La respuesta a las cargas policiales del pasado jueves 22 de octubre en la Universidad de Zaragoza en las protestas por la visita de Vito Quiles continúa sumando pronunciamientos de organizaciones sindicales y estudiantiles. La sección sindical de CGT en Unizar ha trasladado por registro a la rectora un comunicado en el que rechaza la utilización de los espacios universitarios por agitadores de ultraderecha y exige una posición institucional firme frente a los discursos de odio. Anticapitalistas Aragón y Abrir Brecha Zaragoza responsabilizan a Delegación del Gobierno y al Rectorado de la represión policial y reclaman dimisiones y la derogación de la Ley Mordaza. Por su parte, Contracorriente reclama responsabilidades políticas y penales por la actuación policial y la retirada de los cargos contra las cinco personas detenidas, que quedaron en libertad con cargos el viernes por la noche tras declarar ante el juez.
Las cuatro organizaciones se pronuncian después de una jornada en la que la movilización antifascista impidió que Vito Quiles celebrara el acto que había anunciado en el campus de San Francisco, para el que no contaba con autorización universitaria. La intervención de la Policía Nacional dejó al menos una docena de manifestantes que necesitaron asistencia médica, según pudo confirmar AraInfo, y cinco personas detenidas.
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CGT: “La pretensión de neutralidad no es suficiente”
La sección sindical de CGT en la Universidad de Zaragoza ha remitido al Rectorado un comunicado en el que manifiesta su “más rotundo y enérgico rechazo” a la celebración de actos protagonizados por agitadores de ultraderecha, como Vito Quiles, en los espacios del campus de San Francisco.
El sindicato defiende que la universidad pública debe ser un espacio de debate crítico, libre pensamiento, rigor científico, convivencia y defensa de la justicia social y los derechos humanos y laborales. En consecuencia, advierte de que no puede convertirse, “bajo ningún concepto ni pretexto de neutralidad institucional”, en un altavoz que legitime discursos de odio, desinformación, crispación y posiciones antidemocráticas.
CGT denuncia la utilización de instalaciones universitarias públicas para difundir propaganda reaccionaria y mensajes contrarios a los principios de igualdad, respeto y libertad. Asimismo, exige al Rectorado y a los equipos decanales que asuman sus responsabilidades y eviten que los espacios universitarios sean instrumentalizados por quienes, a juicio del sindicato, buscan la provocación y el fomento del odio.
“La pretensión de neutralidad no es suficiente: es necesaria una actuación consciente que bloquee los discursos ultraderechistas”, subraya la organización.
La sección sindical llama también al estudiantado, al personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) y al personal docente e investigador (PDI) a defender una universidad pública, crítica, diversa, antifascista y comprometida con los derechos sociales y laborales.
“Por una universidad pública libre de discursos de odio”, concluye el comunicado registrado ante la rectora.
CGT ya había expresado su rechazo a la anunciada presencia de Vito Quiles mediante un primer comunicado publicado el miércoles 21 de octubre, antes de los incidentes y las cargas policiales.
Anticapitalistas y Abrir Brecha exigen dimisiones: “Contra el fascismo no existe la neutralidad política”
Anticapitalistas Aragón y Abrir Brecha Zaragoza también han denunciado las cargas policiales del jueves 22 de octubre y exigido responsabilidades políticas a la Delegación del Gobierno español en Aragón y al Rectorado de la Universidad de Zaragoza. En un comunicado conjunto, ambas organizaciones reivindican el carácter pacífico de la movilización antifascista y su resultado: impedir que Vito Quiles celebrara el acto que había anunciado en el campus de San Francisco sin autorización universitaria.
Según remarcan, más de un millar de personas, entre estudiantes, profesorado, personal universitario y ciudadanía, participaron en una protesta “plural e intergeneracional” contra los discursos racistas, machistas, LGTBIQfóbicos y fascistas. Denuncian que la situación cambió cuando un grupo de neonazis se aproximó a la concentración, lanzó objetos y rompió el cordón policial, mientras los antidisturbios cargaron contra quienes se manifestaban contra la presencia del agitador ultraderechista.
Las organizaciones describen golpes policiales en caras y cuerpos, uso de gas pimienta y lanzamiento de pelotas de goma. También denuncian que posteriormente, en la plaza San Francisco, la Policía utilizó botes de humo que provocaron problemas respiratorios entre manifestantes. Frente a esta actuación, critican que Quiles pudiera abandonar la zona escoltado por agentes de la Policía Nacional.
Anticapitalistas y Abrir Brecha señalan directamente a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior por el despliegue policial. A su juicio, ambas instituciones disponían de capacidad para evitar las cargas y permitir que la protesta se desarrollara sin violencia policial.
Sus críticas alcanzan también a la rectora Rosa María Bolea, a quien responsabilizan de que Unizar solicitara la entrada de la Policía en el campus. Cuestionan además la posición institucional del Rectorado y denuncian que se intentara borrar rápidamente cualquier rastro de las agresiones en los alrededores de la Facultad.
