Zaragoza en Común (ZeC) ha exigido a la Delegación del Gobierno español en Aragón una investigación “urgente, exhaustiva e independiente” sobre las cargas policiales del pasado 22 de octubre en el campus de San Francisco de la Universidad de Zaragoza, durante las protestas contra la presencia del agitador ultraderechista Vito Quiles. La formación reclama esclarecer las decisiones adoptadas durante el dispositivo policial y depurar las posibles responsabilidades tanto de los agentes intervinientes como de sus mandos.
La portavoz de ZeC, Elena Tomás, y el concejal Suso Domínguez se han reunido este martes 27 de octubre con la delegada del Gobierno en Aragón, Elena Herrero, en la sede de la Delegación. El encuentro responde a la petición de reunión urgente presentada por Zaragoza en Común el pasado viernes, después de las cargas policiales que dejaron varias personas heridas y cinco detenidas, posteriormente puestas en libertad con cargos.
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Durante la reunión, ZeC ha trasladado su preocupación por las decisiones adoptadas antes, durante y después del dispositivo policial. En particular, reclama explicaciones sobre cómo pudieron acceder al campus seguidores de Vito Quiles pese a que la Universidad de Zaragoza no había autorizado el acto, por qué los antidisturbios cargaron contra quienes se manifestaban contra su presencia y por qué el agitador fue posteriormente escoltado por agentes policiales hasta la plaza de San Francisco.
“Se debe investigar porqué el agitador Vito Quiles fue escoltado y las personas concentradas apaleadas. Se debe aclarar por qué se actuó de esta manera”, ha señalado Elena Tomás.
Una investigación independiente y posibles expedientes disciplinarios
Zaragoza en Común considera que la actuación de las fuerzas de seguridad “debe ajustarse en todo momento a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad”. Por ello, sostiene que las denuncias sobre un posible uso desproporcionado de la fuerza deben investigarse de forma efectiva, rápida e independiente.
La formación ha solicitado formalmente que se abra una investigación interna para determinar las posibles responsabilidades de los agentes que participaron en las cargas y de la cadena de mando que diseñó, autorizó y supervisó el dispositivo. También reclama la apertura de expedientes disciplinarios si la investigación determina que procede.
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ZeC insiste en que la seguridad y el orden público no pueden utilizarse como justificación para limitar derechos fundamentales ni para amparar intervenciones policiales contrarias al principio de proporcionalidad.
Elena Tomás ha expresado además su preocupación ante las próximas movilizaciones sociales y la huelga general convocada para el 11 de noviembre, y ha reclamado garantías para evitar que se repitan actuaciones como las del 22 de octubre.
“Exigimos que se investigue lo ocurrido el 22 de octubre, que se depuren responsabilidades y que se tomen las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir”, ha reiterado la portavoz de Zaragoza en Común.
Las denuncias contra la represión policial y los procedimientos contra Vito Quiles
Las denuncias por la actuación policial también han llegado desde organizaciones sindicales, estudiantiles y políticas. CGT en Unizar acusa al Rectorado de “manifiesta equidistancia” y exige esclarecer quién autorizó la entrada de antidisturbios en el campus, además de reclamar acciones legales por las agresiones. Anticapitalistas Aragón y Abrir Brecha Zaragoza responsabilizan a Delegación del Gobierno y al Rectorado de la represión, exigen dimisiones y la derogación de la Ley Mordaza.
Contracorriente reclama responsabilidades políticas y penales y la retirada de los cargos contra las cinco personas detenidas. También CHA, el PCE, el PCTE y CJC en Aragón han condenado las cargas policiales, exigido explicaciones y vinculado la respuesta antifascista con la huelga general del 11N.
Mientras tanto, el lunes 26 de octubre se conoció que la Delegación del Gobierno había abierto un expediente sancionador a Vito Quiles por convocar sin comunicación previa una concentración en la plaza de San Francisco, adonde trasladó su convocatoria tras anunciar un acto universitario sin autorización.
Ese mismo día, el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid lo había declarado en rebeldía y ordenado su búsqueda y detención para notificarle la apertura de un juicio por un presunto delito de odio contra una mujer con discapacidad intelectual. La Fiscalía solicita para él dos años de prisión.
