El Tribunal Supremo ha vuelto a rechazar una de las iniciativas judiciales emprendidas por el Gobierno de Aragón contra el sistema estatal de reparto de menores migrantes no acompañados, en un nuevo episodio del largo enfrentamiento que mantiene el ejecutivo de Jorge Azcón con el Ministerio de Juventud e Infancia en torno a la acogida y protección de niños, niñas y adolescentes llegados a territorio aragonés desde otros países.
La resolución judicial, conocida este mismo lunes, inadmite el recurso presentado por el Ejecutivo aragonés contra el supuesto silencio administrativo del Consejo de Ministros respecto a los criterios de aplicación de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, norma impulsada para garantizar “una distribución solidaria y vinculante” de menores migrantes. El Alto Tribunal concluye que Aragón “dirigió su impugnación contra una actuación que no es susceptible de recurso contencioso-administrativo”, por lo que acuerda la inadmisión del procedimiento.
Desde el Ministerio de Juventud e Infancia sostienen que los criterios utilizados para el reparto han sido públicos desde el inicio del proceso, al estar recogidos tanto en el Real Decreto-ley 2/2025 como en sus posteriores desarrollos normativos. Asimismo, recuerdan que dichas reglas fueron debatidas en las conferencias sectoriales convocadas con los territorios y que ninguno de ellos presentó propuestas alternativas durante esos encuentros.
Fuentes ministeriales consideran que este fallo supone un nuevo revés para la estrategia judicial del Gobierno aragonés. Según recuerdan, “se trataría ya de, al menos, el quinto pronunciamiento desfavorable” recibido por el Ejecutivo aragonés desde la aprobación del decreto que regula la acogida solidaria de menores migrantes no acompañados.
IU Aragón: “No era un problema legal, sino de voluntad política”
Tras conocerse la resolución, Izquierda Unida ha cargado duramente contra la DGA, a la que acusa de “intentar convertir un problema político y de gestión en una batalla jurídica” destinada a evitar asumir sus responsabilidades en materia de protección de la infancia.
La coordinadora general de IU Aragón y portavoz parlamentaria en las Cortes, Marta Abengochea, ha afirmado que la decisión del Supremo confirma que “ni era ni es un problema legal” y que los criterios de reparto “son claros”, por lo que el verdadero obstáculo sería la falta de voluntad política por parte de la coalición trumpista PP-Vox.
Abengochea reclama al Gobierno de Aragón que abandone “la confrontación institucional” y refuerce de manera urgente la red de protección de menores. La diputada sostiene que “las principales carencias no se encuentran en el marco jurídico, sino en la insuficiencia de recursos humanos y materiales”, así como en las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en los centros de protección.
Izquierda Unida defiende que el Ejecutivo aragonés “debe asumir su responsabilidad dentro de un sistema de acogida solidario y dotar de recursos suficientes a la red de protección de menores”.
La portavoz parlamentaria también ha criticado que el Gobierno aragonés opte por medidas que considera coyunturales en lugar de afrontar los problemas estructurales del sistema. En este sentido, ha cuestionado el reciente anuncio realizado por el consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, sobre la incorporación de seguridad privada en centros de menores tutelados. Según Abengochea, “no valen los parches populistas” y lo necesario es incrementar los recursos destinados a la atención de los y las menores y mejorar las condiciones de trabajo del personal que los atiende.
Una batalla judicial que continúa abierta
El nuevo pronunciamiento del Supremo llega apenas unos días después de que el Gobierno de Aragón anunciara varias resoluciones judiciales favorables en recursos relacionados con traslados concretos de menores migrantes desde otros territorios. En esos casos, distintos juzgados apreciaron falta de motivación en las resoluciones estatales que asignaban determinados menores a Aragón y exigieron una justificación más detallada de los criterios empleados. No obstante, las sentencias no son firmes y pueden ser recurridas.
Paralelamente, el Ejecutivo aragonés mantiene abierto ante el Tribunal Constitucional su recurso contra la reforma de la Ley de Extranjería aprobada por el Gobierno del Estado español, al considerar que “invade competencias autonómicas” y vulnera principios de autonomía institucional y financiera.
La controversia jurídica se desarrolla además en un contexto de creciente endurecimiento del discurso institucional sobre la inmigración y los menores extranjeros no acompañados. Desde la entrada de Vox en el Gobierno de Aragón, la formación ultraderechista ha asumido competencias relacionadas con la tutela y acogida de estos menores a través de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia.
Durante las últimas semanas, representantes del Ejecutivo aragonés, tanto de Vox como del PP, han vinculado demagógica y reiteradamente la llegada de menores migrantes con problemas de seguridad y han defendido medidas racistas como pruebas forenses para determinar la edad de algunos jóvenes o el refuerzo de la vigilancia en centros de acogida. Estas posiciones han sido criticadas por organizaciones sociales, entidades de defensa de los derechos humanos y grupos de la oposición, que alertan del riesgo de “estigmatización de la infancia migrante”.
Mientras tanto, el Gobierno central mantiene que el sistema de distribución responde a criterios objetivos y busca aliviar la saturación de territorios como Canarias o Ceuta “garantizando una acogida digna y corresponsable entre todas las comunidades autónomas”. La última resolución del Tribunal Supremo refuerza, por ahora, esa posición y supone un nuevo obstáculo para la estrategia judicial desplegada por el Ejecutivo de Jorge Azcón frente al modelo estatal de acogida.
