El Ayuntamiento de Teruel envió este viernes, 19 de septiembre, un breve comunicado de prensa anunciando que Mapfre había emitido un informe "basado en las pruebas periciales" para determinar las causas del derrumbe del bloque residencial situado en el 21 de la calle San Francisco. Un informe que ha de ser entendido como "de parte", ya que Mapfre es la aseguradora del Ayuntamiento. Además se da la particularidad de que la compañía Aguas de Valencia SA, que gestiona ‘Aguas de Teruel’, comparte con el consistorio la misma aseguradora.
En la escueta comunicación, el equipo de gobierno de Emma Buj ha ofrecido un único extracto del informe. Este fragmento expone que “la principal causa del siniestro se debió a las precipitaciones registradas durante el mes de mayo y junio de 2023 y, como causa coadyuvante, la baja resistencia del hormigón de la estructura del edificio”. Acto seguido la nota afirma que dicho informe, recordemos que elaborado por la aseguradora del propio consistorio, concluye que "el Ayuntamiento no es responsable del siniestro". Hemos ahorrado al lector las mayúsculas en el ‘no’ de la nota ofrecida por el equipo de gobierno municipal, pero nos parece preciso mencionarlo para entender la actitud de esta administración local de cara a la asunción de responsabilidades.
Quizás lo más irónico es que el segundo párrafo del comunicado remitido, dice literalmente que "dado que el expediente se encuentra judicializado en los tribunales, por parte del Ayuntamiento no se va a realizar ningún tipo de declaración". Aunque en realidad la declaración ya está hecha, y va en la misma línea beligerante que comunicaciones anteriores de esta administración respecto a los intereses de los vecinos y las vecinas afectados por el derrumbe.
Afectados y afectadas piden información
Con algo de retranca, la ‘Plataforma de Afectados de la calle San Francisco’ dice, en una nota de prensa remitida a AraInfo, coincidir con el Ayuntamiento de Teruel en que "es el agua no recogida en las obsoletas infraestructuras municipales, la causa del hundimiento del edificio Amantes".
Las personas afectadas por el derrumbe del edificio de la calle San Francisco, número 21, denuncian la falta de acceso al informe técnico elaborado tras el siniestro y exigen al equipo de gobierno que "lo incorpore al expediente administrativo y lo facilite a las partes interesadas".
Recuerdan que "el Ayuntamiento tiene la obligación de entregar copia del documento a los afectados y de remitirlo al Juzgado si este lo solicita a instancia de parte". Y lamentan que “sin conocer el contenido del informe, sus argumentos y razonamientos, es imposible pronunciarnos
con fundamento”.
Según las informaciones conocidas hasta ahora, el factor determinante de la situación vivida en esta calle turolense, que afectó gravemente a otros inmuebles, habría sido el agua procedente de lluvias y escorrentías que no fueron recogidas por las infraestructuras municipales. Este elemento se perfila como la causa eficiente del derrumbe, lo que, a juicio de la plataforma, apunta a una responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Teruel por el funcionamiento anormal del servicio público de aguas.
El portavoz de la plataforma, Javier Carbó, insiste en que la transparencia es esencial para esclarecer los hechos y garantizar que se asuman las responsabilidades correspondientes. Continúa el tortuoso camino al que estas familias y las de otros edificios de la zona están siendo sometidas, tal y como evidenció nuestro especial ‘Dos años del derrumbe en Teruel’.
Indignación por las palabras de Juan Carlos Cruzado Punter
El concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Juan Carlos Cruzado Punter, este lunes intervino en un tertulia de la SER Teruel. Según relata la plataforma de afectados y afectadas, Cruzado habría reconocido la estrategia de dilación en la asunción de responsabilidades. En concreto la entidad señala que el edil espetó que el Ayuntamiento había "paralizado" la tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial por la "judicialización" producto de las reclamaciones de los vecinos y las vecinas del inmueble.
Además, según apunta habría manifestado en ese espacio radiofónico que "no va a entregar copia del informe pericial de la compañía aseguradora —Mapfre— a los vecinos reclamantes hasta que el Juzgado no lo ordene".
Para los afectados y las afectadas el reconocimiento de “paralización” (por suspensión) debe ser de facto, con un acto tácito. "Es una ilegalidad manifiesta, que raya la prevaricación, ya que priva del derecho al procedimiento a los ciudadanos interesados", han añadido en una segunda nota de prensa. En este mismo sentido han recordado que "el derecho fundamental de defensa exige que se facilite copia de los informes incorporados al expediente a todas las personas interesadas".
Esta misma mañana, el abogado de los vecinos, José Manuel Aspas y Aspas, ha solicitado al juzgado que requiera al Ayuntamiento de Teruel que "complete el expediente administrativo" remitido por esta administración local —275 documentos y 3617 páginas—, por "faltar, al menos, 401 documentos del expediente municipal, incoado de oficio, sobre, la averiguación de las causas del derrumbe del edificio el 13 de junio de 2023 —expediente igualmente “paralizado”—.
También ha solicitado al juzgado que requiera al consistorio la remisión de una copia del informe pericial de Mapfre. De la misma forma solicitan "los informes periciales de misma compañía, Mapfre, —con distintos peritos—, como aseguradora de la compañía mercantil ‘Aguas de Valencia’ y del ‘Instituto Técnico de Materiales y Construcciones’ (INTEMAC), entidad que interviene para su cliente, la Entidad pública empresarial estatal ‘Consorcio de Compensación de Seguros’, que "disponían del mismo plazo de cuatro meses —los vecinos dispusieron de 30 días, con una prórroga legal que solicitaron— para practicar las pruebas periciales anunciadas por ellos, es decir, hasta el 19 de septiembre", remarcan.
Carbó, portavoz de las familias afectadas, traslada la preocupación de los vecinos y de las vecinas de la calle San Francisco ante las declaraciones de Juan Carlos Cruzado Punter y concluye afirmando que "la ciudadanía turolense no merece la gestión del actual concejal de Infraestructuras".
