacional’ el eje de sus políticas. Mientras, la oposición en las Cortes de Aragón y amplios sectores de la sociedad aragonesa cuestionan tanto la necesidad como las posibles consecuencias de una medida que afecta directamente a niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan solos y desamparados al territorio aragonés, y que poseen la misma dignidad humana que cualquier otro ser humano, sea aragonés o no.
