El edificio del número 72 de la calle Mayor de Zaragoza, el que recientemente la Gerencia de Urbanismo ha declarado en ruina inminente y se pretende demoler, acumulaba diferentes denuncias vecinales y ciudadanas, según se desprende del expediente al que Zaragoza en Común ha tenido acceso.
El edificio, catalogado de Interés Arquitectónico, que contiene los restos de la puerta de Valencia y de la muralla romana y está incluido en el entorno BIC de la Plaza de la Madalena, ya había sido objeto del expediente de este edificio en el que se constata la existencia de denuncias vecinales por su mal estado en abril de 2023. "Según el informe de inspección urbanística de ese mismo mes de mayo, el edificio se encontraba totalmente abandonado, acumulándose basura y desechos, y se instaba a la propiedad a la ejecución de labores de limpieza y cerramiento", ha detallado en rueda de prensa, Suso Domínguez, concejal de ZeC.
"Pese a ello, en febrero de 2024, superados los tres meses de plazo dado para acometer las medidas, la empresa propietaria solicita una prórroga de tres meses que fue concedida en marzo del 2024. El 19 de agosto, de nuevo habiendo superado el plazo de tres meses de la prórroga, se le requiere la presentación de la documentación de inicio de obra, sin recibir respuesta de la empresa. El 21 de enero de 2025, se incoa procedimiento sancionador por falta leve, 600 euros dado el incumplimiento de requerimiento. Y la empresa presenta alegaciones que no son respondidas por el servicio de Inspección Urbanística, por tanto, ni siquiera paga la sanción", ha añadido el edil.
Para Suso Domínguez, "lo más grave de este asunto es que en el momento de dictarse la sanción leve y no responder a las alegaciones, el Servicio de Inspección Urbanística era conocedor de otra denuncia de la empresa que estaba llevando a cabo las obras para construir viviendas en el edificio contiguo".
La queja se había remitido a Urbanismo del Gobierno de Aragón quién a su vez la remitió al Inspección Urbanística del Ayuntamiento el día 16 de diciembre sin que se llevase a cabo ninguna actuación por parte del servicio.
"Lamentablemente este es solo un ejemplo más de la inacción de la Gerencia de Urbanismo en el cuidado y protección del patrimonio de la ciudad, favoreciendo los intereses de los especuladores que compran inmuebles protegidos por patrimonio, sin conservarlos, dejando que se deterioren hasta que se declaran en ruina para así edificar a su antojo", ha declarado el concejal de ZeC.
En este sentido, Domínguez ha recordado que esta situación "viene repitiéndose" y que este mismo año "hemos visto en el edificio del solar del Conejo, en la calle Ramón Pignatelli y a solo unos metros en la calle Mayor 68-70, donde existe un edificio catalogado, actualmente sin tejado, que también ha sido denunciado por los vecinos por su falta de conservación desde hace varios años, como ha denunciado reiteradamente el vocal de ZeC en la Junta de Casco Histórico, sin exigir una sola intervención a los propietarios".
Necesidad de un peritaje especializado
Desde Zaragoza en Común denuncian la falta de estudios técnicos, ya que "ni siquiera constan fotografías que acompañan al informe de declaración de ruina inminente y la decisión de demoler un edificio protegido", cuyo derribo ya ha comenzado. ZeC exige de "manera urgente" un peritaje especializado en conservación de patrimonio, para "adoptar las medidas necesarias para la conservación de los edificios que aún quedan en pie de la Plaza de la Madalena", así como la "intervenciones necesarias" para "la conservación de los restos arquitectónicos, murallas, etcétera, encontradas en el solar donde se autorizó el derribo del edificio, para la construcción de viviendas de lujo".
Maltrato a las familias desalojadas
La formación también denuncia la falta de alternativas a las seis familias —doce personas adultas y ocho menores— desalojadas en el edificio contiguo como consecuencia de esta situación. "Se les dijo que el desalojo no iba a ir más allá del fin de semana, aunque paralelamente el gerente de Urbanismo declaraba a los medios de comunicación que las tareas de consolidación de su edificio se extenderían por al menos quince días tal y como ha sucedido. Ha habido una total falta de información y cuidado a los vecinos y vecinas afectadas", ha lamentado Suso Domínguez.
Zaragoza en Común señala cómo desde los Servicios Sociales Municipales "no se cuenta con los instrumentos ni recursos necesarios para dar respuesta a esta situación, más allá del Albergue Municipal, que en ese momento ni tan siquiera disponía de plazas suficientes para alojarlos". "Por ello y con la información de que serían solo unos días optaron por reubicarse en casas de familiares. Han pasado dos semanas, los vecinos y vecinas han expresado la falta de condiciones para alojarse en casas de familiares donde conviven hacinados y hay menores y personas mayores", incide Domínguez.
El concejal de Zaragoza en Común también denuncia que no se haya puesto en marcha el protocolo existente con Zaragoza Vivienda para alojar a estas familias cuando además existen viviendas vacías para poder hacerlo. "¿Cómo es posible que estemos pagando subsidiariamente los gastos del derribo que deberían ir a cargo de la empresa y este ayuntamiento no pueda hacerse cargo del alojamiento de seis familias?", ha preguntado Suso Domínguez.
Pero además, "tampoco se garantizó alojamiento a las personas sin hogar, más de trece que se refugiaban en el edificio del número 72 y que cuando acudieron al albergue les comunicaron que no había plazas". "No es de recibo que la cuarta ciudad de España, con un gobierno con el mayor presupuesto de la historia, desaloje un edificio y deje a las personas durmiendo en la calle", ha concluido Domínguez.
