El recrecimiento del pantano de Yesa acumula ya más de dos décadas de retrasos, modificaciones técnicas, sobrecostes multimillonarios, advertencias geológicas, alertas de seguridad, desalojo de urbanizaciones y movilización social por el derecho a vivir dignamente. Una movilización que coincide en el tiempo con una de las primeras grandes coberturas de este Diario Libre d’Aragón, cuando vecinas y vecinos de Artieda sufrieron la represión violenta del Estado español por defender su tierra.
Lo que fue vendido por las administraciones como una gran infraestructura “estratégica” para el regadío y el abastecimiento de agua se ha transformado, con el paso de los años, en uno de los proyectos hidráulicos más cuestionados en Aragón. Asociaciones vecinales, entidades ecologistas, expertos independientes y plataformas como Río Aragón o Yesa+No llevan años denunciando que la obra representa un grave peligro para las poblaciones ribereñas y un pozo sin fondo económico sostenido con dinero público.
La historia de Yesa arrastra heridas mucho anteriores al actual recrecimiento. El embalse original, inaugurado en 1959, ya supuso el desplazamiento forzoso de centenares de personas y la desaparición de pueblos enteros como Tiermas, Ruesta o Escó. El nuevo proyecto, concebido en los años setenta y relanzado políticamente en los noventa al calor del Pacto del Agua, pretendía triplicar la capacidad del embalse y consolidar nuevos regadíos vinculados principalmente a Bardenas.
Sin embargo, desde sus inicios, el proyecto estuvo rodeado de contestación social y técnica. Miles de alegaciones denunciaron carencias en los estudios de impacto ambiental, riesgos geológicos y afecciones patrimoniales sobre el Camino de Santiago y la Canal de Berdún. Aun así, el recrecimiento fue declarado obra de “interés general” y adjudicado oficialmente en 2001 por unos 113 millones de euros y un plazo de ejecución de apenas cinco años.
Nada de aquello se cumplió
Con el paso de los años comenzaron a aparecer graves problemas de estabilidad en las laderas. Deslizamientos, grietas y movimientos del terreno obligaron a modificar continuamente el proyecto original. Las obras se fueron encareciendo mientras la fecha de finalización se alejaba cada vez más. Ya en 2013 y 2014 las plataformas ciudadanas alertaban de que el recrecimiento se estaba convirtiendo en “una bomba de relojería” construida sobre una zona geológicamente inestable.
Las advertencias no quedaron únicamente en el ámbito social. Informes técnicos y estudios posteriores confirmaron la complejidad geológica de las laderas del embalse, especialmente en la margen derecha. Las asociaciones denunciaron reiteradamente que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) minimizaba los riesgos y ocultaba información relevante sobre la seguridad de la presa.
Mientras tanto, el coste económico se disparó hasta niveles difíciles de justificar. El Tribunal de Cuentas llegó a señalar el proyecto como ejemplo de mala planificación y descontrol presupuestario. En 2018 ya se hablaba de más de 400 millones invertidos y de un retraso superior a doce años respecto a la previsión inicial.
La espiral de gasto continuó creciendo. En 2022 la CHE reconocía oficialmente que el presupuesto ya alcanzaba los 443 millones de euros, cuadruplicando prácticamente el coste inicial. Las plataformas contrarias al recrecimiento denunciaron entonces que el organismo hidráulico estaba ocultando partidas y maquillando el gasto real de una obra que consideraban técnicamente inviable.
Ese mismo año se conoció además que la propia CHE admitía que el embalse no podría llenarse completamente “sin futuras obras adicionales” por motivos de seguridad. La revelación reforzó las denuncias de quienes llevaban años sosteniendo que el recrecimiento nunca garantizaría la estabilidad de las laderas ni la seguridad de las poblaciones aguas abajo.
Las críticas no dejaron de crecer. La Asociación Río Aragón exigió investigaciones por la “ocultación de datos contables” y denunció un desfase económico “aberrante”. Paralelamente, colectivos sociales y fuerzas políticas reclamaron auditorías públicas y comisiones de investigación sobre una infraestructura que ya acumulaba cientos de millones de euros de dinero público sin fecha clara de finalización.
En 2022 y 2023 la CHE volvió a retrasar el horizonte de finalización de las obras hasta, al menos, 2027. Para las plataformas opositoras aquello suponía el reconocimiento implícito de un fracaso técnico y político. Desde Río Aragón insistieron entonces en que el recrecimiento “es imposible” y reclamaron abandonar definitivamente el proyecto antes de provocar una tragedia.
A la vez, nuevos informes y datos satelitales alimentaban todavía más la preocupación. Distintas voces técnicas alertaron de movimientos persistentes en las laderas y de la posibilidad de que fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes por la crisis climática, pudieran agravar la inestabilidad del terreno. Las denuncias sobre el peligro potencial de una DANA sobre una infraestructura ya debilitada intensificaron el debate social y político alrededor de Yesa.
La propia paralización temporal de las obras terminó confirmando que el proyecto seguía lejos de estar bajo control. Mientras la CHE defendía públicamente que el recrecimiento cumplía las exigencias de seguridad, las plataformas ciudadanas recordaban que ni siquiera después de más de veinte años y cientos de millones gastados se había conseguido estabilizar plenamente las laderas.
La lucha contra el recrecimiento de Yesa, ejemplo de resistencia para todo Aragón
En paralelo, la movilización social nunca desapareció. Bajo lemas como “Yesa No” o “Ni un metro más”, generaciones distintas de activistas, vecinas y colectivos ecologistas han mantenido viva la oposición al proyecto desde Aragón, y también desde Nafarroa. Las protestas se han sucedido durante décadas denunciando tanto el riesgo para la seguridad como el modelo hidráulico y territorial que representa el recrecimiento.
Más de veinte años después del inicio de las obras, el recrecimiento de Yesa sigue simbolizando una forma de hacer política hidráulica basada en el gigantismo, el sobrecoste permanente y la imposición territorial: el ejemplo sangrante del capitalismo extractivista. Lo que comenzó como una infraestructura anunciada para 2005 continúa en obras, rodeada de incertidumbre técnica, riesgo vital para poblaciones ribereñas y contestación social, mientras el coste público ya ronda los 500 millones de euros y las dudas sobre la seguridad jamás han desaparecido.
Pero la lucha contra el recrecimiento de Yesa trasciende incluso las cuestiones técnicas, económicas y de seguridad. Las aragonesas (no todas, las hay que aceptan indignamente las migajas del amo) llevamos a nuestra irreductible aldea en el corazón, y la pequeña Artieda se ha convertido en epicentro de un gigante símbolo de resistencia. Pues la identidad aragonesa no se entiende sin su constante lucha por la libertad, la justicia y la equidad.
Cuando el Pueblo aragonés se organiza no hay gigante energético, tecnológico, económico o político que le haga reblar en su anhelo de fraternidad universal. Artieda es la brújula del hilo rojo que nos conecta con nuestro pasado más digno y ético, y nos proyecta a un futuro de esperanza, aquí vivimos y aquí queremos vivir, en paz, y en solidaridad con el resto de Pueblos del planeta.
