Este miércoles, Javier Carbó, portavoz de la Plataforma de Afectados de la calle San Francisco 21, y José Manuel Aspas, abogado de este colectivo, protagonizaron una rueda de prensa. El objetivo de la misma fue doble. Por un lado, informar sobre cómo perciben la demanda interpuesta por la comunidad de propietarios del número 19 frente a la del 21, así como su impacto en la cohesión del barrio. Por otro, responder a lo que consideran una "falta de neutralidad" por parte de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj. Ambas cuestiones parecen guardar una relación más que evidente.
"La comunidad de San Francisco 21 interpuso un recurso contencioso frente al municipio de Teruel por el expediente de responsabilidad patrimonial, que estaba desestimado por silencio", rememora el letrado de los vecinos y vecinas durante su comparecencia. "Este recurso lleva una tramitación un tanto pausada en el juzgado contencioso de Teruel y próximamente entrará en periodo de prueba, que es esencial, sobre todo por las declaraciones, ratificaciones y aclaraciones de los peritos de todas las partes", aclara. Recuerda que como demandantes figuran "la comunidad, propietarios e inquilinos", y como demandado el municipio. Además, como codemandados junto al Ayuntamiento, se han personado Mapfre —aseguradora municipal—, Aguas de Valencia —concesionaria municipal— y, por último, el Consorcio de Compensación de Seguros.
Aspas ha explicado que la decisión adoptada por los propietarios y propietarias de la comunidad de San Francisco 19 —edificio colindante declarado en ruina— de interponer una demanda civil contra los vecinos y vecinas del número 21 podría interferir, aumentando la maraña legal para dilucidar las responsabilidades sobre el derrumbe del edificio del número 21 de la calle San Francisco. El abogado cree que el ejercicio "de una acción de responsabilidad civil extracontractual por la situación de ruina de su edificio, ruina legal declarada por el municipio a consecuencia del derrumbe", puede interferir en el proceso judicial y, como derivada, ser utilizado también en el ámbito institucional y político.
En el ámbito jurídico, explica que "en el caso de que en sentencia firme fuese condenada la comunidad del 21 a abonar una indemnización de 1.350.000 euros a la comunidad del 19, si finalmente en el contencioso —ejercido por la comunidad del 19 frente al Ayuntamiento— fuese condenado el municipio en sentencia firme, en realidad esa indemnización recaería sobre las espaldas del municipio". Y añade que, en ese caso, "junto a los cuatro millones que se reclaman directamente, también se reclaman lo que puedan reclamar terceros" a la comunidad del 21. Es decir, que el Ayuntamiento de Teruel debería hacer frente a una indemnización de más de cinco millones de euros. A esto se podría sumar lo derivado de una posible tercera demanda por parte de la comunidad de propietarios de los números 23 y 25 de la misma calle.
En todo caso, el letrado ha dejado claro que considera que esta demanda "es una decisión legítima en defensa de sus derechos e intereses por parte de los propietarios del 19, así como la elección del momento en ejercerla".
"Declaraciones poco afortunadas"
Lo que sí ha soliviantado a las personas afectadas por el derrumbe y a su representación legal ha sido el uso de esta acción jurídica por parte de la alcaldesa Emma Buj. "Lo que ya no nos parece tan correcto han sido unas declaraciones que el pasado lunes, 11 de mayo, realizó la alcaldesa del municipio de Teruel tras la celebración de una junta de gobierno local", señala Aspas.
En esas declaraciones, explica el abogado, la alcaldesa "comentó la posibilidad de incluir como beneficiarios a los propietarios de San Francisco 19 en las subvenciones municipales presupuestadas, diciendo que era el momento de ello, aunque inicialmente se les excluía, porque habían precisamente ejercido su derecho a la demanda" contra los propietarios y propietarias del número 21.
"Nos parece que son unas declaraciones poco afortunadas", ha zanjado José Manuel Aspas, quien considera que "el municipio debe adoptar una posición neutral, no a favor de unos y en contra de otros, sin perjuicio, como reitero, de la legitimidad de la acción judicial emprendida por la comunidad del 19".
Percepción de presión o “chantaje”
En conversación con AraInfo, Javier Carbó también califica de desafortunadas las declaraciones de la alcaldesa por vincular la concesión de ayudas a que los afectados "ya han denunciado". El portavoz considera que las ayudas no deberían depender de acciones judiciales previas. A su juicio, esto evidencia una falta de neutralidad municipal y genera una percepción de presión o "chantaje".
Carbó explica que el Ayuntamiento planteó sustituir las ayudas al alquiler —vigentes durante casi tres años— por nuevas subvenciones de 30.000 euros este año y otros 30.000 el siguiente, con requisitos más flexibles. Denuncia que, en ese tránsito, vecinos del número 19 quedaron inicialmente fuera sin una justificación técnica clara que los diferenciara de los del edificio del 21. Tras críticas y reuniones, se habría anunciado estudiar su inclusión, aunque persistiría "el malestar" por la gestión y el mensaje político.
El portavoz ha querido reconocer la ayuda municipal mediante el pago de alquileres para los vecinos y vecinas afectados por el colapso del edificio, pero denuncia múltiples trabas para realizar pruebas periciales: demoras, documentación incompleta, falta de transparencia y dificultades para obtener planos de redes de agua y accesos. Afirma que esta actuación entorpeció el esclarecimiento de la causa del colapso y ha contribuido a la confrontación vecinal y a la denuncia del portal 19 contra su comunidad, desviando el foco de posibles responsables institucionales o técnicos.
Carbó califica de "tortura" todo el periplo judicial y administrativo al que han sido sometidas las personas afectadas por el derrumbe, un proceso que saben que se extenderá varios años más. En estos momentos faltan pocas semanas para que se cumpla el tercer aniversario del fatídico colapso.
Filtración de documentación
El letrado ha denunciado durante la rueda de prensa que se da la circunstancia de que la demanda contiene documentos que "solo están en posesión del municipio y de San Francisco 21 y, en su caso, del juzgado contencioso". Para Aspas queda claro que, si "no los ha proporcionado el juzgado y no los ha proporcionado San Francisco 21", solo queda la posibilidad de que los mismos hayan tenido que "partir o salir del municipio, cuestión que es difícil o imposible de probar, pero que se ha preguntado formalmente al municipio por escrito y por registro, porque podría haber una revelación indebida de secretos".