Por todo ello, exigen la retirada de los cargos contra las cinco personas detenidas, la dimisión de la delegada del Gobierno en Aragón y de la rectora de Unizar, así como la derogación de la Ley Mordaza.
“Contra el fascismo no existe la neutralidad política. Contra el fascismo no hay neutralidad que valga”, concluyen Anticapitalistas Aragón y Abrir Brecha Zaragoza, que consideran responsables de la represión tanto a Delegación del Gobierno como al Rectorado.
Contracorriente exige la retirada de los cargos y responsabilidades políticas y penales
Por su parte, la organización estudiantil Contracorriente ha difundido un comunicado bajo el título “Ante la represión policial en Zaragoza: absolución para todos los detenidos. ¡Ya basta de reprimir y criminalizar a la juventud!”, en el que condena la actuación de la Policía Nacional durante la movilización antifascista del 22 de octubre.
La organización expresa su solidaridad con las personas heridas y detenidas, reclama la retirada de los cargos y exige que se depuren responsabilidades políticas por las cargas.
Contracorriente cifra en más de mil las personas jóvenes, estudiantes y trabajadoras que acudieron al campus para rechazar la presencia de Vito Quiles. Reivindica que la movilización convocada por la Coordinadora Antifascista de Zaragoza y las organizaciones estudiantiles logró impedir que el agitador utilizara la universidad pública como plataforma para sus discursos.
Según su relato, la intervención policial se produjo después de que un grupo de jóvenes que coreaba consignas fascistas intentara irrumpir en la concentración y lanzara objetos contra las personas movilizadas. La organización denuncia que la Policía desplegó un amplio operativo y terminó cargando y utilizando gas pimienta contra manifestantes, entre quienes, asegura, había menores de edad.
También acusa al dispositivo policial de proteger a quienes acudieron a provocar y de permitir que Quiles pronunciara un discurso en la plaza San Francisco, fuera del recinto universitario, antes de abandonar la zona escoltado por agentes.
Contracorriente rechaza expresamente las versiones que presentan lo ocurrido como un enfrentamiento entre dos grupos equivalentes. A su juicio, esa interpretación desdibuja el carácter antifascista de la movilización y oculta las responsabilidades de la actuación policial.
“Ninguna provocación ni incidente justifica una intervención de semejante violencia”, sostiene.
Dimisiones en Delegación, Interior y Rectorado
La organización estudiantil responsabiliza al Rectorado de la Universidad de Zaragoza y al Gobierno español del PSOE y Sumar del despliegue policial que rodeó la protesta. Denuncia que, desde horas antes de la concentración, el campus estuvo sometido a controles, registros e identificaciones de estudiantes.
Por ello, exige la dimisión de la persona titular de la Delegación del Gobierno en Aragón, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la rectora Rosa María Bolea y su equipo. También reclama responsabilidades políticas y penales a los mandos policiales que dirigieron el operativo.
“Una universidad pública no puede convertirse en un espacio militarizado donde se golpea a estudiantes por movilizarse contra la extrema derecha”, afirma Contracorriente.
La organización recuerda que las cinco personas detenidas afrontan acusaciones penales y advierte de que no quiere que se repita un caso como el de los conocidos como los “Seis de Zaragoza”. Reclama su absolución y la retirada de todos los cargos.
Una denuncia que trasciende Zaragoza y enlaza con la huelga general del 11N
Contracorriente sitúa los acontecimientos de Zaragoza dentro de un contexto más amplio de movilizaciones juveniles contra la ultraderecha y de actuaciones policiales en distintas ciudades.
En su comunicado menciona protestas en Barcelona, Iruñea y A Coruña, y denuncia detenciones de jóvenes durante las movilizaciones de Barcelona del pasado sábado. Según las cifras que aporta la organización, se produjeron 128 detenciones, 72 de ellas de menores de edad.
La formación estudiantil cuestiona que el Gobierno español se presente como garantía frente a la extrema derecha mientras, según denuncia, reprime a quienes se movilizan contra ella. También vincula estas protestas con las luchas estudiantiles y juveniles de Francia, Alemania, Portugal y Albania, entre otros territorios, contra la precariedad, el militarismo y las guerras.
“Ni las cargas, ni los gases, ni las amenazas de la extrema derecha van a detenernos”, advierte Contracorriente, que llama a reforzar la autoorganización estudiantil y su vinculación con las reivindicaciones de la clase trabajadora.
Finalmente, la organización emplaza a participar en la huelga general del próximo 11 de noviembre, que presenta como una oportunidad para unir las luchas por una vivienda digna, contra la precariedad y la represión policial, contra el racismo y en defensa de los servicios públicos, así como para rechazar el militarismo y los presupuestos de guerra.
