El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado “el derroche de dinero público” y “la inutilidad del convenio anti ocupación” que puso en marcha el gobierno del PP en el 2021. Los datos de la memoria del Colegio Profesional de abogados y abogadas de Zaragoza (REICAZ) reflejan que “el coste para los vecinos y vecinas de Zaragoza de esta asistencia jurídica se elevan a 600 euros la hora, la mitad de las consultas duran menos de media hora y de las 404 atenciones en cuatro años, sólo en ocho de ellas se ha realizado un análisis de documentación”.
La formación municipalista ha tenido acceso a las memorias del convenio de "asistencia jurídica a particulares y comunidades de propietarios afectados por la ocupación ilegal de inmuebles", que el Ayuntamiento de Zaragoza viene firmando desde el año 2021, y que este año PP-Vox también han incluido en su presupuesto con una cuantía anual. “Ni las memorias, ni los distintos convenios están colgados en la página web tal y como exige la normativa de transparencia”, denuncia Zaragoza en Común para explicar que ha recibido la información “tras la solicitud al gobierno para tener acceso a estas memorias”.
En la información remitida se recoge que en estos cuatro años se atendieron 404 consultas: 191 en 2021, 73 en el año 2022, 54 en el año 2023 y 86 en el año 2024. “Estas cifras desmienten las afirmaciones alarmistas” del concejal de Urbanismo del equipo PP-Vox, Víctor Serrano, “que considera este un problema creciente”, ha afirmado el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez. El edil ha recordado que la ocupación ilegal supone el 0,06% en el Estado español. Y que, en concreto en Zaragoza “en pleno apogeo de campañas sobre ocupación, las consultas apenas superaron el medio centenar en 2023”. Ese año, “la hora de este servicio costó 1.050 euros”, recalca.
Además, la formación ha señalado que de las 404 consultas recibidas en estos cuatro años, casi un 37% han sido atenciones de menos de 15 minutos (149 de ellas). Más del 50% de las atenciones (207) han sido de menos de 30 minutos. Más del 80% de las atenciones han durado escasamente media hora. La mayoría de ellas se han hecho por teléfono, un poco más de un 15% por correo electrónico y ninguna presencial. “Desde el año 2021 hasta la actualidad, años en los que se ha mantenido el convenio con el colegio de abogados por un montante de 25.000 euros anuales, se han atendido consultas con un total de 10.935 minutos: 182 horas en cuatros años”, remarca ZeC.
“9,14 euros el minuto, casi 600 euros la hora”
Esto supone que estas consultas “que además no son presenciales, estarían costando a todos los vecinos y vecinas de Zaragoza 9,14 euros el minuto, casi 600 euros la hora, según la media de todo el servicio”, subrayan desde ZeC, que ha recordado que “un abogado en una consulta presencial en Zaragoza cuesta de media unos 50 ó 60 euros la hora”.
“Es demencial que estemos gastando casi 600 euros la hora en consultas en un problema de mínima incidencia como la ocupación y hayan eliminado otros recursos de vivienda como la Oficina de mediación hipotecaria y de alquiler o el Servicio especializado en materia de Vivienda con la Unión de Consumidores de Aragón en una situación de crisis habitacional como la que estamos viviendo”, ha criticado Domínguez.
Además, ha recordado que “cada vez que un edificio es declarado en ruina en la ciudad, las familias tienen que buscar su propio alojamiento, sin una alternativa habitacional por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, como ocurrió en San Pablo o recientemente en la Plaza de la Madalena”.
Por todo ello, Zaragoza en Común ha solicitado “no renovar este convenio que se ha demostrado un gasto inútil”.
