El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este jueves el presupuesto municipal con los votos favorables del Partido Popular y Vox. Las cuentas, que ascienden a 1.039 millones de euros, salen adelante tras un acuerdo cerrado la víspera que evita a la alcaldesa, Natalia Chueca, someterse a una moción de confianza y formaliza una nueva mayoría con la ultraderecha.
El pacto incluye la modificación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida que ya había sido muy cuestionada por organizaciones ecologistas por su mínimo alcance y ambición. Ahora será aún más limitada. Según ha explicado la alcaldesa, las sanciones solo se impondrán en episodios de contaminación, una medida que deberá concretarse mediante la reforma normativa correspondiente. El acuerdo también contempla la reducción de la estructura municipal, en línea con las exigencias planteadas por Vox durante la negociación.
El pleno extraordinario, convocado con un único punto en el orden del día, ha escenificado el entendimiento entre ambas formaciones tras semanas de escenificación de tensión pública.
Tras la votación, la alcaldesa Natalia Chueca ha endurecido su intervención contra PSOE y Zaragoza en Común y ha extendido sus críticas al Gobierno español. En su discurso ha vuelto a aludir a “ETA, independentistas y comunistas” al referirse al Ejecutivo de Pedro Sánchez. La intervención contrasta con el llamamiento del Gobierno municipal a “mirar lo que nos une y no lo que nos separa” durante el debate presupuestario.
Sin enmiendas de la oposición
La portavoz de Zaragoza en Común (ZeC), Elena Tomás, ha denunciado que el Gobierno municipal no ha aceptado “ni una sola enmienda” presentada por su grupo ni por el PSOE. Las únicas modificaciones incorporadas al presupuesto han sido las impulsadas por Vox.
Tomás ha calificado el acuerdo como “el pacto del humo”: “Humo en las calles, humo en el funcionamiento del Ayuntamiento y humo en lo que nos han vendido durante las últimas semanas”. A su juicio, PP y Vox “son capaces de cambiar de opinión solamente por los votos” y han actuado “para salvar los muebles”, sin explicar cómo afectarán las decisiones adoptadas a servicios como educación, bibliotecas, turismo o cultura.
Desde ZeC han anunciado que solicitarán el informe de asesoría jurídica al que ha hecho referencia la alcaldesa para justificar la modificación del régimen sancionador de la ZBE.
“Claudicación política” y “muleta de la ultraderecha”
El PSOE también ha cargado contra el acuerdo. Su portavoz, Lola Ranera, ha definido el pacto como “un nuevo episodio de claudicación política del PP ante la ultraderecha” y ha asegurado que la alcaldesa “no ha negociado; ha asumido el guion que le ha puesto delante Vox”.
Ranera ha criticado que se frene la ambición climática de la ciudad y que se presente como “eficiencia” el adelgazamiento de la administración municipal, lo que —ha advertido— puede traducirse en deterioro de los servicios públicos. Para el PSOE, normalizar la influencia de la extrema derecha en decisiones estratégicas como el presupuesto supone “una cesión política de primer nivel”.
El grupo socialista también solicitará conocer el informe jurídico “recién llegado” al que ha aludido el Gobierno municipal para justificar los cambios en la ZBE.
Desde Chunta Aragonesista en Zaragoza, su presidente Chuaquín Bernal ha ironizado en las redes sociales sobre el momento del acuerdo: “Una vez pasado el 8F ha acabado el teatrillo y se ponen de acuerdo. No se podía saber”. Para CHA, el entendimiento confirma que las discrepancias previas estaban condicionadas por el calendario político.
Contestación social y nueva movilización
La aprobación del presupuesto ha estado precedida por intervenciones en el pleno de la FAS, la Asociación Vecinal Actur–Puente Santiago y la Asociación El Cantero de Torrero, en nombre de la coordinadora Zaragoza No Se Vende.
“Nos roban los espacios públicos y venden y regalan la ciudad a quienes más tienen. Presenciamos esto desde hace demasiado tiempo y esto solo puede enfrentarse desde la movilización y la construcción colectiva”, han denunciado.
La coordinadora, que recientemente presentó su “Cuaderno de ciudad” como propuesta para un modelo alternativo frente a la mercantilización urbana, ha anunciado una manifestación el próximo 22 de marzo y ha advertido de que la respuesta social se mantendrá ante unas cuentas que, a su juicio, consolidan un modelo de ciudad alejado de las necesidades sociales.
Zaragoza como laboratorio de pruebas
El acuerdo presupuestario se produce en un contexto político marcado por las negociaciones en Madrid entre las direcciones estatales de PP y Vox para decidir el futuro político de Aragón. La capital aragonesa vuelve así a situarse como escenario de entendimiento entre ambas formaciones, en paralelo a los debates sobre mayorías y gobernabilidad en otros ámbitos.
